La idea era convertirla en un museo, pero el problema radica en que la Constitución chilena prohíbe a las autoridades públicas hacer negocios con el Estado y un eventual sobreprecio.
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Luego de que al Gobierno informara que no perseverará en la idea de adquirir la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende y que actualmente parte de su propiedad está a nombre de la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exmandatario, las críticas no han cesado.
Dicha idea fue reforzada este sábado por el Presidente Gabriel Boric, quien dijo que "por darse, justamente, una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra, hasta que ese problema sea eventualmente solucionado, y si eso no está solucionado, no se puede hacer la compra, porque en Chile las instituciones funcionan".
El negocio entre el Gobierno y la familia de una ministra de Gobierno avanzaba por una cifra a pagar de $933 millones correspondientes al precio acordado entre las partes, una cifra superior a los cerca de $500 millones de la tasación fiscal del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia. La idea era convertirla en un museo, pero el problema radica en que la Constitución chilena prohíbe a las autoridades públicas hacer negocios con el Estado.
La compra generó duras críticas especialmente de Chile Vamos: parlamentarios denunciaron un posible conflicto de interés y anunciaron que recurrirían a la Contraloría General de la República para frenar la adquisición.
Tras conocerse la decisión del gobierno de detener la compra, y las palabras del Presidente, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores volvió a criticar al Gobierno.
"Intentar violar la Constitución para hacerse de recursos públicos, sin duda, es un aprovechamiento. Lo que trató de hacer el Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, hacia la compraventa de esta casa de Salvador Allende, propiedad de Maya Fernández, sin duda, era una compra ilegal que violaba a nuestra Constitución”, dijo.
En tal sentido, indicó que “si el ánimo era defraudar al fisco, enriquecerse, o simplemente pensar que ellos están por sobre la Constitución y las leyes, es algo que en el fuero interno tendrá que definir el Gobierno y sus ministros de Estado”.
Sobre las intenciones detrás de este negocio, Flores manifestó que “no nos corresponde a nosotros (definir) el ánimo con el cual ellos pretendían cometer esta ilegalidad. Lo importante es que los pillamos a tiempo y que finalmente se truncó el plan de compra de esta casa de Salvador Allende. Pero no porque ellos hayan decidido cumplir con la Constitución, sino que simplemente porque los pillamos”.
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