El Ministerio Secretaría General de Gobierno emitió un comunicado donde señalan que "somos respetuosos de las atribuciones de la Contraloría General de la República y como gobierno procederemos acorde a nuestras obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones".
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El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) anunció que iniciará un proceso disciplinario tras el dictamen de la Contraloría General de la República por la publicación en redes sociales donde se aseguraba que el Estado estaba en "quiebra".
A través de un comunicado, la Segegob señaló que "somos respetuosos de las atribuciones de la Contraloría General de la República y como gobierno procederemos acorde a nuestras obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones".
En la misma línea, la entidad gubernamental agregó que, "desde ese punto de vista, llevaremos adelante el proceso disciplinario instruido en su dictamen".
Por otro lado, las autoridades de la cartera destacaron positivamente la resolución, manifestando su aprecio por el hecho de "que se reafirme la facultad que tiene este Ministerio de comunicar a la ciudadanía, la delicada situación fiscal en la que nos encontramos, lo que procuraremos llevar a cabo considerando lo establecido por el ente contralor".
Respecto al polémico mensaje difundido en las plataformas digitales, el ente fiscalizador determinó en su análisis que el servicio "no pudo sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.
Asimismo, el documento oficial detalla que la propia Segegob admitió que el lenguaje utilizado no se ajustó a los criterios de moderación requeridos. Esta situación tenía el potencial de provocar confusión entre los ciudadanos, argumento que justificó la eliminación de dicho material.
Como consecuencia de estos hechos, el organismo de control exigió "adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles".
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