En cuanto al lenguaje plasmado en los mensajes virtuales, la entidad fiscalizadora fue categórica al advertir que el servicio fue incapaz de “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.
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Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) despachó un dictamen relacionado con la controversia del "estado en quiebra". El pronunciamiento del ente fiscalizador surge como respuesta a diversas denuncias ingresadas a fines de marzo, las cuales cuestionaban una seguidilla de mensajes difundidos mediante las plataformas digitales de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).
Al detallar su análisis jurídico, el organismo contralor precisó que la cartera cuenta con la facultad de utilizar las redes sociales para informar. Asimismo, validó que la cartera recurra a términos cotidianos con el fin de lograr una mayor o mejor comprensión ciudadana, aunque advirtió que esta práctica tiene que ceñirse a una serie de principios.
Sobre este punto, la resolución hace alusión a “lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas”.
En cuanto al lenguaje plasmado en los mensajes virtuales, la entidad fiscalizadora fue categórica al advertir que el servicio fue incapaz de “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.
Por otra parte, el oficio expone que el propio ministerio reconoció que las expresiones escogidas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos. Esta situación, que conllevó el riesgo de generar confusión en la ciudadanía, derivó finalmente en que el contenido fuera retirado.
Frente a este escenario, se ordenó la adopción de medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas. Paralelamente, se instruyó el inicio de un proceso disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, gestiones que tendrán que ser notificadas a la Contraloría dentro de un plazo de cinco días hábiles.
PURANOTICIA
