Un informe de parlamentarios argentinos, de carácter confidencial, sostiene que "todos los identificados participarán y ejecutarán operaciones de ciberinteligencia a favor de Gabriel Boric". Ministra Siches aseguró que "hasta la fecha, no hemos detectado ningún ilícito".
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Un oficio presentado por dos diputados argentinos para conocer información respecto a una presunta solicitud de la vicepresidenta Cristina Fernández al Gobierno de Venezuela para establecer en el país trasandino una base de ciberinteligencia, estaría salpicando al Gobierno del presidente Gabriel Boric, según los propios parlamentarios.
De forma paralela, Gerardo Milman y Cristian Ritondo, vicepresidente y presidente del bloque PRO, respectivamente, presentaron un proyecto de resolución ante el Congreso, el cual se elaboró en base a información entregada por fuentes del primero, quien fuera Secretario de Seguridad Interior en el Gobierno de Mauricio Macri.
En el primero, que tiene carácter de confidencial y fue enviado al Poder Ejecutivo del vecino país, sostendrían que "todos los identificados participarán y ejecutarán operaciones de ciberinteligencia a favor de Gabriel Boric (Chile)".
Según consignan en dicha solicitud, los dos parlamentarios exponen que la finalidad de la vicepresidenta Fernández es recopilar, procesar y organizar información política local e internacional, además de manipular información y producir contrainformación.
Estas acciones dicen relación con la controversia ocasionada en Argentina por el aterrizaje de un Boeing 747 Dreamliner (matrícula YV3531), un avión de carga operado por Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, y que en febrero fue transferido al país caribeño por la iraní Mahan Air. Cabe recordar que tanto Conviasa como Mahan Air están sancionadas por Estados Unidos por "trasladar a funcionarios corruptos" a Corea del Norte, Cuba e Irán.
La vinculación con Chile vuelve a reflotar pues Mahan Air transfirió este 2022 tres aviones a Venezuela: el ya mencionado YV3531, retenido en Buenos Aires; además del YV3535, transferido el 15 de junio; y el YV3533, transferido en marzo y que aterrizó el 22 de junio en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde estuvo tres horas. La tripulación de dicha aeronave, estaba compuesta por 17 personas, todas de nacionalidad venezolana.
Respecto al avión que aterrizó en Chile, reportes internacionales sostienen que es el mismo que utilizó Nicolás Maduro para volar a Irán. Además, los mismos reportes extranjeros aseguran que la aeronave llegó a Chile al menos cinco veces este año.
Producto de todo este escándalo en Argentina, Conviasa decidió suspender los vuelos Caracas-Buenos Aires entre los días 27 y 28 de junio; y Caracas-Santiago entre los días 29 y 30 de junio.
A raíz de esta situación, Puranoticia.cl contó que los diputados Andrés Jouannet (IND-PR) y Francisco Undurraga (Evópoli), miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara, solicitaron crear una Comisión Especial Investigadora para que se fiscalicen actos del Gobierno relacionados a las operaciones de la aerolínea estatal venezolana. A ellos se sumó el diputado Luis Sánchez (Republicano), quien envió una serie de oficios a diversas instituciones para que se le informe respecto de la polémica.
Frente a toda esta polémica, senadores de Renovación Nacional (RN) se reunieron con el fiscal nacional, Jorge Abbott, a quien le solicitaron que investigue el aterrizaje en Chile de este avión venezolano vinculado al terrorismo internacional.
En ese contexto, la senadora Paulina Núñez explicó que "hemos llegado hasta la Fiscalía Nacional para reunirnos con el fiscal nacional y entregarle una denuncia que hemos ingresado para que se puedan investigar los hechos que son de público conocimiento, no solo en nuestro país, sino también en la región, específicamente y con mayor realce en Paraguay y Argentina".
La legisladora por la región de Antofagasta sostuvo de igual forma que "en dichos países se han abierto investigaciones, los parlamentarios han ejercido su rol de investigación y ya se están investigando. Incluso el Presidente de Paraguay lo está catalogando como personas relacionadas con el terrorismo".
Como el tema ha ido escalando en magnitud, este martes fue la propia ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, quien se refirió al polémico vuelo que aterrizó en Chile el pasado 22 de junio.
Tras ser consultada sobre el tema en el palacio de La Moneda, la jefa de gabinete sostuvo que "tanto el Ministerio del Interior, como nuestras policías, han estado al tanto de estos vuelos desde el primer momento. Así nos han hecho llegar las distintas informaciones”.
También manifestó que como Gobierno, “entendemos la preocupación de los señores parlamentarios y nos hemos puesto en contacto con algunos de ellos para dar cuenta de la información. Vamos a entregar en las instancias que ellos han establecido toda la información que tenemos disponible".
Luego afirmó que "hasta la fecha no hemos detectado ningún ilícito”.
“Tanto la ANI como la Policía de Investigaciones han hecho los respectivos informes y han sido entregados al Ministerio del Interior, analizados en conjunto con nuestro subsecretario y a la fecha, no han existido antecedentes que nos hayan llamado la atención, pero obviamente vamos a entregar toda esta información al Parlamento”, añadió la Ministra del Interior.
Los diputados argentinos, Gerardo Milman y Cristian Ritondo, argumentan en su proyecto de resolución enviado al Congreso que "ya no es una escuela de vuelo con instructores iraníes, no es un fletero internacional de cigarrillos y autopartes; es, en apariencia, una acción de alimentar de equipamiento tecnológico a una base de operaciones de ciberinteligencia con agentes venezolanos, para operar en el Cono Sur y con el apoyo e interés de sectores del propio gobierno”.
Y en efecto, pues no sólo por Argentina y Chile pasaron los aviones venezolanos, ya que en Paraguay también habría aterrizado. De hecho, el presidente de aquel país, Mario Abdo Benítez, se refirió al tema asegurando que “gran parte de esa tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional”.
Junto a ello, entregó una declaración que llamó la atención en el país guaraní: "Uno se operó la cara, para cambiarse la cara, en Cuba. Imagínense, parece una película", señaló el Mandatario paraguayo a medios locales.
Además, indicó que "más cosas se van a saber en el tiempo. La inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para determinar la peligrosidad de este vuelo y desde que informó y alertó se pudieron hacer averiguaciones".
Volviendo al oficio de los parlamentarios argentinos, éste individualiza a tres ciudadanos venezolanos, dos de los cuales son Victoria Vanessa y José Miguel, tripulantes del avión venezolano-iraní de la aerolínea Emtrasur, filial de Conviasa, con matrícula YV3531, que fue detenido en el Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) por presuntos vínculos con terroristas en Irán.
Cabe hacer presente que de las 19 personas que conformaban la tripulación de dicho avión, 14 son venezolanos y 5 iraníes, todos investigados por nexos con terroristas. Además, los parlamentarios Milman y Rotondo sostienen que hay coincidencias extrañas en los pasaportes de las personas que viajaban en el avión.
"Se puede identificar la coincidencia del nombre de pila y de 7 de los 9 números del documento N° de Pasaporte 161678674, perteneciente a la ciudadana venezolana Malvidiezo Marval, Victoria (sic) con la supuesta agente Victoria Vanessa, Pasaporte N° 161678667", señalan en el informe.
Junto a ello, los militantes del bloque PRO pidieron que el Gobierno les aclare con qué profesión se identificaron los dos tripulantes mencionados al momento de hacer ingreso a territorio argentino, además de saber cuántas veces estuvieron antes en dicho país, sus fechas de ingreso y egreso, además de los respectivos domicilios de residencia temporaria.
De igual forma, piden informes respecto a "si estos dos ciudadanos venezolanos identificados en la lista confeccionada por Migraciones, serían en realidad agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuya especialidad serían las actividades vinculadas a la ciberinteligencia”.
"La gravedad de este asunto de alcance internacional necesita que el gobierno hable, ya no calle ni intente ocultar su responsabilidad directa. Los argentinos necesitamos que al menos una vez en su mandato el presidente Fernández y la vicepresidente Kirchner hablen con la verdad y se hagan cargo de sus actos”, concluyen.
PURANOTICIA
