El titular de la cartera de Interior se refirió a las advertencias de la oposición de tomar “acciones constitucionales” en su contra por no abrir un sumario contra Francisca Moya, cundo era su jefe directo en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
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El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este miércoles a las advertencias de la oposición de tomar “acciones constitucionales” en su contra por no abrir un sumario contra Francisca Moya, cundo era su jefe directo en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Al respecto, el secretario de Estado si bien precisó que no hace “supuestos sobre lo que no ha acontecido”, sostuvo que la herramienta de la acusación constitucional “tiene que hacerse sobre la base de fundamentos que establece la propia Constitución”, asegurando que en este caso “no es así”.
Moya es la jefa jurídica de la Segpres, y los reproches en su contra apuntan a que la abogada reconoció que “conocía la norma” de inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, que les impedía suscribir contratos con el Estado, esto en el marco de la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Es por ello por lo que desde la oposición solicitan su destitución del cargo.
El diputado Andrés Longton, además de evaluar la acusación constitucional, aseguró que presentarán antecedentes a Contraloría “para que pueda determinar si es que la jefa jurídica cumplió con sus obligaciones legales, que es evidentemente que no lo hizo, y para que, además, determine un sumario dentro del Ministerio de Segpres, cosa que no hizo el ministro Elizalde debiendo haberlo hecho”.
Respecto al rol de Moya en la compra de la casa del expresidente Allende, Álvaro Elizalde señaló que respondió preguntas en la comisión investigadora en el Congreso. “Explicamos dónde estaba radicado el proceso y lo que le correspondió a la división jurídica legislativa y ese tema quedó más que claro en la comisión investigadora”, aseveró.
Además, indicó que, “en lo que respecta al decreto firmado por el Presidente de la República, la propia controladora general de la República dijo que era conforme a derecho y conforme a la constitución y tanto es así que se tomó razón del mismo”.
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