Las bancadas de derecha señalaron si el Gobierno decide mantener a Francisca Moya iniciarían el estudio del líbelo en contra del actual titular del Interior y ex Segpres, por no hacer valer las responsabilidades de una subalterna.
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En la oposición advirtieron que podrían presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, si el Gobierno decide mantener en el cargo a Francisca Moya (Frente Amplio), jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Varios parlamentarios cuestionaron a la funcionaria por no advertir la inhabilidad que existía para comprar la casa del expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia.
El día lunes, en el Congreso, Moya admitió que conocía la norma de la inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, al revisar el decreto de la norma. Sin embargo, no realizó una advertencia porque esto no sería parte de sus competencias.
En ese marco, el actual titular de la cartera de Interior, quien ocupaba el cargo de ministro de la Secretaría General de la Presidencia cuando se llevó a cabo el proceso de compraventa, respaldó el trabajo de la abogada pese a las críticas de su partido, el PS: "Ha desarrollado un trabajo extraordinario, precisamente en el marco de las competencias que tiene el ministerio".
Ante esto, desde la oposición advirtieron que si el Gobierno decide mantener a Moya en su cargo, iniciarían el estudio de una acusación constitucional en contra de Elizalde, por no hacer valer las responsabilidades de una subalterna, según consigna La Tercera.
El diputado Andrés Longton (RN) indicó que no descartaban el libelo “en razón de la patética defensa de la jefa de la división jurídica de Segpres, que hasta la fecha no ha sido cesada en su cargo, probablemente por la cercanía, amistad, o probablemente porque sabe la verdad. Y eso tiene que ver con que posiblemente informó al Presidente de la República y al ministro en ese momento de Segpres, el señor Elizalde. Por eso hoy día el presidente es incapaz de tomar una decisión de sentido común”.
El parlamentario agregó que por mientras “vamos a presentar a la Contraloría para que pueda determinar si es que la jefa jurídica cumplió con sus obligaciones legales, que evidentemente que no lo hizo, y que además determine un sumario dentro de la Segpres, cosa que no hizo el ministro Elizalde debiendo haberlo hecho".
Longton expuso que "en razón de eso se van a determinar responsabilidades políticas importantes que pueden caer no solamente en el ministro Elizalde, sino que también en el Presidente de la República. El ministro Elizalde, que ahora es ministro del Interior, al parecer sigue sin cumplir con sus obligaciones”.
Por su parte, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que “a esta altura, resulta imposible sostener que la abogada Moya, estrecha colaboradora y cercana amiga del Presidente de la República, no le haya advertido al Presidente la grave inconstitucionalidad de la que estábamos hablando. Todo parece ser parte de un mecanismo a través del cual Francisca Moya se inculpa... parece entenderse como una forma de proteger al propio Presidente”.
Y de las advertencias de una acusación constitucional en su contra se refirió el ministro Álvaro Elizalde, indicando que esta “tiene que hacerse sobre la base de fundamentos que establece la propia Constitución”, lo que a su juicio, no se cumple en este caso.
PURANOTICIA
