El psiquiatra fue aprehendido en un lugar distinto a su domicilio y posteriormente, trasladado hasta su vivienda en Ñuñoa.
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La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes al psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura e investigado en el marco del caso Convenios, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachara la orden de detención en su contra.
El profesional fue aprehendido en un lugar distinto a su domicilio y posteriormente, trasladado hasta su vivienda en Ñuñoa, la cual, según se presume, está siendo inspeccionada por los funcionarios.
A su llegada a la vivienda, Larraín señaló brevemente que "llevamos dos años y medio en este proceso, en que no se ha podido esclarecer la situación, y siempre hemos estado a disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos ayudar, bienvenido sea".
"La detención es parte del proceso normal, y hay que hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar", agregó antes de ingresar a su casa junto a personal de la PDI.
El convenio con ProCultura implicó transferencias por más de $1.600 millones, y los investigadores sostienen que fue acelerado artificialmente gracias a gestiones del gobernador metropolitano, Claudio Orrego.
El mismo juzgado también despachó órdenes de captura para María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado, tras la decisión del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien dirige la investigación junto a un equipo de la PDI.
La Fiscalía ha puesto el foco en los vínculos previos entre Claudio Orrego y Larraín, así como en las relaciones con Abusleme y Magdaleno.
“El análisis institucional del proyecto ‘Quédate’ y sus principales actores no puede comprenderse sin atender a los vínculos previos, tanto de carácter formal e informal existentes entre Claudio Orrego, Alberto Larraín, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme”, sostuvo el Ministerio Público al solicitar el desafuero del gobernador.
En esa petición, los fiscales afirmaron que la autoridad metropolitana “abusó de su cargo de gobernador regional Metropolitano y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su función y con infracción grave de los deberes del mismo”.
A juicio de la fiscalía, los recursos se asignaron sin criterios objetivos: “Se procedió a una asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública”.
El convenio con ProCultura implicó transferencias por más de $1.600 millones, y los investigadores sostienen que fue acelerado artificialmente gracias a gestiones de Orrego.
Conversaciones entre imputadas como Abusleme y Magdaleno refuerzan esa tesis, al señalar que el gobernador incluso habría llamado a autoridades para apurar el proceso.
PURANOTICIA
