Juan Carlos Manríquez también se refirió a la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por posible vulneración a los derechos de la presidenta de la Cámara de Diputados.
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Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de la diputada Karol Cariola, abordó el allanamiento realizado en el domicilio de la parlamentaria para incautar dispositivos electrónicos en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en la compra de la ex Clínica Sierra Bella, mientras la legisladora daba a luz a su primer hijo.
En entrevista con radio ADN, se refirió a la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por posible vulneración a los derechos de Cariola.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una entrada a la aplicación del sistema interamericano de resguardo de derechos fundamentales, conforme a la carta del pacto internacional, establece una serie de directivas, criterios y, a su vez, recomendaciones a los estados, uno de los cuales es el trato determinado que debe dar el Estado, más que un gobierno o sus órganos, el Estado, a determinadas personas en situación vulnerables”, explicó.
Argumentó que Chile ha dictado leyes alineadas con esas directrices, las cuales son parte del derecho interno vigente: “Una de ellas son en favor de las mujeres parturientas y efectivamente las mujeres gestantes. Chile ha dictado dos leyes conforme a esas directivas, que son derecho interno vigente”.
“Se supone que el Estado debe adecuarse a esas convenciones internacionales, lo dice además la Constitución en su inciso segundo del artículo quinto, y toda actuación que restringe o afecta derechos de diversidad, en este caso, particularmente la dignidad de una persona y la de un ser menor que estaba recién nacido, deben restringir las facultades intrusivas y elegirse mejores momentos más pertinentes y más oportunos, sobre todo porque existen otros medios practicables para haber asegurado, por ejemplo, el acceso a ese teléfono u otro registro electrónico, que la ley también contempla”, detalló Manríquez.
“Por eso solicitamos que se evalúe la eventual violación a la Convención Americana y al Pacto Internacional, y, a su vez, el interés superior de un menor recién nacido, para que allí eventualmente, conjuntamente con las otras acciones emprendidas, como la denuncia ante el señor director de la Policía Civil se adopten las medidas que obliguen incluso a sancionar, si es el caso, el desapego a la regla interna de la Policía de Investigaciones”, agregó el abogado.
El abogado agregó que se busca una posible sanción al Estado y la devolución de los elementos incautados. “Todo eso está solicitado al Tribunal de Garantía respectivo. Nosotros hemos fundamentado y esperamos que se debata prontamente el por qué un informe policial incompleto, inexacto, que confunde situaciones, personas, hechos, que dejó fuera elementos fundamentales, que, de otra manera, el Tribunal, de haberlos conocido, no habría dado lugar a esa medida”.
El abogado defensor de Karol Cariola sostuvo que parte de la información relevante habría sido omitida en el informe policial: “Por ejemplo, que se trataba de dos personas, no una sola, y que, respecto de ciertas ofertas de terceros, la diputada Cariola los había reprobado y repetido expresamente. Y esos mensajes se dejaron fuera para generar una persuasión errónea”.
“Lo segundo es que, en el sistema internacional, Chile tiene compromisos sobre los cuales hay obligaciones de no regresión y no repetición. Ninguna persona puede ser sometida a ese tipo de procedimientos, sobre todo cuando se sabía perfectamente, y los policías han dicho que reportaron a la Fiscalía la situación en la que se encontraba, y, aun así, les ordenaron llevar adelante la diligencia en esa circunstancia”, continuó.
Respecto a la denuncia hecha por el diputado y pareja de Cariola, Tomás de Rementería, en el sentido de que la PDI se hizo presente en el hospital de la Universidad de Chile para incautar el celular de la diputada mientras daba a luz, el abogado relató que “le dicen: si nosotros tenemos apostado un equipo en la casa, donde estaba la abuela con otros menores, y aquí afuera, desde hace un día. Si usted quiere escándalo, lo va a tener”.
“El informe policial es incompleto, erróneo y tiene afirmaciones que no son reales, y que dejó afuera información relevante, y que la fiscalía no lo controló, y que, tal como vino, lo copió, y con eso pidió la orden de entrada, registro e incautación. Quien ha entregado información incompleta, errónea y que induce a error no es la prensa, es el informe policial, para que quede claro”, denunció el abogado.
Respecto a la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado declaró en radio Cooperativa que "cualquier tribunal podría calificarlo de violencia obstétrica", ya que, "hay convenciones internacionales, tanto respecto al niño y la mujer, dos leyes que impiden la violencia obstétrica, que no es solo durante el tratamiento, parto y los actos posteriores. Esto es muy grave".
Sostuvo que hasta el momento "no hemos visto que el Estado quiera abordar" la situación de Cariola y esperan que sumarios internos aclaren la situación, con el fin de que la CIDH tome alguna decisión.
PURANOTICIA
