Emilia Ríos presentó una denuncia en contra de todos quienes resulten responsables por una eventual malversación de caudales públicos y fraude al Fisco durante la administración del ex alcalde Andrés Zarhi.
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Indemnizaciones a todo evento y una eventual acumulación fraudulenta de vacaciones proporcionales para obtener pagos indebidos, son solo algunas de las irregularidades advertidas por una auditoría externa encargada por la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, a la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS).
Con esos antecedentes, la autoridad que asumió a fines de julio, llegó hasta la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para presentar una denuncia en contra de todos quienes resulten responsables por una eventual malversación de caudales públicos y fraude al Fisco durante la administración del ex alcalde Andrés Zarhi.
En el escrito de 16 páginas presentado ante la fiscal Constanza Encina, se analizaron los contratos de José Palma Vega, ex secretario general de la CMDS; Ludwig Bornand, ex director jurídico; Roberto Stern, ex director de Salud y Ximena Vivanco, ex directora de Educación.
En el caso de Palma, se detalla que fue designado en el cargo el 15 de mayo de 2019 y que se le otorgaron plenos poderes de administración de esta corporación, encargada de gestionar la red municipal de salud y educación.
En su cargo, Palma modificó su propio contrato en calidad de secretario general y trabajador en tres oportunidades: una el 1 de diciembre de 2019, cuando aumentó su remuneración bruta de $6.8 millones a $7.1 millones; otra el 1 de diciembre de 2020, cuando volvió a subir su salario a $7.3 millones y el 18 de mayo de 2020, ocasión en que se declaró beneficiario del pago de una indemnización a todo evento, equivalente a ocho remuneraciones sin tope y para cualquier causal.
Antes del término de la administración de Zarhi, Palma procedió a auto despedirse por la causal “necesidades de la empresa” y suscribió un finiquito por $44 millones que considera el pago de un “feriado proporcional” correspondiente a vacaciones por 108 días.
El caso del ex asesor jurídico, Ludwig Bornand, no es muy distinto al de Palma, según se indicó en la denuncia. El abogado fue contratado el 24 de abril de 2019, con un sueldo líquido de $4.1 millones y tras su despido firmó un finiquito por $20 millones.
En tanto, el ex director de Salud municipal, Roberto Stern, firmó en julio de 2020, un finiquito con la CMDS por $180 millones, dando así por terminado su contrato, vigente desde mayo de 1989. Sin embargo, el médico siguió trabajando en el municipio y en junio de 2021 suscribió un nuevo finiquito por $51 millones, monto que incluye 165 días de feriado proporcional.
Respecto de la ex directora de Educación municipal, Ximena Vivanco, ocurrió lo mismo que con sus pares: suscribió un contrato con la corporación en agosto de 2019 y posteriormente firmó el beneficio de indemnizaciones a todo evento, equivalente a seis remuneraciones. Por poco más de dos años en el cargo, terminó con un finiquito por $20 millones.
La denuncia también expone antecedentes respecto del contrato de la ex directora de la Corporación Cultural de Ñuñoa, Verónica Farfán, quien suscribió contrato con esta entidad como directora gerente, por una remuneración de $3.5 millones y con una cláusula de indemnización a todo evento equivalente a seis remuneraciones brutas, sin tope alguno y adicional a la indemnización legal.
Este beneficio fue mejorado en enero de 2019, subiendo de seis a ocho meses la indemnización a todo evento, sin tope legal. Todo esto sin acuerdo del directorio de esta Corporación, según consta en sus actas.
“Esto es la punta del iceberg porque, además, estamos haciendo un proceso de auditoría y nos hemos encontrado con varias señales de alerta sobre manejos muy cuestionables de dineros, falta de rendición de cuentas, falta de auditorías anuales, entonces creemos que esto es un comienzo”, señaló la alcaldesa Emilia Ríos detallando que en total, el pago de estas indemnizaciones suma cerca de $492 millones.
PURANOTICIA
