Luego de que se fuera retirada la acreditación de la Joint Comission International el pasado 17 de enero, fueron ingresadas cinco querellas contra el recinto sanitario en la Fiscalía Oriente.
visitas
Sumando la salida de cientos de médicos, la pérdida de un importante calificación internacional, querellas de parte de doctores, sueldos impagos entre otros problemas representan la base de la crisis que la Clínica Las Condes (CLC) atraviesa actualmente.
De acuerdo a información de Radio PAUTA, el viernes recién pasado renunció al plantel de la clínica el doctor Cristián Salas, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Vascular y Endovascular, sumándose así a los más de 320 médicos que han salido del establecimiento desde que los nuevos controladores se hicieron cargo de ella, en 2019.
Al asumir la dirección Alejandro Gil, pareja de Cecilia Karlezi, principal controladora de la clínica, todo cambió con la llegada de esta dirección. A eso se sumó la llegada de Rodrigo Mardones como director médico de la clínica. Él había sido despedido por el comité de ética, pero Gil lo trajo de regreso. No por nada desde julio de 2020 empezaron a despedir médicos o muchos decidieron renunciar.
El doctor Salas indicó que "han acontecido una serie de eventos desde la nueva administración, que han afectado la capacidad de hacer una buena medicina en la clínica y eso ha influido en la salida de cientos de médicos, muchos desvinculados sin razón y otros que libremente se fueron".
En su área había 6 cirujanos vasculares, "todos formados, acreditados, todos miembros de la sociedad chilena de cirugía vascular. Hoy no hay ningún cirujano vascular en la clínica Las Condes, y que sea miembro de la sociedad chilena de cirugía vascular. (...) Como grupo decidimos que no valía la pena trabajar en la clínica, en términos éticos, personales, económicos".
Actualmente, hay un solo cirujano para hacer transplantes, todas las radiólogas de mamas renunciaron, no hay personal en las ecografías mamarias, ginecología infantil, ni tampoco en siquiatría infantil.
Además, en medio de esta crisis, desde la clínica se han estado llenando con médicos argentinos sin título convalidado en algunas especialidades, gracias a la normativa que hoy opera en Chile que permite a extranjeros trabajar sin tener el título.
De acuerdo a la Superintendencia de Salud, y según el análisis realizado por Radio PAUTA, efectivamente hay médicos argentinos que trabajan en la CLC con un título validado por el Ministerio de Educación, pero no tienen título revalidado acá.
Los cambios de altos ejecutivos en la clínica han sido sucesivos. Desde noviembre de 2019, cuando Karlezi tomó el control de la clínica, han habido ya cinco gerentes generales, siendo el último Ignacio Tapia, que asumió en julio del año pasado. Solo en 2022 ingresaron nuevos gerentes de finanzas, de operaciones clínicas, de infraestructura interna, de tecnología y el contralor.
Una de las modificaciones más inhabilitantes tiene que ver con la ficha clínica. Se encuentra bloqueada y solo el médico puede acceder a ella cuando el paciente está presente y ya pagó por la consulta. Los pacientes oncológicos, por ejemplo, si piden informes, pero el paciente no está presente y no paga la consulta, no puede tener acceso a ella.
Por otro lado, existe una imposibilidad de bloquear agenda: los pacientes son citados a su hora, aunque el médico no esté y deba reasignarse.
"Han echado a gente buena porque se cuestionaban las cosas que se hacían", manifestaron doctores que optaron por renunciar.
"Si alguno se quejaba, te llamaban la atención para que te callaras... Estás haciendo mucho ruido…las quejas mándalas internamente", fueron comentarios recurrentes al respecto. "Si él sospecha que lo traicionaste, te vas", afirmó el anestesista cardiovascular Rodrigo Díaz, quien trabajó 22 años en el recinto y presentó una demanda civil, por más de $100 millones adeudados, repitiéndose el patrón con muchos médicos.
Otros conflictos abiertos es el de los doctores Javier del Río Alonso y Joaquín Lara Giménez, quienes se querellaron contra el centro asistencial por no pago de honorarios, lo que hizo que la Policía de Investigaciones allanara la clínica para buscar información.
Patricio Fernández, abogado y ex superintendente de Salud, se encuentra representando actualmente a ambos doctores y a siete más, once en total. Para Fernández, su objetivo es recurrir a la vía penal para visibilizar estos ilícitos que están ocurriendo en la administración, "porque finalmente los médicos entregan un mandato en el contrato para cobro de sus honorarios, no es dinero que se vaya a la clínica y hay deudas impagas desde el 2020".
Actualmente, hay cinco querellas ingresadas y más médicos que se sumarán. Las denuncias abarcaran desde apropiación indebida, administración desleal hasta eventuales delitos personales de los ejecutivos y gerentes.
PURANOTICIA
