Casa edilicia porteña aseguró que "entregaremos todos los antecedentes que sean necesarios" para esclarecer la solicitud realizada por el diputado Andrés Celis a Contraloría, en torno a la ordenanza «Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente» aprobada el 2021.
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"El proceso constituyente se encuentra vinculado a la decisión de asuntos que importan a la sociedad civil en su conjunto, por lo que los posibles canales de participación popular para la definición de un nuevo orden constitucional no se condice con las funciones y atribuciones otorgadas a los gobiernos locales". Con estas palabras, la Corte Suprema declaraba ilegal la Ordenanza «Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente», elaborada y aprobada por el Concejo Municipal de Valparaíso.
El fallo, pronunciado el pasado 11 de mayo por el máximo tribunal, acoge el recurso de casación interpuesto por el abogado Rodrigo Díaz Yubero contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Valparaíso que, en su momento, desestimó el reclamo de ilegalidad contra el Decreto Alcaldicio N° 2.023/2021 de esta ordenanza aprobada por el órgano edilicio el pasado 29 de julio de 2021.
"El acto administrativo emitido por la referida entidad edilicia es ilegal, pues excede sus competencias constitucionales y legales, vinculadas a la satisfacción de las necesidades de la comunidad local, dado que interfiere en un asunto de alcance nacional como lo es el proceso constituyente", subraya la sentencia del máximo tribunal.
Tras conocer la resolución de la Corte Suprema, el mismo abogado Rodrigo Díaz Yubero, en compañía del diputado Andrés Celis Montt (RN), llegaron a la Contraloría Regional de Valparaíso para ponerla en antecedentes de la ordenanza declarada "ilegal" y, a su vez, solicitarle que dé inicio a una auditoría y un juicio de cuentas por el "despilfarro" que significó para las arcas financieras de la casa edilicia su aprobación.
El profesional explicó que "lo que venimos a pedirle a Contraloría es que pueda realizar un control de cuáles son los gastos que efectivamente pudieron haberse irrogado con motivo de la ejecución de esta ordenanza, que es ilegal. Y, en su mérito, ordenar o se instruya un juicio de cuentas para cautelar de manera adecuada lo que es el interés fiscal, el interés por proteger los recursos públicos".
A ello, Rodrigo Díaz Yubero agregó que "lo que pensamos que ha ocurrido es que, bajo el pretexto de la participación ciudadana, se instrumentalizó ésta para involucrar fondos municipales en fines que nada tienen que ver con lo que es el propósito que está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cual es satisfacer las necesidades de la comuna”.
Por su parte, el diputado Celis expuso que "el alcalde Sharp cree que puede hacer y deshacer de la forma que él quiere. Él maneja el Concejo Municipal y casi impuso, por esta mayoría que tiene para aprobar, una ordenanza de participación ciudadana donde la inmensa mayoría de concejales podía determinar que los ciudadanos de Valparaíso opinaran sobre este fracasado proceso constituyente. Pero no sólo eso, además autorizó y se dice en las actas que aquí se podía gastar dinero municipal y daba exactamente lo mismo, no importaba cuánto fuese el dinero".
Junto a recordar que recurrieron a Contraloría para que se le exija al Municipio la realización de una auditoría y juicio de cuentas, el parlamentario RN precisó que esto significa que si se acepta su solicitud "que no la pague el Municipio, sino que los concejales que aprobaron esto, que lo pague el alcalde Sharp y aquellos funcionarios que no advirtieron o autorizaron este despilfarro de una ordenanza que la Corte Suprema dijo que era absolutamente ilegal".
El abogado Díaz concluyó diciendo que "esperamos que esto sea también una lección para proteger a una ciudad como la nuestra, cuyos fondos, cuyos recursos, son escasos. Cada peso debe ser gastado para satisfacer las necesidades de Valparaíso y no para otros fines que se apartan de la misión propia de un Municipio".
Puranoticia.cl tomó contacto con el área de Comunicaciones del Municipio de Valparaíso para conocer su versión ante las acciones solicitadas por el abogado y el diputado, ante lo cual indicaron que "siempre hemos colaborado con las fiscalizaciones de Contraloría, por lo tanto, entregaremos todos los antecedentes que sean necesarios".
De igual forma, manifestaron que "el señor Celis debe entender que en Valparaíso, desde el año 2017, no se le teme a las fiscalizaciones, situación muy distinta a lo que ocurría cuando su sector político gobernaba la ciudad".
Finalmente, subrayaron que "si el señor Celis cree que en Valparaíso va a encontrar casos como los que existen con su correligionario Torrealba en Vitacura, está muy equivocado. Muy bien que fiscalice, pero sería bueno también que promoviera leyes a favor de la ciudad, lo que no ha ocurrido en más de seis años que lleva de diputado".
PURANOTICIA
