La administración Ripamonti se ve otra vez envuelta en la polémica por procesos de licitación, esta vez, con un concurso en el cual participaron seis oferentes pero ninguno logró acreditar el 5% del monto ofertado en sus cuentas corrientes -requisito clave- a la vez que se daba más puntaje a pymes, y la única firma que lo hizo presentaría anomalías en el documento.
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La actual administración alcaldicia de Viña del Mar ha tenido varios problemas con la adjudicación de proyectos y servicios durante los últimos años, lo que ha devenido en una cascada de tratos directos que han generado duros cuestionamientos de concejales y diputados de la región de Valparaíso durante el último tiempo.
Sólo en los contratos de la basura y barrido han terminado sin resultado cinco licitaciones, además de varios otros procesos controvertidos como los contratos de fuegos artificiales para Año Nuevo, las nuevas luminarias para la ciudad, el proyecto para el estero Marga Marga, y esta vez fue el turno de los guardias de seguridad, sin contar con lo difícil que fue lograr el anhelado leaseback para pagar la deuda previsional a los trabajadores de la Corporación Municipal.
En el caso del servicios de guardias de seguridad, esta semana la licitación terminó desierta pese a haber seis empresas postulando. Pero no es la primera vez que este contrato tiene problemas: Hace tres años atrás la Municipalidad licitó el servicio resultando ganadora la empresa High Security, siendo la única oferente ya que el resto de las empresas se abstuvieron de participar pues según ellas el presupuesto no cubría los costos.
En ese entonces, la adjudicación fue duramente defendida por la administración municipal, sosteniendo que con esta empresa se acababan las malas prácticas del pasado y que se iniciaba un nuevo modelo de trabajo. Sin embargo, en febrero de 2024, se le tuvo que cortar el contrato por graves incumplimientos laborales, se le ejecutó la boleta de garantía y se hizo trato directo por ocho meses con la empresa Ícaro.
Ahora la Alcaldía volvió a llamar a licitación por el servicio de guardias de seguridad, en la que participó esta misma firma, y otras cinco más, y pese a la cantidad de oferentes, fue declarada desierta… ¿qué pasó? Ya llegaremos al por qué de aquello.
En esta oportunidad, el Municipio de Viña llamó a licitación pública por el Servicio y Provisión de Guardias de Seguridad, pero cuyas bases presentaban algunas inconsistencias que habrían sido clave para que la licitación terminara desierta pese a contar con seis oferentes.
Entre los requisitos de dichas bases, se buscaba fomentar la participación de las pymes a través de puntajes especiales para las empresas pequeñas -100 puntos versus 40 para otro tipo de empresas-, pero al mismo tiempo existía la exigencia de mantener saldo en cuenta corriente entre 700 a 800 millones de pesos a través del siguiente requerimiento, que fue el que terminó por dejar fuera a la mayoría de los oferentes: “Certificado bancario con una vigencia no superior a 30 días corridos contados desde el cierre de la recepción de la propuesta, del saldo de cuenta bancaria, que acredite como mínimo un 5% del total de la oferta”.
Este lunes 26 de agosto se informó que todas las ofertas habían sido rechazadas, y cinco de ellas por incumplir con el saldo requerido en su cuenta corriente, mientras que la sexta, Icaro Seguridad, era la única que cumplía con la exigencia de disponibilidad bancaria, pero fue dejada fuera de bases porque incumplió con el certificado de experto en Materia en Vigilancia Privada.
Pero hay más. La única empresa que presentó uno de los documentos clave para obtener o no la aprobación de las propuestas, el certificado bancario que acreditara que existía, al menos, el 5% de lo ofertado en la cuenta corriente de la empresa, fue Icaro Seguridad. Sin embargo, el documento presenta evidentes irregularidades.
Una de las más llamativas tiene que ver con el formato en el que se presenta el documento, con cambios de tipografía, y con la firma de una ejecutiva que no está actualmente en el cargo con el que firma.
La ejecutiva que firma el escrito en el que se acredita que la empresa Ícaro Seguridad sí tiene más de $800 millones en su cuenta corriente, a fin de cumplir con el requisito que terminó por sepultar a las otras empresas, actualmente es gerente de la sucursal Curauma, y no "Jefa de Plataforma Banca PYME" como firma en el certificado ingresado y disponible en el portal de Mercado Público.
Puranoticia.cl se comunicó telefónicamente con la ejecutiva de Banco Chile, quien no confirmó ni descartó la autenticidad del documento o que estuviera firmado o no por ella, argumentando que cualquier información relacionada a clientes del banco es confidencial, por lo que no podía responder nuestras consultas. Nos derivó al Área de Comunicaciones Corporativas del banco, cuyo encargado solicitó más información respecto al artículo y señaló que apenas tenga novedades sobre el requerimiento de información de este medio nos daría información, consultando por un "deadline" para poder entregar una respuesta. Sin embargo, pasado esa hora, no hubo más novedades desde la entidad monetaria.
De acuerdo a fuentes de Puranoticia.cl, esta situación fue puesta en conocimiento de la Municipalidad desde el viernes 23 de agosto, cuando una de las empresas participantes, notificó a la Unidad Jurídica y SECPLA, de este hecho, pero no se tomaron otras medidas al respecto.
Los interesados ya habían planteado que algo olía raro. Entre las preguntas de la oferta se puede observar los cuestionamientos que fueron desde que el proceso “estaba viciado” hasta que la administración buscaba “asustar” a los potenciales oferentes.
“Muy extraña la visita, quien la dirigía indicaba que todo era multa asustando a los oferentes más que aclarar las dudas”, escribió uno de los interesados luego de una de las visitas a terreno. “Para qué participar si ya fue SOSERCORP a indicar que la licitación era de ellos---este proceso está viciado”, dijo otro posible postulante.
“Estimados, en varios puntos de esta licitación violan descaradamente la ley de subcontrato lo cual no pueden realizar supremacía jurídica sobre leyes de la república, no se que equipo jurídico redactó estas bases pero tendrán problemas con la CGR”, planteó otro interesado. ”El monto disponible está muy por sobre el disponible. Se solicita subir el monto o rebajar exigencias o disminuir puestos....”, también indicaron. “FAVOR SUBAN EL MONTO DISPONIBLE....Y BAJEN LAS EXIGENCIAS”, fue otro comentario.
Queda la duda de qué pasó realmente en este caso. ¿Las seis empresas interesadas, varias con experiencia anterior, no supieron postular a un concurso público de este tipo o las bases no permitieron nuevamente que se adjudicara mediante licitación un servicio tan importante como éste?
PURANOTICIA
