Agrupación «Primero las Víctimas» pretende presentar el impacto que han provocado los casos a través de tres testimonios de víctimas o familiares que han sido afectados por ataques.
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«Primero las Víctimas», la agrupación que reúne a víctimas de la violencia de la Macrozona Sur, pedirá exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dicha agrupación busca presentar el impacto que han provocado los casos a través de tres testimonios de víctimas o familiares que han sido afectados por ataques.
Uno de los relatos corresponde al del transportista Mauro Aguilar (23), quien en enero de este año fue baleado por desconocidos en la comuna de Lumaco, región de La Araucanía, provocándole graves heridas que no le impidieron llegar por sus propios medios a un Cesfam y sobrevivir.
También se presentará el testimonio de Ingrid Manríquez, madre del guardia forestal Benjamín Bustos (23), quien fue asesinado en febrero pasado cuando realizaba sus labores en un predio forestal de Carahue, en La Araucanía, donde también murió su colega Alejandro Carrasco (30).
El otro testimonio es el de Dahiana Pereira, viuda del suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Naín Caniumil, quien fue asesinado en octubre de 2020 cuando realizaba un procedimiento por barricadas en la ruta 5 Sur, en la comuna de Padre Las Casas.
La agrupación «Primero las Víctimas» manifestó en una declaración pública que “nuestro dolor ha sido ignorado por el mundo de los derechos humanos a nivel internacional. Se desconoce la enorme cantidad de atentados, el número de personas comunes que han sido violentadas, torturadas, asesinadas, también se olvidan sus nombres”.
Aseguró que el objetivo “es que nuestra historia se conozca y se tomen medidas para que esto termine”.
“Vivimos con miedo, nos queman nuestros hogares, familias completas han sido desplazadas de sus lugares de residencia, han matado a nuestros padres, hijos y familias, hemos sufrido atentados directamente contra nuestros medios de sustento. Sin embargo, el Estado chileno ha sido pasivo, no ha utilizado todas las herramientas que la ley le otorga para garantizar la protección de la población, no ha existido una voluntad de repararnos y prestar, al menos, apoyo psicológico para nuestros hijos e hijas”, agregó.
La agrupación indicó que “desde hace 25 años el sur de Chile ha sido testigo, protagonista y víctima de lo que primero se identificó como violencia rural, hoy devenido en actos terroristas. Han ocurrido más de 3.500 hechos de violencia cuyos daños materiales y humanos son incalculables”.
PURANOTICIA
