Investigación del ente fiscalizador también establece que se pagaron horas extras sin antecedentes que acrediten las labores realizadas, incompatibilidades horarias, pagos sin informes de actividades, 139 omisiones en el registro de ingreso y/o salida, 56 ausencias sin justificar, atrasos y 220 incumplimientos de la jornada laboral.
visitas
Un extenso informe de investigación especial fue el que develó la Contraloría Regional de Valparaíso en base a una serie de denuncias por supuestas irregularidades en el pago de horas extraordinarias a funcionarios y directores de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Limache, a los que se suman los departamentos de Desarrollo Comunitario (Dideco) y de Deporte.
El trabajo de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado se efectuó con la finalidad de atender las presentaciones efectuadas, a las que se sumaban reclamos por los desembolsos efectuados por el Municipio que administra el alcalde Daniel Morales Espíndola (RN) en las contrataciones –en modalidad de honorarios– de cuatro funcionarios edilicios (dos hombres y dos mujeres) de Limache.
A modo general, el documento de 82 páginas al que tuvo acceso Puranoticia.cl da cuenta de irregularidades tales como el pago de al menos $37 millones por horas extras sin antecedentes que acrediten las labores realizadas, incompatibilidades horarias, pagos sin que se hayan entregado los informes de actividades, pagos sin acreditar por la realización de alguna actividad que requiera de una contraprestación del Municipio, 139 omisiones en el registro de ingreso y/o salida laboral, 56 ausencias no justificadas, atrasos injustificados y 220 incumplimientos de la jornada laboral, entre otros.
En sendas presentaciones al órgano fiscalizador, los denunciantes cuestionaron el alto monto de las sumas pagadas por concepto de horas extraordinarias al director de Seguridad Pública de Limache, John Alvarado Benavides; al director de Dideco, Fernando Valenzuela Romero; al director del Departamento de Deportes, Juan Miranda Vargas; y a cuatro funcionarios de Seguridad Pública, debido a que estas labores "no se encuentran respaldadas ni justificadas".
De igual forma, afirmaron que con recursos del Municipio de Limache se pagan horas extraordinarias de otros dos trabajadores del Departamento de Educación; además de cuestionar las contrataciones a honorarios de otras cuatro personas, de las cuales indicaron que "no habrían prestado servicios en la Municipalidad".
Antes de detallar los resultados de la investigación, Contraloría recuerda que la ley N° 18.883 establece que el Alcalde "podrá ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, noche o sábados, domingos y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables", añadiendo que estos "se compensarán con descansos complementarios y, si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquellos serán compensados con un recargo en las remuneraciones".
Una de las primeras conclusiones de la investigación revela que los honorarios pagados a Blanca González Inzunza, equivalentes a $25 millones ($25.241.462), entre enero de 2019 a octubre de 2022, "no cuentan con antecedentes que acrediten las labores realizadas" en Seguridad Pública; a lo que suma que entre el 1 de julio de 2013 al 14 de octubre de 2022 estuvo contratada por la empresa Agrotumita SpA, por lo que existirían "incompatibilidades horarias" con las labores que cumplía en el Municipio.
Frente a esta irregularidad, se formuló el reparo en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General, mientras que los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Luego, se indica que la funcionaria Guilda Casanova Ávila recibió pagos de honorarios por $11 millones ($11.062.628), sin que se entregaran los respectivos informes de actividades o que en ellos se listaban las mismas labores descritas en los acuerdos de voluntades; lo que se suma a que el Municipio de Limache no proporcionó los decretos de pagos por otros $2 millones ($2.151.260).
Dichas situaciones, según indica Contraloría, no se ajustan a lo establecido en las normativas vigentes, motivo por el cual el Municipio de Daniel Morales deberá adoptar las medidas para evitar la repetición de hechos similares.
La casa edilicia limachina contrató entre el 8 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021 a Osvaldo Valencia Jorquera, para controlar la temperatura y el uso de la mascarilla de las personas que asisten al Departamento de Tránsito, trabajo por el cual recibía mensualmente una remuneración de medio millón de pesos ($508.475). Sin embargo, Contraloría estableció que "no fue posible acreditar el pago por la realización de alguna actividad que requiera de una contraprestación por parte del Municipio". En base a esta conclusión, esta materia también se adicionará al reparo indicado.
Además se comprobó que los funcionarios de Seguridad Pública efectúan entre 84 y 153 horas extraordinarias mensuales, hecho que "no se ajusta a la definición y criterio" de 1997 de la Contraloría. Por ello, el Municipio limachino deberá adoptar las medidas para evitar su reiteración, cuyo incumplimiento podría derivar en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados.
En cuanto a la situación de los directores John Alvarado (Seguridad Pública); Fernando Valenzuela (Desarrollo Comunitario); y Juan Miranda Vargas (Deportes), se verificaron 56 ausencias no justificadas y la existencia de atrasos injustificados.
Del análisis realizado a los registros de asistencia, se evidenció que no existe un control efectivo de la jornada laboral de los tres y otros seis funcionarios, debido a que "no se aportaron antecedentes que permitan justificar las ausencias de tales servidores".
Además se comprobaron 220 incumplimientos de la jornada laboral y/o atrasos no justificados de Bryan Zúñiga Ortiz, funcionario del Departamento de Educación durante el 2022, situación que no se ajusta a los dictámenes vigentes desde el 2004.
Frente a ello, se le ordenó al Municipio de Limache adoptar las medidas para obtener, previo traslado de los interesados, el reintegro o restitución de las sumas observadas, debiendo remitir a la Contraloría Regional la documentación que acredite dichas acciones en el plazo de 60 días hábiles.
Cabe hacer presente que, además, se constataron 139 omisiones en el registro de ingreso y/o salida laboral, lo cual impidió verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo de algunos funcionarios, exponiendo al Municipio de Limache al riesgo de pagar remuneraciones por horas no trabajadas.
Otro de los demoledores antecedentes proporcionados por Contraloría en su informe revela que el Municipio de Limache pagó en exceso 175 y 198 horas extraordinarias a Yarella Castañeda Riveros y Bryan Zúñiga Ortiz; respectivamente.
Frente a esta situación, se les ordenó adoptar las medidas para obtener –previo traslado de los interesados– el reintegro o restitución de las sumas observadas, debiendo remitir a la sede regional de la entidad fiscalizadora la documentación que acredite dichas acciones en el plazo de 60 días hábiles.
Además, la Contraloría Regional de Valparaíso instruirá un procedimiento disciplinario, el cual irá orientado a aclarar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados.
Vale mencionar que tanto Bryan Zúñiga como Yarella Castañeda son funcionarios del Departamento de Educación y están contratados bajo el Código del Trabajo. En detalle, del primero se informó que el Municipio autorizó horas extras para que desempeñara funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Con ello, se transgrede un dictamen que indica que resulta improcedente encomendar labores propias de la Dideco a trabajadores regidos por otros estatutos jurídicos.
En cuanto a Castañeda, se informó que no registró en el libro de asistencia el horario real de ingreso, toda vez que sus marcaciones de inicio de jornada son a las 8:00 horas, durante todo el 2022. Además, se verificó que el libro contenía el marcaje de todo enero 2023, previo a que esto aconteciera. Por ello, el Municipio deberá implementar un mecanismo para el registro de asistencia del personal y trabajadores que realicen sus funciones fuera del edificio consistorial.
Consultado por Puranoticia.cl, el Municipio de Limache, a través de su Departamento de Comunicaciones, respondió con una declaración del administrador municipal César Molina Gálvez, quien señaló que "hemos recibido el informe, que en este momento está siendo estudiado y revisado por el Departamento Jurídico. Como ha sido nuestra característica, vamos a prestar toda la colaboración necesaria para responder en forma y tiempo a la Contraloría respecto de lo que ahí se observa".
De igual forma, sostuvo que "esto es una cosa de rigor, es parte de lo que siempre tenemos que estar habituados: a ser revisados y fiscalizados".
Molina también comentó que "esta es una indicación general que da la Contraloría, la cual vamos a revisar y acatar, lo que haya que acatar; y subsanar, lo que haya que subsanar. Dicho sea de paso, y con antecednetes, recientemente la Fundación Piensa sacó un estudio donde claramente dice que nosotros somos ejemplo de transparencia, así que no va a ser nuevo para nosotros ponernos a disposición y revisar lo que haya que revisar, corregir lo que haya que corregir y subsanar lo que haya que subsanar".
PURANOTICIA
