Manuel Monsalve explicó que el objetivo es darles a estos contratistas “garantía en materia de quién responde una vez que son víctimas de un atentado incendiario que implique pérdida de patrimonio o de capital de trabajo".
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El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el Gobierno está planteando una iniciativa de seguro público para contratistas de la Macrozona Sur.
En una entrevista para Vía X, la autoridad señaló que “yo mismo me he sentado con el Banco Estado y el Ministerio de Hacienda para generar una propuesta que esperamos hacer en las próximas dos semanas, de un seguro público para quienes desarrollen actividad económica, particularmente contratista, en la Macrozona Sur”.
Explicó que el objetivo es darles a estos contratistas “garantía en materia de quién responde una vez que son víctimas de un atentado incendiario que implique pérdida de patrimonio o de capital de trabajo. Deberíamos entregar una propuesta técnica que estamos trabajando con Banco Estado y con la Dirección de Presupuesto”.
Monsalve también se refirió a la libertad en la que quedaron los tres primeros detenidos por la Ley de Robo de Madera: “Somos respetuosos de los fallos judiciales y las decisiones que toman los jueces, nuestra división jurídica solicitó la prisión preventiva. He conversado con la jefa de la división jurídica y vamos a apelar a la resolución de la jueza”.
“Creo que es bien importante mirar en su contexto la nueva ley de sustracción de madera, que tipifica el delito de sustracción de madera, porque efectivamente puede haber un debate respecto de las medidas cautelares que se aplican respecto a los antecedentes o nuevos antecedentes del acusado, pero creo que lo más relevante en materia de la ley 21.488 son las facultades en materia de capacidades investigativas que va a tener el Ministerio Público y las policías”, destacó la autoridad.
Explicó que “finalmente no nos interesa detener a una persona, nos interesa poder identificar y desbaratar a la organización criminal que está detrás de un negocio que se estima que puede alcanzar los 100 millones de dólares en algunos territorios. Y la ley lo que hace es, por ejemplo, entregar facultades para usar técnicas especiales de investigación que son esenciales para poder desbaratar una organización criminal. La interceptación telefónica, la posibilidad de tener agentes encubiertos, la posibilidad de tener entregas vigiladas puede ser muy claves para cambiar el rumbo de las investigaciones y la persecución penal en este delito que ocurre en la Macrozona Sur”.
“Lo segundo que es muy importante es que requiere un reglamento, que tiene plazo. La ley le da un plazo de cuatro meses para dictarse, es la obligación por parte de quienes desarrollan actividad económica vinculada a la madera, de usar guías electrónicas. Hoy día esa obligación no existe”, complementó.
El exdiputado advirtió que “mucho se habla respecto al estado de excepción en la Macrozona Sur, que tiene una tarea preventiva y disuasiva, pero la única forma en algún momento que el Estado retire el estado de excepción, yo creo que son dos: una, tener a través del diálogo un acuerdo político y; segundo, haber identificado y desarticulado las organizaciones criminales que operan en la zona cometiendo delitos como la sustracción de madera, pero también usan armas, también ejercen violencia, también asesinan personas”.
Luego reiteró que "la paz se construye necesariamente con acuerdos políticos. No hay experiencia que no sea así, salvo que sea la guerra y la derrota de alguien. Pero las sociedades construyen la paz y la convivencia respecto a acuerdos políticos. Y por lo tanto la paz a la que aspiramos y a la que todos aspiran, requiere diálogo y la búsqueda incansable de acuerdos políticos. Muchos lo han hecho, hay varios gobiernos que lo han intentado, varios gobiernos que han fracasado, nosotros no queremos fracasar en este camino, que nos parece que es el camino más sustentable”.
“En segundo lugar, es evidente que hay que enfrentar una situación de atraso vergonzosa en materia de desarrollo económico y social de la zona. En tercer lugar, tenemos que hacernos cargo de la seguridad. La seguridad ha motivado al gobierno a decretar estado de excepción, que es la fórmula que se está aplicando el día de hoy, hay fuerzas militares desplegadas tanto en la provincia de Arauco, en la provincia del Biobío y en la región de La Araucanía", añadió.
"Hemos modificado la estrategia en el transcurso de estos meses y nos hemos hecho cargo también de los déficit que tanto las policías como las FF. AA. tenían para implementar el estado de excepción. Vehículos blindados, qué tipo de vehículo blindado, cómo se despliegan las fuerzas militares, cuánto hay de vigilancia aérea en la zona, qué tecnologías faltan. De esos déficits nos hemos hecho cargo como Gobierno para suplirlo”, sentenció.
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