El último paso activo del proceso incluyó la presentación de pruebas testimoniales, tanto para defender la postura del jefe comunal como para respaldar la posición de los concejales que presentaron la acusación por "notable abandono de deberes" el 2020.
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La relación tirante entre el pasado Concejo Municipal de Valparaíso y el alcalde Jorge Sharp derivó en que los primeros acudieran al Tribunal Electoral Regional (TER) a presentar una acusación por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa en contra del jefe comunal porteño, a raíz de una serie de hechos acontecidos durante su administración en el Municipio.
Era noviembre de 2020 y hasta el edificio de calle Prat acudieron los entonces ediles Marcelo Barraza (DC), Luis Soto (UDI), Carlos Bannen (UDI), Ruth Cáceres (RN), Eugenio Trincado (DC), Claudio Reyes (MVC), y Daniel Morales (MVC, y único que sigue actualmente en el cargo). Semanas después, y tras la renuncia de los tres primeros para asumir aspiraciones electorales en dicho Municipio, se sumaron sus reemplazantes Marina Huerta (DC), Pedro Solís (UDI) y Jaime Bahamondes (UDI). Y luego de pensarlo un tiempo, también se plegaron Iván Vuskovic (Ind. ex PC) y Yuri Zúñiga (Ind. ex PS).
En un comienzo, los concejales formularon 17 cargos en contra de Sharp, solicitando incluso su restitución como Alcalde de Valparaíso, acusando –entre estos 17 puntos–un supuesto superávit en la contratación de funcionarios, irregularidades en contratos de arriendo, la omisión de deberes en la fiscalización del comercio ambulante, la contratación de Santiago Aguilar –organizador del festival Mil Tambores– como asesor, etcétera.
Pero, sin dudas, uno de los hechos que más complica al jefe comunal es un informe de Contraloría, el cual reveló contratación de menores en dos liceos, además del uso irregular de $414.269.886, situación que incluso motivó el inicio de un juicio de cuentas. Y también se añade la destrucción de documentación municipal; falta de fiscalización “en diversas materias que son de su responsabilidad”, según el escrito.
A todo ello se suma la acusación por omisión en su obligación de cumplir los fallos de la Corte de Apelaciones y la falta de control en el otorgamiento de permisos precarios, entre otras situaciones denunciadas por los ediles en el escrito presentado ante el TER.
Con el paso de los meses, este proceso creció no sólo en número de denunciantes, sino que también en acusaciones en contra de la autoridad comunal, pues en octubre de 2021, el TER de Valparaíso fijó en 35 los hechos sustanciales que los concejales debían probar en el marco de los hechos que denunciaron en el documento presentado. No obstante, en febrero de este 2022, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), con sede en Santiago, disminuyó a 31 los puntos a probar.
A esta decisión se llegó luego de evaluar las acusaciones de los ediles y los medios de prueba presentados por la defensa del ex hombre del Frente Amplio, acordando de esta manera eliminar cuatro puntos, mantener cinco y acoger 26 recursos de reposición, con lo que quedaron en 31 los puntos. Tras ello, sólo restaba esperar la fecha en que las partes debían iniciar el periodo probatorio, previo al juicio.
Dicha etapa comenzó el martes 15 de marzo y se extendió hasta el viernes 18 del mismo mes, instancia donde se revisó la cuestión de fondo, con la declaración de 68 testigos, de los cuales 62 fueron convocados por el alcalde Jorge Sharp, mientras que seis fueron llevados por los concejales que presentaron la acusación.
La defensa del Alcalde de Valparaíso, representada por los abogados José Antonio Ortiz y Edwin Flores, incluyó a funcionarios y directivos del Municipio que administra en la Ciudad Puerto; mientras que los concejales llevaron a dirigentes vecinales y profesionales del Consejo de la Sociedad Civil, además de abogados.
En estas audiencias, los declarantes fueron interrogados respecto a los 31 puntos definidos por el Tricel, en Santiago, y que tenían que ver básicamente con presuntas irregularidades cometidas en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval). Pero también, en una etapa siguiente, se pidió una prueba confesional a los ediles, en una "absolución de posiciones", requerida por la defensa de Sharp, con el objetivo de responder preguntas reservadas que sólo conocieron aquel día.
Una vez finalizada dicha etapa, el 1 de abril de 2022, uno de los que lidera la causa por la parte acusatoria, el ex concejal Marcelo Barraza (DC), explicó que "se ha terminado la etapa de los testimonios personales y documentales y nos acercamos al final del juicio por notable abandono".
En abril concluyó la fase probatoria de la causa y, desde entonces, el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso se encuentra ordenando y estudiando los antecedentes expuestos; esto, como fase previa al inicio del juicio que podría derivar en la remoción del abogado Jorge Sharp como Alcalde de la Ciudad Puerto.
Si bien, todo dependerá del tiempo que tarden en hacer esta evaluación, se estima que en octubre pueda terminar esta etapa y dar paso al juicio. No obstante, uno de los principales obstáculos de la causa es el volumen de la misma, pues consta de 28.509 fojas, lo que lo convierte en uno de los requerimientos más extensos que ha tramitado el TER de Valparaíso en sus 35 años de historia.
Cabe hacer presente –sólo a modo de comparación– que el requerimiento que solicitó la remoción de Virginia Reginato como Alcaldesa de Viña del Mar constaba de poco más de 1.000 páginas. En el caso de Valparaíso, específicamente el requerimiento está conformado por informes y documentos expuestos tanto por la defensa de Sharp como por los ediles; todo para defender la veracidad de sus posiciones.
En una de las pocas declaraciones que Jorge Sharp ha dado en torno a este requerimiento que busca su destitución como Alcalde de Valparaíso, el pasado 11 de abril manifestó que "esto fue parte de una maniobra de un grupo de concejales que ya no son parte del Concejo Municipal, parte de la DC y la UDI, de la red política que gobernó esta ciudad durante muchos años y que le hizo tan mal".
Y agregó que "estamos confiados en que el Tribunal Electoral Regional va a fallar conforme a derecho. Queremos ser respetuosos de las decisiones y del trabajo del tribunal. Confiamos en tener una buena decisión".
La contraparte, liderada por el abogado de los ediles, Rodrigo Flores, comentó que "tenemos antecedentes más que suficientes para configurar la causal de notable abandono”, dado que las acciones u omisiones, imputadas al Alcalde, “configuran una conducta permanente y habitual".
Y finalizó diciendo que "nosotros acompañamos mucha documentación (…) y ahí está el volumen (...) aquí lo importante es que cada uno de los cargos del proceso de remoción vaya con antecedentes que den cuenta de la veracidad y la certeza del hecho que nosotros estamos impugnando, de la acción u omisión que dé lugar al proceso de remoción".
PURANOTICIA
