Contraloría emitió un Informe Final de Auditoría, el cual da cuenta del trabajo desarrollado por las subsecretarías del Medio Ambiente y Salud Pública, la Superintendencia del Medio Ambiente y las seremis del Medio Ambiente y de Salud de la región de Valparaíso.
visitas
Los episodios de contaminación registrados en Concón, Quintero y Puchuncaví han sido una constante del último tiempo y, a pesar de las medidas que se han adoptado por las autoridades, los problemas continúan. Por ello, la unidad de Medio Ambiente de la Contraloría realizó una auditoría a la gestión ambiental desarrollada por las subsecretarías de Medio Ambiente y Salud Pública, por la Superintendencia del Medio Ambiente, así como las seremis de Medio Ambiente y Salud de la región de Valparaíso.
El objetivo de la investigación era justamente evaluar los motivos que explican por qué dicha gestión ambiental no ha permitido dar solución al problema que enfrentan estas tres comunas, para lo cual se examinaron las acciones emprendidas por los organismos ya mencionados para gestionar, desde el punto de vista medioambiental, los riesgos en la vida y la salud de los habitantes de este sector costero de la Quinta Región, denominado tristemente como «Zona de Sacrificio».
Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Concón, Quintero y Puchuncaví, hace varias décadas se desarrolla una actividad industrial que concentra fuentes asociadas a la generación eléctrica en base a combustibles fósiles, refinería de petróleo y fundición de cobre, terminales marítimos, almacenamiento y producción de sustancias peligrosas e hidrocarburos, entre otros, cuyos procesos generan emisiones de contaminantes presentes en el aire, agua y suelo del lugar.
A modo de graficar lo expuesta que está la ciudadanía que habita esta zona, es necesario recordar episodios como la intoxicación de estudiantes de la escuela La Greda por emisiones de la Fundición Codelco Ventanas en marzo de 2011; el derrame de petróleo durante la descarga de crudo en instalaciones de la refinería ENAP en Quintero en septiembre de 2014; y las intoxicaciones sufridas por niños y adolescentes en las cercanías de zona industrial en agosto de 2018.
En base a esta auditoría, la Contraloría General de la República emitió el Informe Final Nº27, de 2022 –al cual accedió Puranoticia.cl– que contiene una serie de observaciones realizadas al accionar de los cinco organismos evaluados en esta investigación desarrollada en el periodo comprendido entre enero de 2010 y octubre de 2020.
En primer lugar, el estudio afirma que la Subsecretaría del Medio Ambiente no ha elaborado instrumentos de gestión que definan los estándares ambientales para la protección, recuperación y remediación de suelos contaminados, que permitan, además, orientar la definición de «zona de riesgo» en el marco de los procesos de planificación territorial.
Bajo este contexto, no se cuenta con un estándar normativo que permita calificar a un terreno contaminado de conformidad a los parámetros y elementos evaluados que considere los potenciales riesgos para la vida y la salud de las personas y el medio ambiente, así también como la protección de propiedades y funciones del recurso natural suelo y de los usos que para éste se definen.
Por esta situación, la unidad de Medio Ambiente de Contraloría recomienda a la Subsecretaría que elabore una propuesta de trabajo que defina una planificación a corto y mediano plazo para contar con este instrumento que permita gestionar los riesgos asociados a la presencia de contaminantes en el suelo de estas tres comunas de la región de Valparaíso y del área de influencia de las actividades que se desarrollan.
Además, afirman que esto permitirá identificar las acciones, metas, plazos, responsables, estimación de los recursos financieros, coordinación entre los órganos del Estado y, finalmente, la incorporación de los instrumentos a desarrollar en el Programa de Regulación Ambiental respectivo.
La segunda observación de Contraloría apunta a los ministerios de Salud y del Medio Ambiente, los cuales no han definido el procedimiento sistemático para evaluar, en cinco años, los impactos en la salud de la población por los niveles de calidad del aire, por material particulado fino respirable MP2,5, desde el 1 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia la norma.
Cabe hacer presente que desde 2020 en adelante, ambas carteras han llevado a cabo acciones para establecer dicho procedimiento, no obstante, "éste aún no se ha formalizado", según indicó el ente que fiscaliza a los órganos del Estado.
Junto a ello, no se pudo comprobar la existencia de un procedimiento que permita desarrollar la vigilancia de los niveles de plomo en la sangre de los menores de 2 años, que permita, a nivel local, contar con los niveles de promedio de plomo en la sangle y con el porcentaje de niños con niveles de plomo superior a 10 mg/dl.
Contraloría recomendó a la Subsecretaría de Salud Pública que fortalezca la vigilancia epidemiológica relacionada con la contaminación atmosférica, generando un diagnóstico del programa implementado, determinando áreas de mejora, estimación de los recursos financieros necesarios para su implementación y las acciones que deben realizar en el corto y mediano plazo.
Todas estas solicitudes –agregaron– deben quedar plasmadas en un documento, de fácil acceso, para la comunidad
También se advirtió que las normas de calidad del aire evaluadas en las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón corresponden a MP10, MP2.5, SO2 (primaria y secundaria) y Pb, sin que se observara la revisión de las normas de NO2, 03 y CO.
Esto último, según la Contraloría General de la República, debido a que las evaluaciones "se han realizado de manera reactiva, operando a petición, lo que genera que existan redes que nunca han sido evaluadas".
Por este hecho, se le recomendó a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Subsecretaría del Medio Ambiente que "adopten las medidas necesarias", a fin de verificar el estado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental vigentes, considerando la periodicidad y frecuencia establecidas.
Asimismo, sugieren elaborar un diagnóstico que detalle las estaciones de monitoreo vigentes, si cuentan con representatividad poblacional, si han sido fiscalizadas y/o revisadas por los órganos del Estado para confirmar su funcionamiento y estado, las áreas donde se han evaluado las normas, criterios de priorización de áreas para evaluar las normas, entre otros.
