Antonia Scarella, Jorge Martínez y René Lues denunciaron "faltas graves a la probidad administrativa" de la jefa comunal a raíz de la compra de 150 cuadros con su foto por $2.465.085, los cuales fueron colgados en dependencias de la propia casa edilicia.
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Meticulosamente elaborada habría sido la estrategia comunicacional desarrollada por los concejales de Viña del Mar, Antonia Scarella (IND-UDI), Jorge Martínez (UDI) y René Lues (DC), quienes acudieron hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para presentar una denuncia en contra de la alcaldesa Macarena Ripamonti por presuntas faltas graves a la probidad administrativa relacionadas a la compra de 150 cuadros fotográficos de la autoridad, los que se distribuyeron en oficinas municipales.
Y es que la cuidadosa acción implementada por los ediles, que fue publicada por El Mercurio de Valparaíso en su portada de este viernes 4 de noviembre, no fue comentada previamente a la prensa, a diferencia de lo que suele ocurrir un día antes con el envío de convocatorias. De hecho, fuentes cercanas a los concejales contaron a Puranoticia.cl que una de las condiciones que habría puesto el matutino porteño era que justamente ningún otro medio se enterara de la presentación de la denuncia.
La planificación comenzó el miércoles por la tarde, cuando los ediles UDI y DC conocieron de la factura pagada por el Municipio de Viña para estos cuadros fotográficos con la imagen de Ripamonti y, en vez de preguntarle directamente en la sesión del Concejo Municipal, montaron una estrategia comunicacional que incluía al periódico de calle Esmeralda, el cual les habría ofrecido llevar el tema en portada.
De esta manera, el jueves, sigilosamente los tres ediles viñamarinos posaron en la entrada de la Contraloría Regional de Valparaíso ante el lente de la cámara sólo del mencionado medio de comunicación y sin hacer punto de prensa alguno. De hecho, las fuentes de Puranoticia.cl comentaron que uno de los concejales habría indicado a los otros dos que era mejor informarles de la acción al resto de los periodistas. No obstante, habría pesado más el aparecer en la portada del diario de papel y no perder fuerza la elaborada estrategia comunicacional montada.
Punto aparte es el hecho de que la "primicia" fue sólo incluida como una nota secundaria con fotografía en la portada de El Mercurio de Valparaíso, y no en el titular central como seguramente esperaban Scarella, Martínez y Lues.
En lo que respecta netamente a la denuncia presentada contra la alcaldesa Macarena Ripamonti por presuntas faltas graves a la probidad administrativa, el documento da cuenta de la adquisición de 150 fotografías, con sus respectivos marcos de madera, color negro, de 3 centímetros de espesor, dimensiones 40x50 cms, con vidrios de 4 milímetros y un soporte dentado de 44x8 milímetros.
Todo esto, por un valor cercano a los $2,5 millones ($2.465.085). En otras palabras, la elaborada estrategia comunicacional de los ediles de oposición era para denunciar el gasto de $16.433 por cada fotografía de la jefa comunal que se colgaría en las dependencias del propio Municipio.
"Con mucha sorpresa y estupor, nos enteramos que los marcos fotográficos se requirieron para enmarcar diversas fotos individuales de la alcaldesa Macarena Ripamonti, las cuales se encuentran distribuidas y colgadas en la mayoría de las reparticiones y oficinas municipales", señalaron en el documento.
Tras revelar la imagen, los ediles concluyeron que la difusión y publicidad, por parte de los municipios, demanda como exigencia fundamental que ello tenga por objeto "sólo dar a conocer a la comunidad local los hechos o acciones directamente relacionados con el cumplimiento de los fines y con su quehacer propio", como actividades culturales, artísticas, deportivas u otras.
Junto a recordar que es el Municipio el que presta servicios y ejecuta los cometidos que la ley le mandata, los concejales sostienen que "no corresponde que la publicidad o difusión contenga imágenes o frases alusivas al Alcalde de manera exclusiva".
Como tercera conclusión, señalan que la militante de Revolución Democrática (RD), al incorporar su imagen en oficinas de la Municipalidad de Viña del Mar, contratando para ello un servicio de enmarcado con recursos municipales, "vulneró el marco jurídico y jurisprudencial existente, en especial el principio de probidad administrativa, siendo responsable por tales infracciones".
Considerando que la fotografía en cuestión corresponde al set realizado durante su campaña (ver foto), los ediles afirman que "es sumamente grave que la Alcaldesa, con recursos públicos, esté en dependencias del Municipio utilizando bienes institucionales, realizando proselitismo político, asociando su imagen personal a la que utilizaba como candidata en su campaña electoral". En ese sentido, afirman que "se está valiendo de su autoridad y cargo, no solamente para fomentar un culto a su persona, sino que también para aprovecharse de hacer campaña política permanente".
En base a todos los antecedentes recopilados para efectuar la denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso, los concejales de oposición solicitaron al jefe de la entidad fiscalizadora que ordene a la Municipalidad de Viña del Mar "retirar de todas las oficinas y reparticiones municipales las fotos donde aparezca la alcaldesa Macarena Ripamonti en forma independiente y que generan un uso reiterado de su imagen, sin tener por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que el municipio otorga".
Además, piden que ordenen a la casa edilicia y a sus funcionarios "abstenerse de realizar este tipo de actuaciones y contrataciones" y que todos los antecedentes de la denuncia y posterior decisión de Contraloría se entreguen al Concejo Municipal.
En otra de las solicitudes, plantean a Contraloría que formulen un reparo a la autoridad del Frente Amplio, con el objetivo de iniciar el correspondiente juicio de cuentas para que "responda con su propio peculio del menoscabo patrimonial que le ha causado al Municipio, a partir del abuso de su imagen".
Finalmente, en el caso de determinar que los hechos relatados sean constitutivos de algún ilícito penal, piden que "se envíen los antecedentes que correspondan al Ministerio Público", para que investigue la configuración de algún eventual delito.
Desde el área de Comunicaciones del Municipio de Viña informaron que la alcaldesa Ripamonti señaló al respecto que esta situación se enmarca dentro de "políticas de protocolo que se han hecho siempre en el Municipio, que no las consideramos un problema, pero si es que lo hay, obedeceremos lo que diga la Contraloría".
De igual forma, sostuvo que como Municipio siempre se "aplican a la normativa y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República".
Por último, planteó que "es maravilloso y nos encanta que haya fiscalización porque creemos que es parte de la democracia, (...) todo uso de dineros públicos y toda la aplicación de política pública que se haga debe ser controlada y revisada".
PURANOTICIA
