A pesar que del tema se venía hablando desde hace días, lo cierto es que a todos tomó por sorpresa la decisión adoptada por el directorio de Codelco, el que el viernes 17 de junio decidió reunirse y acordar, por cinco votos contra tres, el cierre de sus operaciones.
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Cuando el reloj marcaba la 1:00 hora del lunes 6 de junio, las alarmas comenzaban a encenderse en las estaciones de monitoreo de la comuna de Quintero. Se trataba de un peak de dióxido de azufre que superó cuatro veces la norma en la fundición de Codelco Ventanas, empresa ubicada en la vecina Puchuncaví, enmarcada dentro del cordón industrial de esta zona del litoral norte de la región de Valparaíso.
Frente a este episodio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso determinó decretar minutos más tarde Emergencia Ambiental en la zona. Esto permitió que los niveles de dióxido de azufre disminuyeran, por lo que la empresa estatal pudo continuar con sus funciones durante las próximas horas... sin saber que éste era el comienzo del fin de una empresa histórica de la denominada «Zona de Sacrificio».
Pasadas las 9:00 horas del mismo 6 de junio, alumnos de al menos cinco colegios y dos jardines infantiles de Quintero y Puchuncaví, comenzaban casi de manera instantánea a reportar malestares como mareos, náuseas, dolores de cabeza y de estómago. Los profesores comenzaron a derivarlos a las respectivas unidades de salud de los establecimientos, mientras que otros debieron pedir asistencia en centros médicos.
En total, y según informó posteriormente la Delegación Presidencial Regional, fue casi un centenar de personas, entre alumnos, profesores y trabajadores de la educación de ambas comunas, los que presentaron síntomas de intoxicación. Si bien, las causas de lo ocurrido no estaban claras, todas las miradas apuntaron hacia la fundición de Codelco Ventanas, recordando el episodio contaminante de hace unas horas atrás.
Corría el año 1964 cuando la Empresa Nacional de Minería (Enami) pensó en la pequeña localidad de Las Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, para instalar allí una planta que transformara en cobre comercializable el mineral que se extraía en bruto desde las mineras del país, labores que cumplen las 858 personas que en la denominada División Ventanas se desempeñan.
En este lugar, hoy a cargo de Codelco, el 50% del cobre que se procesa proviene de concentrados de la pequeña y mediana minería de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins; mientras que el otro 50% lo hace desde la gran minería, vale decir de las Divisiones Andina, Teniente y Anglo American.
El resultado de sus operaciones se traduce en una producción anual de 420.000 toneladas en su fundición; de 400.000 toneladas en su refinería; y en 360.000 toneladas en ácido sulfúrico.
Pero todo este trabajo derivó en problemas medioambientales. Los primeros registros apuntan a Enami y Chilgener (Chilectra), en 1990, año en que se reconoce que existen conflictos de este tipo en la zona, por lo que se promulga en 1991 un Decreto Supremo del Ministerio de Minería que regula a establecimientos y fuentes emisoras de anhídrido sulfuroso, material particulado o arsénico. De esta manera se instala la primera red de monitoreo permanente y se crea un plan de descontaminación en 1992.
Si bien, los problemas se siguieron reportando con el paso de los años, un hito importante que marca la historia de la fundición se registra el 2003, cuando Enami traspasa la empresa a Codelco. Esto, según cuentan expertos citados en diversos medios de comunicación, como una forma de solucionar los conflictos medioambientales cada vez más frecuentes en la zona.
Aunque los principales episodios de contaminación (como los de 2014 y 2018) apuntan a empresas como Agunsa, ENAP y AES Gener, todas presentes en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví, lo concreto es que Codelco Ventanas también registró algunos eventos reportados por la autoridad. Pero no fue hasta tres lunes atrás que su nombre está en la palestra de todos los medios de comunicación y redes sociales.
"Codelco Ventanas, que es el responsable, tiene que ajustar sus planes operacionales a las condiciones meteorológicas, y hoy las condiciones de ventilación en la bahía son prácticamente nulas. Por lo tanto, en condiciones adversas, no se puede fundir para no provocar esta situación", dijo el 6 de junio el gobernador Rodrigo Mundaca, apuntando con nombre y apellido a la estatal.
A esto le siguieron reuniones entre las autoridades regionales y representantes de las 14 empresas del cordón industrial; sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra la fundición Codelco Ventanas; y un encuentro entre el gobernador Mundaca con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, donde comenzó a sonar fuerte la opción de cerrar la planta en Puchuncaví.
Durante una entrevista con CNN Chile, Pacheco abordó por primera vez de manera pública la posibilidad de cerrar Codelco Ventanas: "Primero, les dije a los trabajadores que entiendo perfectamente bien lo difícil que es el vivir en esta incertidumbre y que me comprometo a que vamos ‘cortar el queque'", y se comprometió también a que "no se enterarán por la prensa de las decisiones", y que "estamos apurando el tranco para tomar una decisión".
A pesar que del tema se venía hablando desde hace días, lo cierto es que a todos tomó por sorpresa la decisión adoptada por el directorio de Codelco, el que el viernes 17 de junio decidió reunirse y acordar, por cinco votos contra tres, el cierre de sus operaciones, acción que se llevará a cabo de manera progresiva, en un tiempo de cinco años, pero total y absolutamente definitiva.
A través de un comunicado, informaron que "luego de una sesión extraordinaria, el directorio de Codelco aprobó por mayoría avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas, medida que requiere modificar la Ley N° 19.993, que obliga a la Corporación a fundir los minerales de Enami exclusivamente en la planta de Ventanas. El acuerdo sólo involucra al proceso de fundición, ya que la refinería no está en cuestión".
Junto a explicar que entre 2010 y 2017 invirtieron US$ 156 millones en obras medioambientales para bajar sus emisiones y capturar el 95% de los gases, Codelco Ventanas afirmó que "una potencial inversión de US$ 54 millones para aumentar la captación de gases, no es garantía de que no se produzcan nuevos episodios de contaminación, debido a la crisis socioambiental del polo industrial, el riesgo de nuevos peaks y las condiciones atmosféricas de la zona".
Tras este anuncio, uno de los primeros en reaccionar fue el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quien aseguró que "no voy a permitir jamás la privatización, ni directa ni indirecta, de Codelco. El proceso de cierre definitivo de la fundición Ventanas va a venir aparejado de un programa de inversión pública para seguir operando el cobre dentro de la estatal, en zonas no saturadas y cumpliendo los más altos estándares medioambientales".
Como era de esperar, una decisión de tamaña magnitud atrajo consigo una serie de críticas desde diversos bandos políticos. Por ejemplo, el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán (RN), señaló que "Codelco optó por la opción más facilista: en vez de invertir en tecnologías limpias, remediar el daño ambiental, proteger la fuente laboral de sus trabajadores, ser compatible con el desarrollo sostenible y acercarse a sus comunidades, cierra la empresa".
De igual forma, el presidente de Renovación Nacional agregó que "esa es justamente la opción que no resuelve el problema. Hacemos un llamado a Codelco a compatibilizar las fuentes laborales, el remediar el daño ambiental y como uno de los actores relevantes en las acciones judiciales en contra de los que han dañado el medio ambiente en la zona".
Desde el Partido Republicano, la diputada por la zona interior de la región de Valparaíso, Chiara Barchiesi, sostuvo que "lo más grave es la descoordinación de la Ministra de Minería y del Presidente del directorio de Codelco, porque generaron expectativas en los trabajadores. Pacheco dijo que nunca más los trabajadores se iban a enterar de decisiones a través de la prensa y la ministra en su momento anunció US$ 50 millones para invertir en energía limpia, pero finalmente a partir de esta descoordinación el resultado es una medida improvisada".
En tanto, el también diputado por el Distrito 6, Diego Ibáñez (CS), planteó que "el cierre progresivo es necesario. 1 kilo de arsénico por habitante al año y más de la mitad del dióxido de azufre de la zona sacrifican la vida en el territorio y lo ético es ponerle freno. Son vidas en juego (...)Todas las empresas, privadas y públicas, son responsables, pero una inversión pública millonaria para parchar es absolutamente ineficaz para terminar con las zonas de sacrificio. La niñez está involucrada".
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