En el primer juicio oral de este tipo realizado en la región, el tribunal sentenció a tres personas por delitos que incluyen microtráfico, pornografía infantil y prostitución, marcando un precedente en la persecución penal local.
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Por los delitos de microtráfico de estupefacientes y explotación sexual infantil, la justicia dictaminó sentencias condenatorias contra dos mujeres y un hombre. Esta resolución fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Coyhaique, luego de acoger la acusación formulada por la fiscalía local.
Las indagatorias de este caso estuvieron bajo la dirección de Luis Contreras Alfaro, fiscal jefe de Coyhaique, quien también llevó adelante el proceso judicial. En la etapa investigativa, el persecutor trabajó de manera coordinada con dos unidades especializadas de la PDI: la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales.
Respecto a los castigos penales, los magistrados impusieron la pena más alta a una imputada de 25 años, quien recibió 10 años de presidio mayor en su grado mínimo tras ser hallada culpable del ilícito de explotación sexual infantil.
En el caso del único hombre involucrado, un sujeto de 27 años dedicado a efectuar labores de transporte informal de pasajeros, el tribunal estableció penas que en una sumatoria resultan cercanas a los 9 años de cárcel. Este tiempo se desglosa en 4 años de presidio por obtención de prostitución infantil, sumados a 3 años por el porte ilegal de un arma de fogueo adaptable. A esto se añaden 600 días derivados del almacenamiento de material pornográfico infantil y otros 300 días por microtráfico.
Finalmente, la participación de la tercera imputada, de 39 años, fue sancionada con 600 días de presidio, condena fundamentada exclusivamente en el delito de microtráfico de drogas.
Cabe destacar que este procedimiento judicial marca un hito en la zona, ya que corresponde al primer juicio oral desarrollado en la Región de Aysén por explotación sexual infantil.
Durante la formalización de esta causa, efectuada en junio del año pasado, el fiscal Luis Contreras analizó las múltiples variables asociadas a este tipo de crímenes. Al respecto, el persecutor señaló: “En el fenómeno de la explotación sexual infantil siempre se entremezclan situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, de situaciones de negligencias parentales, cosas que están siempre en conjunto con situaciones como el tráfico de drogas, consumo de drogas y además el hecho de que los adolescentes normalmente se ven obnubilados por la existencia de teléfonos celulares u otro tipo de recompensas frente a acciones que, en principio, por su edad, puede que no contemplen o no consideren como riesgosos. Sin embargo, efectivamente, todas esas conductas actualmente están sancionadas por la ley y hay que perseguirlas”.
El desarrollo de este proceso penal requirió el apoyo de diversas instituciones, entre ellas el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, además del Programa Mi Abogado. Es importante mencionar que esta última entidad también participó como querellante en el juicio oral.
De igual manera, la causa contó con la colaboración directa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos perteneciente a la Fiscalía Regional. Su intervención tuvo como objetivo principal brindar protección a las víctimas, además de entregarles orientación y apoyo.
PURANOTICIA
