Consejeros regionales expresaron su molestia ante los continuos beneficios que ha recibido la empresa sanitaria, recordando que se han aprobado una gran cantidad de proyectos, los que finalmente terminan engrosando el patrimonio de esta firma privada.
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Molestos reaccionaron consejeros regionales (cores) de Valparaíso luego de confirmarse que el Estado de Chile, por medio de la Dirección General de Aguas (DGA), deberá intervenir las aguas del río Aconcagua para aumentar el caudal del embalse Los Aromos y abastecer con agua potable a la población de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, zona conocida como el Gran Valparaíso.
Su enfado radica en que esta infraestructura con capacidad de 35 millones metros cúbicos (m³), ubicada 5 kms aguas arriba de la desembocadura del río, en la comuna de Limache, es usufructuada por Esval, empresa sanitaria privada que se beneficia con dicha acción estatal, pues luego comercializa el recurso hídrico en los clientes que habitan esta zona de la región, los que equivalen a más de 1 millón de personas.
Cabe recordar que la decisión de intervenir el curso fluvial que atraviesa toda la región de Valparaíso –nace en la Cordillera de Los Andes y termina en el Océano Pacífico– se tomó luego que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) les diera plazo hasta el miércoles 8 de junio a las juntas de vigilancia de las cuatro secciones que administran el río para que lograran un acuerdo que los beneficie a todos y puedan redistribuir las aguas para derivarlas al embalse Los Aromos y, así, llegar con agua al Gran Valparaíso.
Pero llegada la fecha, no tan sólo no se obtuvo el tan esperado consenso entre los representantes de las juntas de vigilancia, sino que además éstas terminaron distanciando aún más sus caminos a raíz de sus posturas expuestas en las mesas de trabajo dispuestas por el MOP, a través de su Secretaría Regional en Valparaíso.
Una vez comprendida las razones que derivan en la intervención del Estado en el río Aconcagua –teniendo siempre presente que el origen de todo está en los 13 años de sequía en la región de Valparaíso–, vale avanzar al centro de la molestia de los consejeros regionales: el beneficio de Esval.
El primero en abordar la materia fue el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Agricultura y Ganadería del Consejo Regional, el core Iván Reyes Figueroa, quien señaló que el agua que se traspasará al embalse Los Aromos no es la única ayuda que ha recibido Esval de parte del Estado, recordando la gran cantidad de proyectos de alcantarillado que el mismo Core de Valparaíso ha financiado.
"Nosotros construimos los alcantarillados, pero después Esval nos cobra por el uso de ese alcantarillado. Entonces, son cosas que me parecen injustas, en el sentido del negocio en sí, porque es fácil hacer negocios de esa manera, donde el sacrificio es mínimo respecto a las utilidades que generan", comenzó la autoridad que representa a la provincia de San Felipe en el Consejo Regional.
De igual forma, sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que "esa es la gran injusticia que existe, porque Esval es una empresa que está concesionada y que tiene como objetivo entregar el agua para el consumo humano, pero la materia prima, que es el agua no tratada, Esval la recibe prácticamente a costo cero". Así fue como apuntó a la falta de inversiones por parte de la empresa sanitaria privada.
El core Ricardo Aliaga Cruz también se sumó al debate, manifestando al respecto que Esval "no ha hecho inversión, no ha desarrollado ciencia, no ha incorporado innovación. Y es preocupante que el Estado tenga que estar subsidiando a una empresa privada. Es curioso que el Estado tenga que salir en auxilio de un privado, en vez de decir que como Estado van a solucionar el problema".
Junto a esta primera crítica, el presidente de la Comisión del Agua del Core de Valparaíso sumó otro factor: la nula inyección de recursos propios para ejecutar proyectos. En ese sentido, apuntó que Esval "no hace las inversiones que les corresponde hacer para poder tener su materia prima asegurada y cumplir con lo que es su función: abastecer de agua potable" a la región de Valparaíso.
En esta tónica se sumó el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional, el core Manuel Millones Chirino, quien dijo a Puranoticia.cl que Esval, "conociendo su área de operaciones, debió anticiparse y tomar los resguardos, sobretodo para asegurar el consumo humano, sumado a inversiones para solidificar su fuente de origen del vital elementos".
No obstante a aquello, la autoridad que representa a la parte norte de la provincia de Valparaíso manifestó tajante que "no se ve nada en el horizonte, lo cual es muy grave, porque estas empresas son monopólicas y los ciudadanos no tenemos opción de elegir quien nos provea el agua".
En tanto, el core Aliaga planteó que "nosotros, como Gobierno Regional, como Estado, hemos invertido mucho en saneamiento, en alcantarillado, en conexiones de redes de agua potable, que también vienen a engrosar el patrimonio de Esval, una empresa privada. Eso nos ha preocupado estos últimos años".
Como una forma de subsanar este problema que manifiestan los consejeros regionales, Iván Reyes emitió una dura propuesta: "Siento que necesariamente tiene que haber una revisión de las concesiones, porque debe haber una mayor exigencia a las empresas sanitarias para que hagan las inversiones que corresponda".
Esto, a su juicio, significa que "tiene que haber una mayor exigencia, especialmente en cuanto a las inversiones que tiene que ir desarrollando Esval para poder buscar las nuevas fuentes de agua que se requieren. Ellos no pueden descansar en que el Estado sea el que tiene que proveerlos de agua; no, ellos tienen la obligación de hacer inversión".
Junto a asegurar que "uno ve mucha despreocupación por parte de Esval", el consejero Aliaga sumó otra propuesta: "Hay soluciones, pero no las hace el privado; entonces realicémoslo nosotros como ente público, pero no le estemos dando las ganancias al sector privado cuando la inversión la hace el sector público. Ahí me hace mucha fuerza que el Estado debiese emprender, comenzando con todo el saneamiento rural, por ejemplo".
Esto –prosiguió– "no debiese por qué ser privado, no debiésemos por qué pasárselo a Esval si no están invirtiendo. Es decir: donde inviertan, que lucren".
Una de las grandes soluciones que se prevén en el país ante la falta del recurso hídrico es la construcción de plantas desalinizadoras, es decir que extraen la sal del mar y la convierten en agua potable, tal como se hace en algunas partes del país como en la región de Atacama o con Essbio, empresa "hermana" de Esval que sí invirtió en estas infraestructuras para las regiones de O'Higgins y Biobío.
"La pregunta es por qué Esval o los Gobiernos no concretaron los proyectos de plantas desalinizadoras o se tramitaron proyectos de ley para obligar al uso de aguas grises o negras con uso exclusivo para la industria. Estoy seguro que si se hubieran tomado en serio los informes de los científicos y actuado sobre la base de la comprobación empírica del comportamiento del clima y sus efectos en la naturaleza, otro gallo cantaría", expuso el core Manuel Millones a Puranoticia.cl.
Por su parte, el core Iván Reyes se preguntó: "¿Qué pasa con el tratamiento de las aguas residuales? ¿Qué pasa con una planta desalinizadora? Es obligación de Esval buscar las fuentes de agua y no esperar a que el Estado le siga entregando, por normativa, la materia prima para que ellos puedan tratar el agua y entregar el servicio como corresponde".
Y concluyó con más interrogantes: ¿Dónde está la planta desalinizadora? ¿Dónde están las nuevas fuentes de agua que ha salido a buscar Esval para poder cubrir la deficiencia del agua? No existe. Como Gobierno Regional hacemos las inversiones en alcantarillado, que no es poco recurso. Bueno, ¿cuánto invierte Esval? ¿Dónde está la política de compensación respecto a la inversión?".
La core Tania Valenzuela Rossi también entró al debate, abordando el tema desde las facultades que tiene el Estado para intermediar en estos procesos. En ese sentido, comenzó su intervención explicando que en noviembre de 2019, el Gobierno Regional de Valparaíso convocó a la Mesa de Aconcagua para formar parte de la discusión sobre la distribución del río Aconcagua y la situación del embalse Los Aromos.
Fue en este marco donde se dio la discusión entre las juntas de vigilancia, donde también participaron municipios y Delegación Presidencial. No obstante, y como ya se ha dicho, no se llegó a acuerdo y el Estado debió intervenir. "Para ello, se estableció, en primer lugar, garantizar el consumo de agua humano, evitar cualquier afectación a las APR y asegurar su acceso a la agricultura familiar campesina".
Según la core Valenzuela, el problema está en que "el Estado tiene escasas facultades para intermediar" en estos procesos, pues son los propietarios de derechos de agua y Esval quienes deben presentar propuestas sobre su distribución. Por ello, "lo ocurrido en Aconcagua representa el fiel reflejo de un modelo que debe terminar, donde la privatización del agua ha generado poca capacidad de acción por parte del sector público y las exigencias hacia las sanitarias son prácticamente nulas".
"Esval, por ejemplo, no hace más que aprovechar este vacío para evitar cualquier tipo de inversión en esta materia, incluyendo servicios de saneamiento sanitario y tratamiento de aguas servidas que siguen siendo sostenidos en gran parte con recursos públicos", agregó la representante de la zona norte de la provincia de Valparaíso.
Finalmente, subrayó que "tras varias semanas de trabajo, cobra vital importancia la discusión que hoy se da sobre un cambio constitucional que permita proteger, garantizar y establecer una gobernanza participativa y descentralizada sobre este vital recurso, además fiscalizar y exigir inversión por parte de las sanitarias".
PURANOTICIA
