"Proyecto alternativo hay y es de conocimiento de las autoridades, por lo que esta injustificada e irrazonable desproporción aún se puede superar", indicó Juan Carlos Manríquez, abogado de la empresa que materializó el edificio que albergaría al Hotel Punta Piqueros en Concón.
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"Injustificada, dañina, irrazonable y desproporcionada". Estos cuatro adjetivos son los que utilizó el abogado de la Inmobiliaria Punta Piqueros, Juan Carlos Manríquez, para referirse a la decisión adoptada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso en orden a demoler las obras del Hotel Punta Piqueros que se construyó a orillas de mar en la comuna de Concón, en la región de Valparaíso.
El profesional criticó fuertemente la decisión adoptada por la autoridad regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y adelantó que recurrirán incluso a organismos internacional con tal de revertir esta resolución, recordando también que la empresa que representa ha presentado opciones para utilizar en otros rubros el edificio que ya se encuentra prácticamente finalizado en su obra.
Antes de pasar a detallar las declaraciones del jurista, vale hacer presente que esta esperada decisión llegó a eso del mediodía del jueves 25 de enero y que se dio en el marco del fallo emitido en mayo del 2022 por la Corte Suprema en orden a que debía ser la Seremi de Vivienda y Urbanismo la entidad que tenía que pronunciarse respecto al futuro de la construcción, dictamen que llegó casi dos años después.
"Se cumplen las dos causales que establece el artículo 157 para ordenar, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras, dado que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso municipal", indicó durante aquella jornada la seremi Belén Paredes.
En base a esta situación, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la Inmobiliaria Punta Piqueros, confirmó a Puranoticia.cl que van a impugnar esta decisión y que "recurriremos a todas las vías constitucionales, legales, administrativas e institucionales, nacionales e internacionales, y mantendremos con energía las acciones indemnizatorias ya emprendidas, en los plazos respectivos".
"La orden de demolición total no es sólo injustificada, sino que ante todo es irrazonable", añadió el profesional de las leyes.
En ese sentido, especificó que la decisión adoptada por la bajada regional del Minvu en Valparaíso "introduce un riesgo de daño altísimo en una zona donde los más prestigiosos científicos del país y los organismos ambientales han reconocido que se cuenta con permisos; la biota marina, la avifauna y la flora se han restablecido; y que se puede afectar el campo dunar con las remociones. O sea, es una decisión por donde se la mire desproporcionada".
Juan Carlos Manríquez también ahondó en los eventuales daños colaterales que traería la demolición de la obra construida en el borde costero de la comuna de Concón, indicando que estos serían "daño a la biota marina, al área de protección, al campo dunar, a la flora y avifauna ya reinstalada y muchos otros".
Luego se detuvo en los eventuales daños al patrimonio fiscal, asegurando que hay "otros medios alternativos en el uso racional de los recursos públicos y un proyecto alternativo de primer nivel para superar el incordio con mesura".
Y es que vale hacer presente que luego de 10 días hábiles desde la fecha de notificación de la resolución, y sin que haya existido reclamación de ésta ante la justicia ordinaria, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso procederá a iniciar las tramitaciones necesarias para llevarla a cabo, además de financiarla.
Dicha acción también tendrá que contar con un proyecto y las respectivas tramitaciones administrativas sectoriales que se requieran, incluido el ingreso de la iniciativa final al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso.
Durante la conversación del abogado con Puranoticia.cl también hizo hincapié en otros daños colaterales que traería la decisión de demoler el Hotel Punta Piqueros, como "el riesgo de saqueos, como los ocurridos en el edificio Kandinsky, en que la sola mención a restricciones de uso motivó a bandas organizadas de delincuentes a desvalijar el inmueble, con todo el debate posterior que eso ha traído".
Por ello es que cree que la resolución de la Seremi de Vivienda "hace tabla rasa la Constitución, tratados internacionales, la ley, la protección medioambiental y la mesura. Por eso ejerceremos todas las acciones donde corresponda, inclusive para corregir decisiones anticipadas sobre el caso, en que extralimitados en sus decisiones, algunas instancias han actuado imbuidas por estos errores notorios".
También puso el acento en el "daño institucional; al medio ambiente; a los derechos legítimos del privado, que siempre construyó con permisos y RCA vigentes, de acuerdo al PRC que existía; y con exhaustivas autorizaciones municipales, del Consejo de Ministros, de la DOM respectiva y de la autoridad marítima".
"Jamás se levantó un metro de manera furtiva o poniendo en peligro la vida o la salud de sus ocupantes, como se dijo tan liviana e impropiamente por muchos. El edificio se modeló en laboratorios expertos, con los más altos estándares mundiales anti-tsunami y con las protecciones y vidrios de primer orden mundial, desmintiendo incluso fotografías amañadas tomadas desde lejos que pretendían dar engañosamente una visión distinta", aseguró el representante de la Inmobiliaria Punta Piqueros.
Es en este contexto donde Manríquez reiteró que "una revisión seria de todos estos datos sólo avala lo que decimos: una demolición total de la estructura es injustificada, dañina, irrazonable y desproporcionada".
Cabe hacer presente que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 157, que es el que esgrime la Seremi de Vivienda para aplicar la democión total otorga la posibilidad de decretar también una demolición parcial de la estructura, lo cual –a juicio del abogado Juan Carlos Manríquez– es "menos dañina, racional y proporcional" y evita esta "verdadera sanción al sentido común y a la sanidad del ecosistema".
El jurista de Inmobiliaria Punta Piqueros también comentó que todas las autoridades "saben que es factible, conforme a las leyes vigentes anexas al Plan Regulador Comunal (PRC) 2017 o, de acuerdo al congelamiento normativo al que tenemos derecho, según el PRC 2011, y que se debate en tribunales, que hay más de una alternativa razonable para evitar el enorme daño que acarrea la demolición total".
En ese punto explicó que una vía alternativa supone que, como la Municipalidad fue la que otorgó el permiso de edificación el 2011 y que el edificio se construyó en el marco de ese permiso, fue posteriormente la misma casa edilicia la que cambió el Plan Regulador el 2017, con condiciones de altura y constructibilidad que el edificio hecho con sus permisos hoy no cumple. "El Municipio puede modificar el PRC también para este caso, como lo busca para otros, y busque soluciones al edificio ya construido, en el marco de ese permiso municipal y de su propia conducta como órgano".
Bajo esta premisa, recordó que "tienen en sus manos un proyecto de aprovechamiento de la estructura del inmueble, que es viable, ecosustentable, moderno y de claro beneficio social, proyectado por reputados expertos, con el conocimiento y aprobación de quienes sostienen a los más acérrimos opositores, que nos han dicho hace muy poco que se oponen a la demolición y que no están de acuerdo con ella por sus perniciosos efectos colaterales".
Finalmente el abogado Juan Carlos Manríquez sostuvo que "basta un poco de disposición a favor de la comunidad para sacarlo adelante y nosotros seguimos dispuestos a ello. Proyecto alternativo hay y es de conocimiento de las autoridades, por lo que esta injustificada e irrazonable desproporción aún se puede superar".
Considerando que la idea de demolición parcial ya fue presentada ante el Concejo Municipal de Concón, órgano que decidió rechazarla porque a su juicio se mantiene el peligro ambiental, ha surgido la opción de que sea la propia ciudadanía la que decida el futuro de esta obra, por medio de una consulta o plebiscito; esto, a la espera de las acciones judiciales que la Inmobiliaria Punta Piqueros ya anunció que tomará, incluso llegando a instancias internacionales, tal como lo reconoció el abogado Manríquez.
PURANOTICIA
