Sistema cuenta con recursos sólo hasta mayo para pagar sueldos, tras el fin de la prórroga del último convenio en junio, y por la demora en el traspaso de recursos aprobados y acordados tras convenio entre el Gore y la Subsecretaría de Prevención del Delito en enero.
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Al estilo de las grandes pautas de prensa a las que le gusta asistir al Gobernador Rodrigo Mundaca, así se lanzó a finales de enero pasado el denominado “Convenio de televigilancia móvil” para la Región de Valparaíso.
El ambicioso plan que se dio a conocer con la asistencia del Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, buscaba darle continuidad al sistema de monitoreo de drones implementado en el Gobierno anterior, pero además habilitar una sala de crisis o sala espejo en el Gobierno Regional de Valparaíso, con el objetivo de disponer de imágenes en vivo, control de contingencias y tomar decisiones para el control de situaciones. Esta sala, según el pomposo anuncio, contaría con las imágenes en vivo, provenientes desde los drones, y adicionalmente se pretenía contar con imágenes desde las municipalidades que tengan salas de operaciones con cámaras de televigilancia de toda la región y así tener una especie de Gran Hermano de la seguridad.
Pero la realidad de hoy es que todo quedó en el anuncio.
Para entender este fail, hay que remontarse a 2019, cuando fue implementado en varias regiones del país, incluida la de Valparaíso, el "Programa de televigilancia móvil", que consiste en el uso de drones que supervigilan las ciudades, proceso en el que participó la Ministerio del Interior (Intendencia Regional), el Gobierno Regional (Core en ese entonces) junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de un convenio por $2.216 millones, que duró desde 2019 hasta 2022, momento a partir del cual la Subsecretaría inyectó recursos prorrogándolo sucesivamente hasta ahora.
Debido a esto es que el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó a fines de diciembre del año pasado una cartera de iniciativas relacionadas a reforzar la seguridad pública en la zona por casi 1.700 millones de pesos ($1.691.481.327), buscando dar con ello continuidad y mejorando el "Programa de Televigilancia Móvil" en la Región de Valparaíso.
Sin embargo, pese a aquello hoy por hoy la situación está color de hormiga en dicho programa, pues aunque en enero el Gore y la Subsecretaría de Prevención del Delito firmaron el “Convenio Marco de Colaboración Televigilancia Móvil en la Región de Valparaíso 2024-2026" para colaborar económicamente con el plan de televigilancia regional, el asunto quedó en una bonita nota de prensa pero cero recursos pues aún los dineros de dicho acuerdo no han sido traspasados al programa, por lo que éste continúa funcionando con fondos de la última prórroga que hizo la Subsecretaría, convenio que finalizaba en marzo, se extendió hasta junio y cuyos fondos se terminan este mes, lo que significa que en este preciso momento no hay sueldo para mayo para los 11 funcionarios contratados en ese programa ni para los drones.
En este punto hay que precisar que el "programa de televigilancia móvil" vigente contempla sólo el uso de drones, no hay cámaras de televigilancia u otros, y son en específico seis para toda la Región de Valparaíso, pero aquello no está ocurriendo y sólo se utilizan cinco. Estos se monitorean en una sala instalada en el zócalo del Gobierno Regional y son operados por funcionarios del programa y la empresa Ignous, que desde que comenzó la iniciativa, en 2019, hasta la fecha, presta el servicio primero mediante el convenio formal y luego a través de las múltiples prórrogas al mismo.
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Pues bien, el "nuevo convenio" firmado en enero por el gobernador Rodrigo Mundaca y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dado a conocer por la prensa a través de una actividad en el cerro Bellavista junto al alcalde Jorge Sharp, significaba la continuidad operativa de estos drones, pero aumentándolos a 8 en la región; su mejora, lo que permitiría su uso en otro tipo de contingencias, tales como apoyo en el combate de incendios, búsqueda de personas, monitoreo y control en zonas cordilleranas o zona costera, controles nocturnos, entre otros; la habilitación de una sala de crisis o sala espejo en el Gobierno Regional de Valparaíso, con el objetivo de disponer de imágenes en vivo, control de contingencias y tomar decisiones para el control de situaciones; el uso de pórticos de lectura de patentes, equipamiento que permite recolectar información y, a su vez, compartirla con las policías para el registro y detección de vehículos con encargo por robo; y mejoras en la capacidad de las actuales cámaras de vigilancia en algunas unidades, para complementar la detección de placas patentes, esto a través de un software que con la imagen permita obtener la data de las patentes, lo que complementará a los pórticos de lectura.
En dicho nuevo acuerdo se estipuló que $889.746.792 estaban destinados para la continuidad operativa de los drones; $143.818.200 para mejora de drones para contingencias; $504.978.835 para la sala espejo que solicitó el gobernador; y $152.937.500 para la mejora en la capacidad de las actuales cámaras de televigilancia. Sin embargo, nada de esto se ha podido implementar y ninguno de estos dineros se ha podido utilizar porque -hasta la publicación de esta nota- aún se esperaba la firma del gobernador Rodrigo Mundaca para el convenio de transferencia que, efectivamente, transpase los dineros al programa. El problema es que incluso si firmase este jueves o el viernes, el proceso no podría avanzar más rápido porque al ser una inyección nueva de recursos tan altos requiere que se realice una licitación, lo que tomará -al menos- un par de meses.
Hay que considerar que desde antes de 2023 la Subsecretaría de Prevención del Delito ha ido transfiriendo recursos a la Delegación para ir "tapando" la falta de recursos en los programas, por lo que se han firmado sucesivos convenios. Este último vigente, que permite la operatividad de los cinco drones actuales, vencía en marzo, pero se solicitó extensión hasta junio, lo que habilitaría al programa seguir funcionando, pero mientras aquello no se materialice el plan tiene recursos sólo hasta este mes. Esto implica también otro problema: la operatividad de los drones, los actuales y los nuevos, depende de la nueva licitación pendiente.
Lo que queda entonces por despejar es la firma de Mundaca para que luego el documento pase a manos del Subsecretario Eduardo Vergara y así avanzar lo antes posible para llamar a licitación pública.
El consejero regional Manuel Millones manifestó estar preocupado por la continuidad de vigilancia de los 5 drones vigentes. “Molesta que tengamos nuevamente la incertidumbre de la continuidad del plan de vigilancia mediante los drones, pese a los fondos que aprobamos a comienzos de año para dar continuidad todo el 2024 y aumentar la cobertura a 8 drones. No obstante he recibido la información de que aún no se hace la licitación y los fondos de la renovación vía prórrogas de contrato concluye con el servicio hasta fin de mayo. Entonces nos enfrentamos otra vez con el problema de poder perder esta importante herramienta, con el consiguiente golpe a la seguridad y también a la eventual desvinculación de los operadores de drones”.
Además, añadió que “lo ideal es que la prefectura aeropolicial que se emplazó en Rodelillo pueda operar un plan de drones, los que se pueden complementar con los financiados por el Gore y así aumentar la cobertura y frecuencia”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional, John Byrne, dijo que “sobre continuidad del programa de drones, es responsabilidad de la Delegación Presidencial quien ve los temas de seguridad operacional, así que lo discutiremos en el Pleno del día 23 de mayo”, recordando sobre el convenio que termina ahora que “la delegación aún no hace la licitación. Ya lo extendió dos veces en forma directa. Además este proyecto se financia con fondos regionales porque Interior no lo hace”.
Puranoticia.cl consultó sobre este tema tanto a la Delegación Presidencial Regional como a la Gobernación Regional de Valparaíso, pero hasta el cierre de esta nota no pudieron responder nuestras consultas. Además de la duda sobre qué pasará con la operatividad de los drones actuales y de la implementación del nuevo convenio, queda por despejar qué hacen específicamente estos artefactos, dónde operan y quiénes fiscalizan su efectividad, sobre todo considerando la grave crisis de seguridad latente en las calles de la Región de Valparaíso.
PURANOTICIA
