Acusan falta de colaboración y transparencia en el proceso que busca esclarecer el naufragio.
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Los familiares de los siete pescadores artesanales desaparecidos en el naufragio de la embarcación Bruma han decidido ampliar la querella criminal contra la tripulación del pesquero industrial Cobra, acusándolos de "obstrucción a la investigación". La medida surge a raíz de un "cambio de versiones grosero" por parte de los tripulantes.
El incidente ocurrió el 30 de marzo en las cercanías de la Isla Santa María, cuando el pesquero, de propiedad de la empresa Blumar, colisionó con la embarcación de los pescadores.
El abogado de las familias, Rafael Poblete, explicó que la decisión se basa en las conclusiones de la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) de la Armada, que desmiente las versiones iniciales de la tripulación. Según Poblete, la investigación de la Armada establece que la lancha Bruma era visible desde el puente de mando del Cobra y que su capitán, Roberto Mancilla, sintió no uno, sino dos ruidos, lo que contradice la versión inicial de que no habían sentido nada.
Además, el abogado enfatizó que la embarcación Bruma no estaba en un lugar prohibido y que tenía su luz de tope encendida. La querella también apunta a la falta de registro de cámaras que, por ley, debía tener el pesquero, lo que aumenta las sospechas de la familia.
El abogado de la tripulación del Cobra, Alejandro Espinoza, sostiene que la investigación de la Armada descarta la intencionalidad, calificando lo sucedido como un accidente. Espinoza también aseguró que no hubo cambios de versión, ya que los ruidos siempre fueron reconocidos.
A pesar de la defensa, la Armada ha sancionado al capitán del Cobra con la cancelación a perpetuidad de su permiso para navegar. La empresa Blumar tiene un plazo de cinco días para presentar sus descargos finales.
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