El Juzgado de Garantía de Arica rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para ocho de los diez imputados por asociación ilícita y cohecho, entre ellos funcionarios y exfuncionarios públicos.
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El Juzgado de Garantía de Arica decretó este viernes las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para P.A.A.O., C.E.M.H., C.M.M.V., R.A.C.T., F.J.A.F.F., C.E.V.M., M.A.N.S., C.E.C.O., S.L.G.P. y C.M.F.A., imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de asociación ilícita y otros ilícitos de corrupción.
Cuatro de los imputados son funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, tres son exfuncionarios de esa repartición, uno es trabajador de la Dirección de Obras Municipales de Arica (DOM) y dos son particulares que ejercían como consultores en los hechos investigado, los que se habrían perpetrado desde el año 2021 en la ciudad.
En la audiencia de formalización –que se extendió por más de 12 horas y finalizó esta madrugada– la magistrada Ana Paula Sepúlveda Burgos fijó en 120 días el plazo de investigación.
En la resolución, el tribunal desestimó la solicitud de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para ocho de los 10 imputados, por considerar que para establecer el delito de asociación ilícita se requiere elaborar una organización y con fines para delinquir.
“Tal como lo señalan las defensas, que echan de menos este concierto previo para ello, el tribunal siente la falta de esa finalidad, toda vez que los imputados realizaban más bien se observan que eran funciones propias del cargo de cada uno de ellos”, sostuvo la jueza.
Según expuso la fiscalía, diversos funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota se organizaron para utilizar sus posiciones como funcionarios públicos de dicha institución para recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites.
Esto consistía en proporcionar información interna antes de la notificación oficial, entregar información interna reservada que en ningún caso sería proporcionada a terceros ajenos a la misma y manipular el proceso en beneficio de los particulares.
En ese contexto, desde el año 2021 los imputados que laboraban en el servicio público junto a los coimputados consultores particulares se concertaron para actuar de manera organizada para lo cual cada uno cumplía funciones determinadas y contaban con roles y tareas definidas.
La finalidad de los imputados era obtener pagos ilícitos por parte de usuarios particulares de la Seremi de Bienes Nacionales, quienes requerían efectuar diversos trámites de bienes fiscales en este servicio.
Para lograr tales objetivos, según detalló el ente persecutor, la organización contaba con personas en la cima que cumplían los roles de líderes, recaudadores de dinero, otros que cumplían los roles de intermediarios y las personas ajenas al servicio público, además de personas externas que facilitaban los medios para recibir los pagos de dinero.
La estructura, según la Fiscalía, contaba con cuatro líderes, un grupo de funcionarios que eran los brazos ejecutivos de la organización, además de otros que eran captadores.
PURANOTICIA
