
La fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación penal por aborto en contra de Cristina Martín, exseremi de la Mujer y Equidad de Género de Ñuble, al no existir pruebas para sostener la imputación. La causa fue iniciada tras una denuncia presentada por su expareja, imputado en una causa paralela por violencia intrafamiliar.
Durante meses, Cristina Martín fue sometida a una investigación que incluyó diligencias como solicitudes reiteradas al Servicio Médico Legal para realizar peritajes que esa misma institución indicó, en múltiples ocasiones, que no eran factibles, revisión de cámaras de seguridad, toma de muestras e involucramiento incluso de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Francisca Millán, abogada y socia de AML Defensa de Mujeres, estudio jurídico que representó a Cristina Martín, señaló que “la criminalización del aborto no solo ocurre desde el Código Penal, también desde el prejuicio y el sesgo con el que se activan las instituciones".
"A Cristina se la persiguió sin pruebas y con una intensidad desproporcionada. Es urgente discutir la despenalización del aborto con seriedad y sin estigmas. Que ninguna mujer vuelva a ser perseguida y menos aún mientras vive violencia intrafamiliar", añadió.
Cristina Martín valoró el cierre del proceso, calificándolo como un momento de alivio tras un episodio profundamente doloroso. En esa línea sostuvo que "las mujeres no nos embarazamos para abortar. Este proceso ha sido devastador, pero también ha mostrado que la violencia intrafamiliar no es un tema privado y tiene expresiones tremendamente perversas como esta y con la validación del Estado".
"Hoy es un asunto público, y necesitamos confiar en que la justicia nos va a proteger cuando decidimos denunciar. Nadie está libre de vivir violencia, afecta a mujeres de todos los contextos, y poder cerrar esta etapa me devuelve algo de dignidad y libertad. Hoy puedo decir que estoy libre de este proceso, y eso es profundamente importante", concluyó.
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