El ente persecutor buscará esclarecer si los hechos dados a conocer en los últimos días son constitutivos de delitos.
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La Fiscalía de la región de Antofagasta abrió una investigación de oficio por el millonario convenio de la Seremi de Vivienda con la ONG, Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
“La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios”, indica un comunicado.
“La causa quedará asignada al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien buscará establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delito”, agregó el Ministerio Público.
El ente persecutor instruyó la orden de investigar a la Brigada de Delitos Económico Antofagasta de la PDI. Asimismo, solicitó antecedentes vinculados a los convenios al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Contraloría Regional y la Seremi de Vivienda.
La investigación se produce luego de que se conociera que la Fundación Democracia Viva había logrado tres convenios por $426 millones que firmó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Además, Carlos Contreras -quien renunció al cargo de seremi tras conocerse el hecho- fue asesor de la legisladora durante su primer período en el Congreso.
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