Los vecinos sanantoninos se manifestaron frente a la Corte de Apelaciones y la Gobernación Regional de Valparaíso exigiendo respuestas de parte de las autoridades.
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Una multitudinaria manifestación realizaron vecinos de San Antonio, miembros de la comunidad de Nuevos Aires, quienes residen en el megacampamento del cerro Centinela. Esto, en el marco de la presentación que busca hacerlos parte del recurso de protección que ordena su desalojo, por parte del abogado Felipe Olea, en representación de 3.500 familias que hoy sufren la incertidumbre frente a una orden de desalojo emitida por la Corte Suprema para que abandonen dicho terreno, con fecha límite para el próximo mes de octubre.
En la instancia, Karina Ayala, presidenta de Nuevos Aires de San Antonio, señaló que “nosotros vamos a luchar hasta el último por nuestros hogares (...) y si es necesario ir acampar afuera de La Moneda, lo vamos a hacer, porque la gente no va a quedar en la calle y eso lo damos por firmado”.
Es importante destacar que fue el máximo tribunal el que resolvió que los vecinos deberán abandonar el terreno, pero serán las instituciones del Estado las que deben resguardar el bienestar de estas familias, que hoy no saben si podrán continuar o no en sus hogares, pues no ha existido una coordinación entre los organismos; según revelaron por transparencia.
“Este fallo que fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y fue ratificado por la Corte Suprema, no solamente estableció que tenían que realizar el desalojo de esta toma, sino que le entregó un mandato al Gobierno: le dijo que este desalojo tenía que ser en condiciones dignas y que se tenían que buscar soluciones habitacionales”, detalló el abogado Felipe Olea.
En esa línea “solicitamos por ley de transparencia a los ocho organismos que la Corte Suprema ordenó que debían coordinarse para producir este desalojo, y les preguntamos qué estaban haciendo a meses de que éste se realice. Curiosamente y de manera dramática, estos organismos no fueron capaces de entregar una respuesta. Ningún organismo actuó de forma coordinada”, añadió.
Así, los vecinos de San Antonio llegaron hasta la Corte de Apelaciones para mostrar su descontento y marcharon hasta el Gobierno Regional para exigir respuestas por parte de las autoridades frente a la compleja situación que los afecta como comunidad. En la instancia se presentó el encargado de Participación Social y Territorio del Gore de Valparaíso, Jan Johnson; quien sostuvo conversación con dirigentas, pero desconoció la responsabilidad del Gore frente a la situación que afecta a cientos de familias.
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