El Juzgado de Garantía de Rancagua condenó a los exministros de la Corte de Apelaciones a las penas únicas de 5 y 4 años de presidio, respectivamente, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
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El Juzgado de Garantía de Rancagua condenó la tarde de este viernes a los exministros de la Corte de Apelaciones Emilio Iván Elgueta Torres y Marcelo Víctor Alejandro Vásquez Fernández a las penas únicas de 5 y 4 años de presidio, respectivamente, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Ambos se acogieron a procedimiento abreviado en calidad de autores de los delitos consumados de prevaricación, nombramiento ilegal y soborno, en el caso de Elgueta Torres; y nombramiento ilegal, soborno y estafa procesal en concurso medial con uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, respecto de Vásquez Fernández, ilícitos perpetrados entre 2017 y 2018.
En el procedimiento abreviado, el juez Felipe Izquierdo Parga aplicó, además, a los condenados las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos; más el pago de una multa de $773.085 a Elgueta Torres y de $10.000.000 a Vásquez Fernández.
Para la libertad vigilada intensiva deberán cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento por el tribunal, y adicionalmente se impone a los sentenciados la condición contemplada en la letra d) del artículo 17 ter de la Ley 18.216, esto es, la obligación de cumplir un programa formativo en el ámbito cultural.
Para tales efectos, los sentenciados Emilio Iván Elgueta Torres y Marcelo Víctor Alejandro Vásquez deberán presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile de Rancagua, dentro del plazo de cinco días, contados desde que estuviere firme o ejecutoriada la sentencia.
“Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, los condenados cumplirán íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta. En este caso se someterá a los condenados al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva, sin que a la fecha existan abonos que considerar”, añade el fallo.
Para el tribunal, “los hechos descritos y reconocidos por los encartados constituyen las figuras típicas contenidas en la respectiva acusación fiscal, en lo referente a la calificación jurídica, grado de desarrollo y la participación de los imputados en calidad de autores ejecutores, todos los ilícitos en grado desarrollo de consumados”.
En el requerimiento, el ente persecutor sindicó a Elgueta Torres autoría en dos delitos de prevaricación por ayudar a imputados por drogas, 11 delitos de nombramiento ilegal y un delito de soborno. En tanto, a Vásquez Fernández le imputó seis delitos de nombramiento ilegal, un delito de estafa procesal en concurso medial, un ilícito consumado de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y 14 delitos de soborno en casos de drogas.
En los hechos de la acusación aparece Carla Vásquez Valenzuela, hija del exministro Vásquez, quien mediante la intervención de Elgueta fue nombrada como consejera técnica en los juzgados de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, Litueche, Santa Cruz y Peumo, estando inhabilitada para el cargo por su parentesco.
El tercer juez implicado en los hechos, Marcelo Albornoz, se suicidó el 3 de julio de 2019 tras ser suspendido en la investigación sumaria que desarrolló la ministra Rosa María Maggi.
PURANOTICIA
