En prisión preventiva quedó funcionario del departamento de Salud de Placilla investigado por malversación de fondos públicos

En prisión preventiva quedó Felipe Esteban Farfán Tobar, funcionario de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Placilla, tras ser formalizado por el delito reiterado de malversación de caudales públicos, en grado de consumado.

La medida cautelar fue decretada por el tribunal luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, que argumentó que la libertad del imputado constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. El funcionario había sido detenido en cumplimiento de una orden judicial.

Según los antecedentes expuestos durante la audiencia por el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Javier von Bischoffshausen, el imputado se desempeña desde febrero de 2020 en la Dirección de Salud de la Municipalidad de Placilla, donde realiza labores contables y financieras.

La Fiscalía sostiene que, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, habría efectuado 42 transferencias desde cuentas bancarias institucionales de BancoEstado hacia cuentas personales, presuntamente aprovechando su acceso a la gestión financiera del departamento.

De acuerdo con los antecedentes bancarios presentados en audiencia, las operaciones identificadas suman $18.550.000. Entre los movimientos mencionados figuran dos transferencias realizadas en febrero de 2026, por $1.500.000 cada una.

Al resolver la solicitud de medidas cautelares, la magistrada María Teresa Rodríguez consideró los antecedentes bancarios presentados por la Fiscalía, la calidad de funcionario público del imputado, los montos involucrados, la cantidad de operaciones investigadas y la eventual afectación que los hechos podrían representar para la comunidad.

INVESTIGACIÓN SE EXTENDERÁ POR 120 DÍAS

La Fiscalía informó que obtuvo acceso a antecedentes bancarios del imputado protegidos por secreto bancario. En paralelo, la Municipalidad de Placilla continúa revisando sus cuentas para establecer si existen otras operaciones y determinar la eventual magnitud total del perjuicio económico.

El Tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Cabe señalar que la causa se encuentra en etapa de investigación penal. La formalización y la prisión preventiva no constituyen una condena, por lo que la responsabilidad penal del imputado deberá determinarse conforme al desarrollo del proceso judicial, con pleno respeto a la presunción de inocencia.

(Imagen referencial)

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