Costa Luarca S.A. acusa a la universidad de ordenarles obras sin regularizar el contrato y deuda por diversos aumentos de trabajo; mientras que al Centro de Formación Técnica se le apunta por obras adicionales sin regularizar, entre otras presuntas irregularidades.
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Dos denuncias ha presentado la empresa Constructora Costa Luarca S.A. en contra de la Universidad de Atacama y el Centro de Formación Técnica (CFT) de Chañaral, acusando una serie de incumplimientos administrativos y contractuales.
Respecto al plantel universitario, los denunciantes han puesto en duda la transparencia y eficacia administrativa de la institución, a raíz de los problemas registrados en un proyecto a su haber: la construcción del Centro de Investigación en Altura, cuya finalidad es implementar un laboratorio para investigaciones científicas en Atacama.
No obstante, Costa Luarca S.A. expone que el proyecto no ha contado con la regularización de todos los trabajos, cambio de materiales y otros, ni con la formalización de plazos extraordinarios para completar las modificaciones requeridas. Esto, pese a que los trabajos se mantuvieron hasta noviembre de 2023, sin que la Universidad de Atacama haya formalizado la extensión del contrato.
Debido a esto, la empresa solicitó en enero de este año al plantel universitario que emitiera la deuda en notas de cambios que no han sido pagadas, lo que se suma a la negativa de la U. de Atacama a reconocer la continuidad de las obras en tribunales, creando un trato "desigual e injusto" a la firma y sus trabajadores, según indican.
Laura Vallejos, contralora de Costa Luarca S.A., señaló que "fuimos afectados por numerosas irregularidades, como continuar la obra sin regularizar el contrato, la falta de regularización de varios aumentos que a la fecha no han sido pagados, no formalización de plazos, ausencia de supervisión adecuada y falta de compromisos por parte de funcionarios de la U. de Atacama. También ignorar notificaciones, correos y solicitudes de reuniones, que nunca se tuvo respuesta".
También indicó que "es grave que altos ejecutivos de la universidad estén negando la continuidad de las obras a la empresa, lo mismo a los trabajadores, pagos que adeudan a la empresa y trabajadores en tribunales civiles y laborales, lo que constituye una falta de verdad, un trato desigual a la empresa y sus trabajadores”.
Cabe hacer presente que el hecho ha sido informado a la institución, a la Superintendencia de Educación y a otras autoridades de la región de Atacama. Pero eso no es todo, pues también se ingresó una denuncia al Ministerio Público.
La segunda denuncia tiene que ver con el Centro de Formación Técnica de Atacama, ubicado en Chañaral, para el cual la empresa Costa Luarca S.A. debía construir recintos modulares para los años académicos 2022 y 2023, obras que hoy también se encuentran en un litigio debido a presuntas irregularidades, por las que apuntan al ex rector del recinto educacional, Guillermo Silva; y una ex funcionaria, llamada Jessica Ávalos.
En ese sentido, la denuncia apunta a obras adicionales recibidas y ordenadas por la Inspectora de Obras (ITO), contratadas por la Municipalidad de Chañaral, pero que no fueron regularizadas, generándose así el conflicto legal y administrativo. “Una Inspectora de Obra de la Municipalidad de Chañaral, estaba inhabilitada y contratada en el CFT de Chañaral, por el rector de ese entonces”, dijo la contralora Laura Vallejos.
Según consta en la denuncia presentada ante Contraloría, la inspectora de obras fue empleada de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Chañaral, por lo que se encontraba inhabilitada para desempeñar funciones en el CFT de Atacama. No obstante a aquello, el plantel estudiantil de todas maneras la contrató.
Además, afirman que el ex rector se negó a regularizar las constantes modificaciones solicitadas, situación que afectó tanto a los plazos como a los montos del contrato. De todas maneras, las instalaciones construidas se siguen utilizando. También denuncian haber recibido documentación vencida para tramitar permisos de demolición. Pese a ello, la responsabilidad se le endosó a la propia constructura.
“La ex ITO renunció, llevándose toda la documentación de respaldo, agravando la situación. Actualmente las instalaciones están siendo utilizadas, sin regularizar ni pagar las horas adicionales y modificaciones solicitadas por el ex rector y la ex ITO, afectando plazos y montos del contrato”, comentó la contralora.
Finalmente, Vallejos sentenció diciendo que "a la fecha, el CFT Atacama sigue operando sin la recepción definitiva de la obra, lo que cuestiona la legalidad de sus instalaciones. Además, con ello, lo utilizan como excusa para pagar algo, ya que es responsabilidad de ellos el haber contratado una funcionaria municipal en la época que se realizaron las obras".
PURANOTICIA
