Acción fue presentada por los concejales Germán Mayo (UDI) y Fernando Cornejo (DC) en el Juzgado de San Antonio, al que solicitan que tanto el jefe comunal como quienes resulten responsables "sean condenados al máximo de las penas asignadas" por estos ilícitos.
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La polémica adquisición de terrenos a precios por sobre los estimados en las cotizaciones previas tiene contra las cuerdas al alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito Flores, de las filas de Renovación Nacional (RN), quien ahora fue blanco de una querella criminal por los delitos de fraude al Fisco y cohecho, presentada por los concejales de la comuna, Germán Mayo de Goyeneche (UDI) y Fernando Cornejo Ugarte (DC).
La acción judicial –que ya fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de San Antonio– también apunta en contra de "otros funcionarios y particulares" como eventuales responsables de los delitos que se le acusan, motivo por el cual los dos ediles querellantes solicitan al tribunal porteño que tanto el jefe comunal como los otros acusados "sean condenados al máximo de las penas asignadas" por estos ilícitos.
Tal y como ya lo había relatado oportunamente Puranoticia.cl en sendos reportajes publicados el año pasado, el 2021 la Municipalidad de Santo Domingo, administrada por el alcalde RN Dino Lotito, expresa en Concejo Municipal que necesitaba adquirir inmuebles a fin de postular al financiamiento de viviendas sociales. En razón de ello, se gestó la necesidad de desarrollar un plan social de viviendas, cuestión que generó una serie de consultas y antecedentes que lo hicieran posible.
Así es como se le consultó a la Seremi de Vivienda de Valparaíso –del Gobierno del presidente Sebastián Piñera– la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de viviendas sociales. De esta manera, la cartera regional habría autorizado, entre otras cosas, adquirir un terreno para llevar a cabo el proyecto mencionado. Esto no se concretó en un documento o decreto ministerial procesal y legalmente tramitado en su totalidad.
En ese contexto, el alcalde Lotito, mediante un Decreto Alcaldicio –de agosto de 2021– autorizó la compra directa de un inmueble denominado «Lote 1», de 6.489 m2, a la sociedad "Inmobiliaria Puerto Nuevo Sociedad de Responsabilidad Limitada". El precio de compra fue fijado en $980 millones ($980.000.000), luego de haber pasado por tres tasaciones: una de Julio Chacón, por $1.750 millones; otra de Silvia Duhalde, por $1.100 millones; y la última de Rodrigo Villamandos, también por $1.100 millones.
Pero luego, mediante otro Decreto Alcaldicio –de diciembre de 2021– Lotito autorizó comprar otro inmueble, a la misma sociedad, denominado «Lote 4 A-2», de 18.003 m2. Éste, no obstante, tuvo un valor de $2.300 millones ($2.300.000.000).
Para ello, se realizaron cuatro tasaciones: una de Álvaro Torrijos, por $2.300 millones; otra de Silvia Duhalde, por $2.200 millones; una tercera de Rodrigo Villamandos, por $2.100 millones; y la última del Banco BCl, por $848 millones ($848.589.000). Cabe hacer presente que esta última tasación, la más conveniente, fue remitida por el banco a la Municipalidad de Santo Domingo tras ser solicitada por ésta.
Pese a ello, la administración municipal de Santo Domingo compró el terreno a $2.300 millones, vale decir, $1.451.411.000 más que la tasación del BCI, es decir a un eventual sobreprecio, tal y como ocurrió en la Municipalidad de Santiago con el bullado caso «Sierra Bella», donde la administración de la alcaldesa Irací Hassler compró un inmueble por $8.200 millones, pese a que el avalúo fiscal era de $1.940 millones.
"Se aceptó una compra directa con desapego a normas mínimas de licitación sobre todo cuando se comprometen fondos fiscales", señalaron los concejales Mayo y Cornejo a través de la querella interpuesta en el Juzgado de San Antonio.
Los ediles también exponen que el bien raíz adquirido por el Municipio "no tiene la mecánica de suelo adecuada para la construcción de viviendas sociales (edificaciones de 7 metros de altura), en cuanto el terreno presenta características difíciles de tratar para tal objetivo, que, de perseverar en construir ahí, significó una erogación fiscal de envergadura". En otras palabras, se adquirió un terreno inservible.
Un hecho no menor que también se detalla en la querella es que antes de materializar esta cuestionada compra, se estudió la posibilidad de permutar un terreno municipal por uno ofrecido por un tercero, ubicado a 300 metros del que finalmente se compró. Esto, a juicio de los Mayo y Cornejo, "hubiese sido muy beneficioso" en términos económicos y técnicos, ya que no había desniveles y los costos de construcción serían menores. El ofrecimiento nunca fue respondido por el alcalde Dino Lotito.
Frente a los hechos denunciados, los concejales querellantes plantean que éstos configuran el delito de fraude al Fisco, explicando que "estamos en presencia de una estafa calificada, que se pena como tal y que no pasa por un engaño de una a otra persona, sino que pasa por la decisión del funcionario público para defraudar y perjudicar por faltar a los deberes en forma flagrante frente al deterioro fiscal, por lo demás inútil frente al plan de viviendas pretendido".
También dicen que se desprenden eventuales conductas de aprovechamiento y recibo de recompensas por el desmedro administrativo provocado, por lo que piden investigar si se configura el delito de cohecho, cuestionándose si hay intención de privilegiar la compra del terreno por la conveniencia de favorecer y si la posterior construcción favorece a quienes intervengan en la edificación de las viviendas sociales.
Por todos estos argumentos es que solicitaron acoger la querella por fraude al Fisco y cohecho en contra del alcalde Dino Lotito Flores, "por haber comprometido el interés y patrimonio municipal, al adoptar fuera de todo deber una resolución alcaldicia, permitiendo la adquisición de un bien raíz con una tasación desmedida para lo que pudo ser un buen proyecto de viviendas sociales para la comuna y respecto de los responsables que, directa o indirectamente, por beneficio propio, hayan permitido con promesas o dádivas que ese desmedro municipal se produjere".
Cabe hacer presente que el Juzgado de Garantía de San Antonio respondió favorablemente a dicha solicitud, indicando que "reuniendo la querella los presupuestos de procedencia establecidos en los artículos 111, 112 y 113 del Código Procesal Penal, se la declara admisible. Remítase para su tramitación al Ministerio Público, conforme a lo prevenido en el inciso 2° del artículo 112 del citado cuerpo legal".
Puranoticia.cl se contactó con el concejal Germán Mayo, quien sólo se remitió a indicar que "este es un tema que está en un proceso inicial y que es un camino complementario"; esto, en relación a que el tema ya está en conocimiento del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y hasta de la Contraloría General de la República, a quienes le han presentado los antecedentes del caso.
PURANOTICIA
