Molestia habría causado en el Ejército la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de declarar como sitio de memoria al regimiento N°23 de Copiapó, en la Región de Atacama, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado.
visitas
Molestia habría causado en el Ejército la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de declarar como sitio de memoria al regimiento N°23 de Copiapó, en la Región de Atacama, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado.
Según publica hoy La Tercera, el 17 de mayo pasado el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, informó sobre la declaración, indicando que aquello actos "demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos, y en general, con las víctimas de la dictadura".
De acuerdo al diario, el nombramiento no cayó bien el Ejército, desde donde habrían argumentado que aquel regimiento es importarte por su rol operativo. En vista de lo anterior, nombrarlo sitio de memoria pondría en riesgo su seguridad, ya que quedaría expuesto a ser visitado y no se permitiría realizar ejercicios y entrenamientos con explosivos y armas.
No obstante, la declaración siguió adelante, teniendo en cuenta la petición que la Agrupación de Familiares de Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región de Atacama venía haciendo desde 2020 al Consejo de Monumentos Nacionales.
Acorde a lo detallado en el acta en que se aprobó la solicitud junto a otros seis recintos que operaron como centros de tortura durante la dictadura militar, se menciona que "el Regimiento de Infantería Motorizada N° 23 de Copiapó fue uno de los 20 recintos que se habilitó en la Región como lugar de detención y torturas, funcionando desde 1973 a 1975".
"Desde los primeros días posteriores al Golpe de Estado los detenidos eran llevados al Regimiento para ser sometidos a interrogatorios, incluyendo el traslado desde otros recintos, como la Cárcel de Copiapó. En el segundo piso del edificio del Regimiento funcionaba la Fiscalía Militar y una sala destinada a interrogatorios y torturas y la enfermería", suma el documento.
Asimismo, se puntualiza que "en la planimetría original se reconocen dos volúmenes. Uno de ellos, por su forma, se distingue como el edificio ‘L’, en el cual funcionaba la Fiscalía Militar, la enfermería y una sala exclusiva para interrogatorios y torturas".
En ese contexto, la institución castrense sólo habría permitido que se tomen fotografías desde afuera del edificio. "Se realizó la solicitud de autorización al Ejército de Chile para acceder al bien y registrar su estado, sin embargo, no se obtuvo la autorización requerida", señala el texto.
El acta concluye que "el bien es una expresión de la historia reciente del país, de la represión como política de Estado y de la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Su preservación en el tiempo es una contribución a la educación y promoción de los derechos humanos del conjunto de la sociedad, como una expresión de la obligación estatal de garantizar la verdad de los hechos, reparar simbólicamente a la víctimas, sus familiares, a la sociedad en su conjunto y generar garantías efectivas de no repetición en el ámbito de la cultura y el patrimonio".
PURANOTICIA
