El tribunal de alzada estimó que el arraigo nacional y la firma mensual eran medidas insuficientes.
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En un revés judicial significativo, la Corte de Apelaciones de Arica revocó la resolución de un juzgado de garantía y decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para dos de los imputados en un caso de corrupción que afecta a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales. La decisión fue tomada en un fallo unánime, tras la apelación interpuesta por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La indagatoria, a cargo del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, se inició en 2023 a partir de denuncias de usuarios que la propia Seremi de Bienes Nacionales había reportado. Según la Fiscalía, diversos funcionarios de esta secretaría y de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Arica se habrían organizado para utilizar sus cargos con fines ilícitos.
La investigación sostiene que los imputados se concertaron para actuar de manera sistemática y permanente en la obtención de pagos ilícitos. A cambio de sobornos, ofrecían a particulares agilizar trámites, entregar información interna reservada e, incluso, manipular procesos en su beneficio. La estructura de esta red de corrupción, de acuerdo con el ente persecutor, incluía a cuatro líderes, un grupo de funcionarios ejecutores y a personas encargadas de la captación y recaudación del dinero.
El nuevo fallo de la Corte de Apelaciones, emitido este jueves, se produce luego de que el pasado 5 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Arica rechazara la solicitud de prisión preventiva que la Fiscalía había solicitado para ocho de los diez imputados en la causa. En esa instancia, el tribunal de primera instancia solo había fijado las medidas de arraigo nacional y firma mensual, lo que generó la apelación de la Fiscalía y el CDE.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández y José Delgado Ahumada, y la abogada Sandra Negretti Castro, consideró en su resolución que "los hechos imputados a los encartados son múltiples y graves". El tribunal añadió que, al tratarse de funcionarios públicos, uno de los cuales estaría actualmente en servicio, era necesario "intensificar las medidas cautelares" para garantizar el debido proceso y la seguridad de la investigación.
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