Andrés Celis, Marcia Raphael y Hugo Rey expresaron su preocupación por los severos cortes y cierres en las principales avenidas de Valparaíso y la suspensión de clases en 27 establecimientos educacionales de la ciudad.
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Los diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, Marcia Raphael y Hugo Rey, oficiaron al presidente Gabriel Boric Font, para que emita un pronunciamiento respecto a las medidas tomadas para la realización de la Cuenta Pública.
En el oficio, los parlamentarios expresaron su preocupación por los severos cortes y cierres en las principales avenidas de Valparaíso y la suspensión de clases en 27 establecimientos educacionales de la ciudad, según informó la Secretaría Regional de Educación.
“Estas medidas han afectado los derechos y las libertades de miles de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad que han sido privados de su jornada educativa y de los servicios estatales que reciben a través del sistema educacional", indicaron los legisladores.
Los diputados destacaron la tendencia de alejar a la ciudadanía en eventos oficiales que involucran al Presidente de la República, no solo con el propósito de salvaguardar la integridad de los funcionarios gubernamentales, “sino también como un intento evidente de censurar y obstaculizar el ejercicio libre del derecho a la manifestación por parte de aquellos que se oponen a la gestión del gobierno”.
Asimismo, expresaron su descontento con la aparente distancia entre representantes y representados, especialmente cuando interviene el Jefe de Estado, lo cual contradice los esfuerzos por acercar la actividad política y gubernamental a la ciudadanía. Los diputados mencionaron la reciente imagen de los anillos de seguridad alejando a los iquiqueños de la celebración del 21 de mayo como un ejemplo.
Además, manifestaron su sorpresa de que el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado según la Constitución Política, se escude tras las funciones de sus subalternos, insinuando una supuesta incapacidad o imposibilidad de revertir o contradecir las decisiones adoptadas por ellos. Según ellos, la autoridad administrativa tiene la facultad y la obligación de dejar sin efecto una medida que afecta derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la educación.
“En efecto, la decisión por parte de la autoridad administrativa puede y debe ser dejada sin efecto, ya que importa un precedente nocivo para el ejercicio de derechos y libertades tan fundamentales como el derecho a la educación”.
Finalmente, los diputados también resaltaron la preocupante similitud entre la visita del Presidente de la República y los funerales narcos y otros eventos de alta peligrosidad que, según el gobierno, justifican la restricción de libertades y derechos.
“Si el Presidente siente temor o busca mantener distancia con la ciudadanía, los diputados sugirieron que se exploren fórmulas legislativas para realizar mensajes o rendiciones de cuentas de manera telemática o caso contrario aceptar las reglas de la democracia y concurrir al parlamento sin la necesidad de perturbar el libre desenvolvimiento de la comunidad, limitando el ejercicio de derechos fundamentales por parte de niños, niñas y adolescentes de la comuna de Valparaíso”.
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