“Borraron con el codo lo escrito con la mano, traicionaron a Chile, traicionaron al sur del país, traicionaron el derecho a propiedad, traicionaron a los agricultores y a todos los dueños de tierras. Esto es impresentable”, afirmó la legisladora.
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La controversia por el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento escaló este jueves luego de que se aprobara sin la unanimidad que, según el reglamento original, se requería para validar sus conclusiones. La diputada Gloria Naveillán reaccionó con dureza a la decisión de seguir adelante con una votación por mayoría, calificándola como una ruptura con los principios fundacionales del proceso.
“Borraron con el codo lo escrito con la mano, traicionaron a Chile, traicionaron al sur del país, traicionaron el derecho a propiedad, traicionaron a los agricultores y a todos los dueños de tierras. Esto es impresentable”, afirmó la legisladora.
Sus palabras se suman a la postura crítica del comisionado Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, quien fue el único integrante en rechazar el informe. El dirigente señaló que el texto final fue acordado fuera del plazo reglamentario, lo que generó tensiones dentro de la instancia. “Sí, defiendo esos intereses. Defiendo al pequeño, mediano y gran agricultor (…) No me avergüenzo de eso. Me enorgullece representar a quienes hacen posible el desarrollo productivo de nuestras regiones”, aseguró en un comunicado.
El informe contempla, entre otras medidas, la restitución de 240 mil hectáreas como parte de la reparación territorial a pueblos originarios. Según Naveillán, la propuesta carece de respaldo técnico claro y no incluye un informe financiero del Ministerio de Hacienda que certifique su viabilidad. “Se afirma que 100 mil hectáreas provendrían de terrenos fiscales, pero no hay ningún documento técnico ni registro oficial que lo respalde”, advirtió. El costo estimado superaría los 4 mil millones de dólares.
Otra de sus críticas apunta a que el documento “apenas menciona el terrorismo”, abordando el fenómeno con expresiones como “violencia rural” o “actos de carácter terrorista”, lo que consideró ambiguo y evasivo frente a la gravedad del conflicto.
Desde la oposición, también se sumó el rechazo del precandidato presidencial José Antonio Kast, quien calificó la aprobación del informe como una amenaza para la institucionalidad. A su juicio, “no es un camino hacia la paz, sino una profundización de la fragmentación institucional”. Además, acusó al gobierno de intentar instalar “estructuras paralelas al Estado de derecho”.
La Comisión por la Paz y el Entendimiento fue creada para buscar una salida dialogada al conflicto territorial en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, integrando distintas sensibilidades políticas. Sin embargo, la falta de unanimidad en su informe final y las duras reacciones de parte de la oposición evidencian la fragilidad del consenso en temas de reparación territorial y reconocimiento indígena.
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