Lapidario informe de la Contraloría revela que, por ejemplo, estos convenios se suscribieron sin tener la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco para el programa en cuestión contara con autorización del Instituto de Salud Pública.
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Fiscalizar la suscripción y ejecución de convenios suscritos por diversos municipios –entre ellos el de Quilpué– con la Fundación Daya, para la implementación del «Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico», fue el objetivo de una investigación que desarrolló la Contraloría General de la República en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2023.
En lo específico, se buscó verificar que la suscripción de los convenios se haya ajustado a la normativa aplicable; comprobar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los convenios suscritos; y constatar si las transferencias municipales a la Fundación Daya se efectuaron conforme a lo dispuesto en la resolución de 2015 de este origen.
Es bajo el contexto de los convenios suscritos por los 13 municipios examinados que se detectaron incumplimientos, así como la falta de permisos oficiales del laboratorio para fabricar el fármaco en cuestión; todo lo cual está consignado en el «Informe Final N° 247, de 2024», documento de 89 páginas al que Puranoticia.cl tuvo acceso.
En primer lugar, vale tener en cuenta que estos convenios se suscribieron entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. Esto, para implementar el programa por un total de $423.426.000, de los cuales se entregaron $359.025.625 a la Fundación Daya.
En ese sentido, una de las primeras conclusiones del informe da cuenta que se suscribieron estos convenios sin tener la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco establecido en los acuerdos contara para ello con autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), asumiendo el riesgo de que esta no fuera otorgada, lo que en definitiva aconteció. Y es que la celebración de los pactos y las transferencias de recursos se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016; sin embargo, la aprobación del ISP al laboratorio, para la elaboración provisional de 7.200 dosis del medicamento ocurrió recién el año 2018.
Frente a esta irregularidad, Contraloría ordenó a las entidades edilicias elaborar un procedimiento para evaluar la viabilidad de los proyectos, previo a la suscripción de convenios que involucren la entrega de recursos públicos, donde se establezca, a lo menos, que estos deben contar con las respectivas autorizaciones de organismos con competencia sectorial, el registro de los responsables de aprobar las distintas etapas y la recomendación de la factibilidad de su ejecución. De todas formas, las eventuales responsabilidades administrativas se encuentran prescritas dado el tiempo transcurrido, por lo que sería inoficioso iniciar un procedimiento sumarial.
Otro de los hechos detectados por el ente fiscalizador es que nueve de las trece municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y dos obtuvieron sólo una parte de las dosis. No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la Fundación Daya, ante el incumplimiento del objetivo, como tampoco que hayan ejecutado acciones judiciales al respecto.
También se comprobaron incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales respecto de las rendiciones de cuentas, tales como no exigirlas a la Fundación Daya con la periodicidad establecida en la normativa; no requerir los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos recibidos por la Fundación y los gastos realizados, respectivamente; y no contar con los respaldos de los gastos rendidos.
Se suma la inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por los municipios de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
Finalmente, se detectó que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario. Además, las dosis producidas no estaban destinadas sólo al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que implicó que las dosis no alcanzaran para cubrir lo establecido en los acuerdos, correspondiente al tratamiento para 2.300 pacientes por un año.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría General de la República anunció en su informe final que iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Además, los resultados de la investigación también serán puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines que en derecho correspondan.
PURANOTICIA
