Además de su abogado defensor Gonzalo Medina, Pérez llegó acompañada de sus padres Ricardo Pérez Miranda y de María Ángela Salinas, a enfrentar la formalización en el caso Democracia Viva.
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La desaforada diputada Catalina Pérez llegó en completo silencio y acompañada de sus padres Ricardo Pérez Miranda y de María Ángela Salinas, además de su abogado defensor Gonzalo Medina, al Juzgado de Garantía de Antofagasta a enfrentar la formalización en el caso Democracia Viva, que dio origen a una seguidilla de investigaciones por aportes del Estado a diversas fundaciones a lo largo de todo el país.
La Fiscalía de Antofagasta le imputará tres delitos de fraude al fisco por un total de 426 millones. En causa ya fueron formalizados su expareja y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y la ex concejala Paz Fuica, todos militantes de Democracia Viva al momento de los hechos.
Hasta hoy, Contreras y Fuica se encuentran en prisión preventiva, por lo cual se estima como altamente probable que la desaforada diputada también quede con esta medida cautelar si es solicitada por la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, querellante en esta investigación a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar.
El caso Democracia Viva fue revelado en junio de 2023 por el medio Timeline de Antofagasta, que publicó los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva con el presunto fin de ir en ayuda de los campamentos de la región. Según la fiscalía, estos convenios fueron fraudulentos y se obtuvieron sin cumplir los requisitos legales.
Catalina Pérez quedó sin fuero el 7 abril pasado, luego de que el Pleno de la Corte Suprema confirmara el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que 20 de febrero acogió la solicitud de desafuero presentada por la fiscalía.
Según el tribunal de alzada antofagastino, los antecedentes "otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los tres convenios fiscales aludidos, el que se construye sobre la base de los vínculos de esta con los imputados Sr. Andrade y Sr. Contreras".
También estableció que "de acuerdo a las conclusiones extraídas de los informes policiales y las conversaciones sostenidas mediante mensajería de WhatsApp, especialmente entre la diputada y el Sr. Andrade, presidente de la fundación que se adjudica dichos tratos fiscales, permiten dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público en cuanto a la existencia de algún tipo de intervención, lo que es independiente del tipo de participación que en definitiva se pretenda acreditar por parte de la Fiscalía una vez que se proceda a la formación de causa en su contra y que, en consecuencia, satisface el estándar de probabilidad preliminar que hace procedente acceder a la solicitud de desafuero".
Añadió que "existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció su suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada".
"Se suma a ello una serie de antecedentes que dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera de toda responsabilidad, incluso dando directrices de cuál deberían ser el discurso común para tales objetos", agregó la resolución en esa oportunidad.
Asimismo, expresó que "resulta relevante en este aspecto que estos últimos antecedentes, si bien posteriores a la suscripción de los convenios, informan el pleno conocimiento de la diputada Pérez en las diversas irregularidades concurrentes, asumiendo claramente un rol de liderazgo, elaboración y dirección en las distintas acciones ya referidas".
Finalmente, recalcó que "la posición preferente que tenía y su conocimiento e intervención durante la ejecución de los convenios, dotan de plausibilidad a la imputación primaria del Ministerio Público respecto de una eventual participación como coautora en los términos del artículo 15 N°3 del Código Penal".
PURANOTICIA
