Empresa pidió un pronunciamiento a Contraloría sobre la coordinación entre los procesos de licitación-adjudicación y la etapa administrativa; además de un sumario para investigar lo hecho tanto en la Seremi de Transportes como en el Municipio de San Felipe.
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Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso acudió una empresa para solicitar un pronunciamiento a raíz de presuntos vicios que habrían detectado en la licitación para la concesión de una planta de revisión técnica denominada Nº 11 San Felipe - Limache.
En concreto, la sociedad Centromotori Ltda. –que participó del proceso– indica que el problema se relaciona a la autorización de las mitigaciones arrojadas en el Informe de Movilidad de Impacto Vial (IMIV), llevado a cabo por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Felipe.
Vale hacer presente que la Seremi de Transportes de Valparaíso adjudicó la licitación en noviembre de 2022 a la empresa Inversiones Verosur SpA, para que proveyera el servicio de una planta de revisión técnica para las comunas de San Felipe y Limache.
En ese sentido, dicha firma presentó como terreno para construir esta planta de revisión técnica uno ubicado en la ruta E-61 (ex ruta 60CH), en la comuna de San Felipe, para lo cual se presentaron una serie de documentos bajo un rol perteneciente a la sociedad Inversiones Corona Hermanos Limitada.
No obstante, durante la solicitud del IMIV, el Serviu de Valparaíso detectó en agosto de este año un error en la documentación presentada por Inversiones Verosur SpA, pues había un error en la individualización del terreno ofrecido, el cual correspondía a uno cuyo titular es la sociedad Agrícola La Aguada. Esto fue corregido y subsanado luego por el titular, acompañando la documentación correcta.
En la presentación realizada por la sociedad Centromotori Ltda. ante Contraloría, firmada por el abogado Luis Eduardo Cantellano, advierten también de otros "hechos irregulares" que no concuerdan con lo aprobado. En específico, se refieren a los planos de detalle firmados por la arquitecto Isidora Villarreal respecto de una propiedad, en comparación al plano del proyecto mitigado por el Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM), el cual fue firmado por la proyectista Luz María Loyola Torrealba respecto de una propiedad en la ruta E-61, en San Felipe.
Cabe hacer presente que tal como ya se indicó, la ubicación del predio evaluado en la licitación correspondió al terreno en la ruta E-61 (ex ruta 60CH), propiedad de la sociedad Corona Hermanos Limitada, terreno donde hay edificaciones y construcciones en su interior, destinadas al giro propio del dueño del espacio.
Por último, en la presentación indican que la coordinación entre autoridades frente a la autorización a construir una planta de revisión técnica "requiere de la comunicación necesaria para evaluar, en igualdad de condiciones a los oferentes de la licitación y; en segundo lugar, a los impactos viales que dicho proyecto generará".
Por ello, insisten en que "forzoso resulta concluir que la evaluación de los antecedentes deben ser los mismos presentados en la licitación y en el proceso de IMIV, lo anterior, por cuanto sería la única manera de establecer el área de influencia de la construcción en relación a sus verdaderos impactos viales y sus respectivas mitigaciones, las que cuales han quedado en entredicho al momento en que han sido modificados los documentos relativos al inmueble objeto de construcción de la nueva planta de revisión técnica de San Felipe, situación del todo ilegal, el que por cierto debe considerar las responsabilidades administrativas que en derecho corresponden".
En base a todos estos antecedentes, la empresa Centromotori solicita a Contraloría que emita un pronunciamiento jurídico sobre la coordinación que debe haber entre los procesos de licitación-adjudicación y el procedimiento administrativo de solicitud del IMIV, así como entre autoridades para que el adjudicatario (Inversiones Verosur) requiera la autorización de impacto vial y sus mitigaciones con los mismos documentos presentados en la licitación ante la Seremi de Transportes.
"El terreno a evaluar en el procedimiento de IMIV, dentro de la plataforma SEIM, administrada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y substanciada por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Felipe, deben ser idénticos a partir de la identificación del área de influencia para los efectos de mitigación vial", concluye el documento firmado por el abogado Luis Eduardo Cantellano.
A ello también solicita que ordene un sumario administrativo para investigar presuntas irregularidades en el proceso administrativo de licitación de la concesión Nº San Felipe - Limache respecto del seremi de Transportes, Benigno Retamal; así como del director de Tránsito de la Municipalidad de San Felipe, Guillermo Ornella; por las presuntas infracciones en la licitación-adjudicación y tramitación de la solicitud del IMIV.
PURANOTICIA
