La acción que no se ha implementado dice relación con fortalecer el recurso humano; mientras que las aplicadas a medio camino tienen que ver con una evaluación a los metales pesados en productos del mar y la capacitación en evaluación de riesgos, entre otros.
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Variados son los casos de contaminación que han afectado a la salud de las comunidades que residen en las ciudades de Concón, Quintero y Puchuncaví, en el litoral norte de la región de Valparaíso, situación que incluso han derivado en masivas intoxicaciones, muchas de las cuales han afectado a menores de edad y adultos mayores, que son quienes sufren con mayor severidad las consecuencias.
Así es como se conocen diferentes eventos, como el registrado el 23 de marzo de 2011 en Puchuncaví, con la intoxicación de estudiantes de la escuela La Greda producto de las emisiones de las chimeneas de Codelco Ventanas; luego en septiembre de 2014 con el derrame de petróleo en la bahía por parte del buque tanque Mimosa que descargaba crudo en las instalaciones de ENAP; o el del 21 de agosto de 2018, cuando 82 personas –en su mayoría niños– presentaron síntomas de intoxicación en Quintero.
Es bajo este contexto que se ha puesto la lupa en el rol que tiene la Administración del Estado en la implementación de instrumentos de gestión ambiental y donde la Contraloría emitió un duro pronunciamiento que indica que "se advierte la persistencia de la situación reseñada, así como la falta de análisis o informes concluyentes destinados a establecer con certeza, respecto de los contaminantes presentes en la zona, cuáles son las consecuencias que la exposición a estos podría provocar en la vida y salud humana y en los elementos aire, suelo y agua".
A raíz de esto, el Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas de la Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría en la Subsecretaría de Salud Pública para realizar un seguimiento a las acciones implementadas para gestionar los riesgos para la vida y salud de las personas de Concón, Quintero y Puchuncaví debido a su exposición a contaminantes presentes en el aire, agua y suelo, entre enero de 2010 y octubre de 2020, procedimiento cuyo plazo ha culminado.
Así es como los equipos iniciaron la recopilación de información por medio de solicitudes directas de antecedentes al órgano dependiente del Ministerio de Salud, además de entrevistas con jefes de División, Departamento, Subdepartamento y funcionarios, revisión documental de la información aportada, entre otros, cuyos resultados están contenidos en un informe al cual pudo acceder Puranoticia.cl.
En ese sentido, respecto a la acción solicitada por Contraloría para fortalecer el recurso humano, la Subsecretaría de Salud Pública informó en la auditoría que solicitó un cargo para la región de Valparaíso debido a que la encargada de vigilancia epidemiológica ambiental tenía contrato en modalidad de Código del Trabajo; además de un cargo para el nivel central para el año 2024, con el objetivo de fortalecer el recurso humano con formación en salud pública, epidemiología y/o toxicología.
Pero hasta el momento dicha acción no ha sido implementada, motivo por el cual la Contraloría estableció que "será objeto del próximo seguimiento a efectuar".
En primer lugar, un informe del 2022 detectó la ausencia de una evaluación de riesgo respecto de los metales pesados en productos del mar consumidos por la comunidad de Puchuncaví, Quintero y Concón, motivo por el cual se solicitó elaborar una exhaustiva planificación, además de comunicar dichos riesgos y gestionarlos.
Pero el seguimiento a dicha acción confirmó que, en base a la evaluación de la exposición a metales asociados a productos del mar, cuya fecha comprometida era septiembre de 2022, la Subsecretaría de Salud Pública retomó las gestiones con la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia). Si bien, se observa que se ha avanzado en el proceso de generar el levantamiento de información para el desarrollo de la misma, al mes de noviembre de 2023 "se encuentra trabajando en la sistematización de los datos necesarios para su análisis".
Por lo anterior, la acción se considera parcialmente implementada y Contraloría solicitó finalizar la evaluación de riesgo de metales pesados en alimentos de origen marino, que le permitirá lograr el objetivo de la recomendación.
Otra de las acciones fiscalizadas dice relación con la capacitación en evaluación de riesgos, punto del cual la Subsecretaría de Salud Pública aportó antecedentes que dan cuenta de las gestiones realizadas en el proyecto «Ciclo Proyecto ARCAL 2024-2025», realizado junto a Achipia y el Instituto de Salud Pública (ISP), el cual no fue aprobado, pero que tenía como fin el generar capacidad en el sector salud para la evaluación de riesgos de peligros químicos en alimentos. Por esto, la acción también fue considerada por Contraloría como "parcialmente implementada".
Una situación similar ocurrió con la propuesta de modificación de un decreto para los límites máximos de metales en alimentos. Y aunque se observa que la entidad ha avanzado en el proceso de actualización de esta norma, a noviembre de 2023 no se encontraba concluido, pues se mantendría en análisis de la División Jurídica de la Subsecretaría de Salud Pública. Por este motivo, Contraloría consideró nuevamente como "parcialmente implementada" la acción y solicitó finalizar el proceso.
Pero no todo es malo, pues hay otras siete acciones que sí se implementaron y que dicen relación con complementar el Programa de Vigilancia Sanitaria de Agua para consumo humano, que realiza la Seremi de Salud de Valparaíso, con un monitoreo especial que entregue antecedentes para descartar o confirmar el impacto de las emisiones de las industrias en los abastos de agua de la zona.
La auditoría de la Contraloría también estableció que se implementó la vigilancia epidemiológica de egresos hospitalarios y mortalidad por siete patologías asociadas a contaminación ambiental. Esto, luego que la Subsecretaría de Salud aportara el «Informe de Vigilancia Epidemiológica Ambiental 2009-2019», donde se describe el estado de salud en términos de mortalidad y egresos hospitalarios por patología de interés, en la población de Quintero, Puchuncaví, Concón y Catemu.
También se comprobó que hubo seguimiento de personas que consultan en establecimientos asistenciales con sintomatología como consecuencia de eventos de emergencia ambiental, mediante un documento sobre eventos de emergencia ambiental (2018-2023). Situación similar ocurrió con los estudios epidemiológicos ambientales en muestras representativas de población, lo cual se confirmó a través de un estudio sobre la situación de salud de los habitantes de las tres comunas.
Otra de las acciones implementadas es el análisis metodológico de cada estudio publicado, realizado por diversas casas de estudio; tal como la capacitación a profesionales de la salud y educación, en materia de salud ambiental, con el objetivo de fortalecer programas de prevención, promoción y vigilancia epidemiológica, para lo cual incluso realizó el «Curso Salud Ambiental». Otra de las acciones aplicadas tiene que ver con los lineamientos técnicos para la atención oportuna de la población afectada por algún factor de riesgo sanitario/ambiental.
Cabe hacer presente que todas estas acciones solicitadas a la Subsecretaría de Salud Pública tienen como objetivo proteger la salud de las personas que habitan las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví donde, desde hace ya varias décadas, se desarrolla una actividad industrial que concentra diversas fuentes asociadas a la generación eléctrica en base a combustibles fósiles, refinería de petróleo y fundición de cobre, terminales marítimos, almacenamiento y producción de sustancias peligrosas e hidrocarburos, entre otros, tanto de carácter estatal como privado, lo cual en reiteradas ocasiones ha repercutido seriamente en problemas a los habitantes.
PURANOTICIA
