La Contraloría Regional del Biobío reveló una serie de falencias en la gestión financiera y administrativa de la UBB entre los años 2020 y 2023, ordenando la realización de un sumario administrativo y también la intervención de la Superintendencia de Educación, a fin de que efectúe las fiscalizaciones en ese recinto estudiantil.
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La Contraloría Regional del Biobío reveló una serie de falencias en la gestión financiera y administrativa de la Universidad del Bío-Bío (UBB) entre los años 2020 y 2023.
Ante esto, ordenó la realización de un sumario administrativo por parte de dicha casa de estudios y también la intervención de la Superintendencia de Educación, a fin de que efectúe las fiscalizaciones en ese recinto estudiantil.
El informe N° 714/24 constató una serie de hallazgos. Entre ellos, una deuda de $6.883 millones por anticipos solicitados al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), los que fueron depositados en cuentas no destinadas al efecto, específicamente en la cuenta de "Sueldos".
Además, no transfirió al mismo FSCU $191 millones recaudados de exalumnos en 2023, lo que constituye una grave omisión de deberes contables. La Contraloría instruyó a la universidad a regularizar esta situación en un plazo de 90 días y reportar el avance a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
También se constató que la casa de estudios efectuó tres transferencias de $3.000 millones cada una, desde cuentas de proyectos de fortalecimiento universitario a la cuenta de sueldos, lo que vulneró los convenios de ejecución de esos fondos. Esta práctica ya había sido observada y advertida por la Contraloría en informes anteriores (N° 216 de 2022 y N° 131 de 2023), sin que se hayan tomado las medidas correctivas correspondientes.
Otra observación se refiere a que durante 2023, la UBB realizó compras por $33 millones fuera del portal Mercado Público, sin justificación documentada, infringiendo la Ley de Compras Públicas.
La auditoría señala que la universidad contrató a empresas cuyos socios tienen vínculos de parentesco con directivos, e incluso uno de estos directivos figura como socio de la empresa contratada. También se detectó la contratación de una persona supervisada por un directivo con quien compartía sociedad en una empresa inmobiliaria. Estas acciones infringen el principio de probidad establecido en la Ley N° 18.575 y deben ser corregidas mediante medidas institucionales y posibles sanciones disciplinarias.
Asimismo, se verificó la contratación de nueve personas a honorarios con lazos familiares con directivos de la UBB. Cabe hacer presente, que los servidores a honorarios cuestionados presentaron una declaración jurada en la cual indicaron no encontrarse afectos a las inhabilidades e incompatibilidades señaladas, debiendo esa autoridad, en lo sucesivo, adoptar todas las medidas necesarias tendientes a observar estrictamente lo prescrito.
Respecto de las observaciones, la UBB, en su oficio de respuesta, señaló la posibilidad de realizar un sumario administrativo. Al respecto, la Contraloría Regional lo confirma, debiendo la universidad remitir el acto administrativo que así lo disponga, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Además, los antecedentes se remitirán al Ministerio Público.
PURANOTICIA
