Órgano fiscalizador desestimó uso en beneficio de la figura de la jefa comunal viñamarina y confirmó que las imágenes fueron cambiadas por la de la ex autoridad de la Ciudad Jardín, Virginia Reginato.
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La Contraloría General de la República descartó irregularidades en la instalación de cuadros con la fotografía de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en oficinas municipales, rechazando que haya existido uso en beneficio personal de la actual autoridad, confirmando que fueron cambiados por los de anterior la jefa comunal.
De esta manera, el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez, el órgano fiscalizador respondió a la presentación que realizaron tres concejales para impugnar la adquisición del servicio de enmarcado de 150 fotografías de la alcaldesa, mediante la licitación pública ID N° 2424-204-L122, por la suma de $2.465.085.
Efectuadas las consideraciones precedentes y que en los antecedentes tenidos a la vista, la Contraloría estableció que “no se advierte que la Municipalidad de Viña del Mar haya incurrido en gastos destinados a difundir la imagen de la alcaldesa a la comunidad asociada a la entrega de beneficios o actividades municipales, sino que se trata de enmarcaciones de una fotografía de esa autoridad -que no fue pagada con recursos municipales-, para ser ubicadas en dependencias de esa entidad edilicia”.
Y agrega que “lo anterior obedece, según lo informado por el Municipio, a una práctica administrativa que se realizaba en la entidad edilicia, ya que en las dependencias se encontraban instaladas enmarcaciones de la foto de la alcaldesa anterior”.
La alcaldesa Ripamonti manifestó que “estamos conformes con el resultado de la Contraloría, ya que nos ha encontrado la razón. Esto se enmarca en un hábito institucional y no ha existido ninguna falta a la probidad pública, que es lo que más nos interesa, y además, como siempre, vamos a seguir todas sus recomendaciones”.
USO DE IMAGEN
En el dictamen se señala que la jurisprudencia administrativa del órgano fiscalizador, contenida en el dictamen N° 7.810, de 2018, entre otros, ha precisado que el ordenamiento jurídico ha establecido expresamente en qué casos los desembolsos por publicidad y difusión realizados por los órganos públicos se ajustan a derecho.
En tal sentido, el dictamen confirmó que “de los antecedentes denunciados se advierte que no se utilizaron recursos municipales para que la comunidad asociara la entrega de beneficios o actividades municipales a la persona de la Alcaldesa”, aclarando y descartando lo expuesto en un principio por una minoría del Honorable Concejo Municipal.
Finalmente, Contraloría sugirió evitar realizar, en lo sucesivo, ese tipo de erogaciones.
PURANOTICIA
