Además, el tribunal condenó a un tercer involucrado, también colombiano, a 17 años de presidio por un delito de homicidio consumado y un delito de homicidio frustrado.
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El Tribunal Oral Penal de Calama condenó a presidio perpetuo calificado a los colombianos Jhon William Hurtado Torres y Jhon James Alomia Hurtado, por dos delitos de homicidio consumado y tres delitos de homicidio frustrado perpetrados el año 2020 en medio de una disputa territorial por drogas.
Además, el tribunal condenó a un tercer involucrado, identificado como Michael Viveros Gamboa, también de nacionalidad colombiana, a una pena de 17 años de presidio por un delito de homicidio consumado y un delito de homicidio frustrado.
La causa fue investigada por el fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga, junto a equipos especializados de la PDI y Carabineros, y guarda relación con dos hechos policiales registrados el año 2020 en el contexto disputas territoriales por la venta de droga.
El primero de ellos ocurrió el 7 y el 8 de mayo a las afueras de un domicilio en calle Collahuasi, donde los imputados Hurtado Torres y Alomia Hurtado, abren fuego en al menos cinco ocasiones contra tres víctimas, una de las cuales fallece, mientras que las otras dos resultan con distintas heridas.
Según la acusación fiscal, el segundo hecho se registró el día 22 de mayo de 2020 en calle Pedro de Valdivia de Calama, donde los mismos imputados, pero ahora acompañados por Michael Viveros Gamboa, dispararon reiteradamente contra otra víctima, provocando su muerte y lesiones a otras dos personas.
El fiscal Cristian Aliaga, quien llevó adelante el juicio en representación del Ministerio Público, explicó que "los hechos de sangre investigados estaban relacionados a disputas territoriales vinculadas con la venta de droga y bajo ese escenario los acusados ejecutaron los mismos, no sólo con el ánimo de matar, sino que para apropiarse del territorio para su negocio ilegal".
Aliaga recalcó que “estos homicidios se generan en plena pandemia, cuando teníamos una situación de fronteras cerradas y escasez de droga, lo acrecentó la violencia y el uso de armas de fuego en la comisión de delitos”.
Los acusados fueron detenidos el 10 julio 2020 por funcionarios de la PDI en la comuna de Mejillones, hasta donde habían huido intentando escapar de la justicia, y desde entonces se mantienen en prisión preventiva.
En su sentencia, el TOP de Calama indicó que, atendida la extensión de las penas impuestas, los sentenciados deberán cumplir las mismas de manera efectiva, sirviéndoles de abono el tiempo que han permanecido privados de libertad por esta causa, esto es, desde el 11 de julio de 2020, hasta la fecha, sumando 1.019 días.
Teniendo los condenados la calidad de ciudadanos extranjeros, una vez ejecutoriada la sentencia, deberá comunicarse de ella al Servicio Nacional de Migraciones, y se deberá incluir su huella genética en el Registro de Condenados, previa toma de muestra biológica por parte de Gendarmería de Chile.
PURANOTICIA
