En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Concepción descartó actuar ilegal o arbitrario de la magistrada del Juzgado de Garantía de Arauco que rechazó la solicitud de la defensa de acceder a los expedientes, por encontrarse pendientes diligencias de carácter reservado.
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La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Jorge Eduardo Escobar Escobar, en contra del Ministerio Público y de la resolución judicial que le denegó el acceso a la carpeta de la investigación que se encuentra reservada, por la desaparición y muerte de su sobrino, Tomás Bravo menor de edad, registrada en la localidad rural de Caripilún, en febrero de 2021.
En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Claudio Gutiérrez Garrido, Sergio Córdova Alarcón y la ministra Antonella Farfarello Galletti– rechazó la solicitud de la defensa, por encontrarse pendientes diligencias de carácter reservado.
“Que según fluye de los antecedentes allegados a la causa, sintetizados en lo expositivo de este fallo, el acto específico reprochado a través de este recurso de amparo, consiste en que la jueza subrogante del Juzgado de Garantía de Arauco, por resolución de 28 de enero de 2025, negó el acceso a poder visualizar el e-book íntegro y completo de la causa ya individualizada a través de Oficina Judicial Virtual, ‘considerando especialmente que en la presente carpeta digital se contienen solicitudes confidenciales presentadas por Fiscalía y medidas intrusivas autorizadas conforme lo dispuesto en el artículo 236 del Código Procesal Penal en carácter de reservadas’”, sostiene el fallo.
“Que antes que todo, debe decirse que la resolución judicial que se pretende impugnar por esta vía, fue dictada por la jueza de un tribunal competente, dentro de la esfera de las atribuciones que competen al cargo, y tiene como fundamentos los antecedentes expuestos en la misma, los que se estiman como suficientes por estos sentenciadores, lo que desde ya aleja la posibilidad de ilegalidad”, añade.
Para el tribunal de alzada: “Por lo demás, no se divisa cómo pudiera verse amenazada directamente la libertad personal del amparado a través de la negativa a otorgar copia completa de la carpeta investigativa, siendo solo eventualidades las señaladas por la recurrente, en cuanto a posibles medidas cautelares futuras que pudieran decretarse en contra del recurrente y posibles condenas a su respecto, quien ni siquiera ha sido formalizado en la causa ya individualizada”.
Asimismo, el fallo consigna que: “En cuanto al fondo de esta acción constitucional de amparo, debe decirse que las afectaciones y vulneraciones que la recurrente menciona en su recurso, no son tales, ya que el artículo 182 del Código Procesal Penal faculta al Fiscal del Ministerio Público para disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación, reserva que no podrá exceder a los 40 días y que podrá ampliarse por una sola vez y por un período similar, con motivos fundados”.
El fallo continúa así: “Es decir, en el presente caso, la Fiscal recurrida no hizo más que ejercer una facultad legal, decisión que, de acuerdo con la resolución que la defensora recurrente reproduce en su arbitrio, aparece fundada. Por lo demás, dicha reserva, fundada en la disposición legal recién mencionada, ya se encuentra concluida”.
“Sin perjuicio de lo anterior –ahonda–, es decir, del término de dicha reserva, cabe señalar que si la defensa del amparado estimó que la decisión de decretar el secreto de la investigación excedía a las facultades de la persecutora, el mismo artículo 182 le permitía impugnar en sede de garantía lo resuelto por la fiscal en su momento, al disponer su inciso cuarto que ‘El imputado o cualquier otro interviniente podrá solicitar del juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare’”, advierte la resolución.
La resolución agrega que: “Preciso es consignar que durante toda la tramitación de la mencionada causa, cuya separación de investigaciones se tuvo por comunicada por el tribunal de primer grado el 10 de marzo de 2023, la tramitación del proceso registra principalmente diversas solicitudes de ‘medidas intrusivas’ de parte del Ministerio Público, junto con las resoluciones judiciales que acceden a tales medidas y algunos informes policiales acompañados a la solicitud de aquellas diligencias. Sin embargo, en ninguna parte de la carpeta electrónica traída a la vista, hay alguna actuación o presentación del ente persecutor solicitando próximamente la citación del amparado para alguna diligencia específica del procedimiento, de lo que se pueda concluir que está en riesgo su libertad personal y/o su seguridad individual”.
“Que dicho lo anterior, la reserva de diligencias conforme al artículo 236 del CPP es la que se encuentra actualmente vigente, en virtud, según el Ministerio Público, de su necesidad para el éxito de la investigación. En efecto, la resolución de la jueza recurrida señaló, en lo pertinente, que se accedía a ella ‘considerando especialmente que en la presente carpeta digital se contienen solicitudes confidenciales presentadas por Fiscalía y medidas intrusivas autorizadas conforme lo dispuesto en el artículo 236 del Código Procesal Penal en carácter de reservadas’”, señala.
“Esta reserva ha sido revisada judicialmente, sin que se haya modificado su validez ni su fundamento, considerando el éxito de la investigación y que no existen personas formalizadas aún en esta causa (…) Ahora bien, en relación a la pretensión de la defensa en orden a poder acceder a diligencias reservadas conforme al artículo 236 CPP, ello resulta improcedente en este momento, dado que dicha reserva ha sido autorizada judicialmente, en resolución fundada, para resguardar el éxito de la investigación, decisión que es compartida por estos sentenciadores”, concluye el fallo.
PURANOTICIA
