Concejal Sandro Puebla presentó una carta, la cual acompañó con una serie de antecedentes, que darían cuenta de que la empresa Ingesmart entregó documentos adulterados para abultar su real capacidad financiera, lo cual quedó en evidencia al ser contrastado con un comprobante bancario.
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Un grave antecedente fue el que el concejal de Viña del Mar, Sandro Puebla Veas (IND-PS), puso en conocimiento de la alcaldesa Macarena Ripamonti, relacionado a la empresa Ingesmart S.A., a cargo de la instalación del nuevo sistema de televigilancia de la comuna, a través de 122 cámaras de seguridad que, dicho sea de paso, debieron haber sido entregadas el viernes 22 de abril, cuestión que no ocurrió.
A eso del mediodía de este martes, el edil le entregó una carta a la jefa comunal, en la que le expone una serie de documentos que dan cuenta que la firma adjudicada habría entregado antecedentes adulterados sobre su real capacidad financiera durante el proceso de licitación. Lo grave del asunto es que si esto hubiera sido verificado correctamente, el vínculo entre Ingesmart y el autodenominado «Municipio de Cuidados» jamás debió haberse materializado.
Y es que en la carta –documento al cual Puranoticia.cl tuvo acceso– se expone que la firma declaró al momento de presentar su oferta en la licitación de julio del 2021, que su capital efectivo era superior a $2.209 millones ($2.209.303.000).
No obstante, el certificado bancario que acompañó al proceso es de sólo $2,2 millones ($2.209.303), cifra que no le habría permitido a Ingesmart firmar un contrato tan importante y cuantioso como lo era el del servicio de cámaras de televigilancia.
Al respecto, el concejal Sandro Puebla indicó a Puranoticia.cl que "acá estamos frente a una situación bien grave. Una cosa es que la empresa acredite un respaldo económico de $2.000 millones y otra cosa es que ese respaldo sea sólo de $2 millones. Acá alguien no está diciendo la verdad: o el banco o la empresa".
Y continuó diciendo que "esta situación debe ser investigada, ya que acá queda claro que la empresa no tenía la capacidad para hacerse cargo del contrato con Viña, y lo grave es que esto no fue detectado a tiempo".
"Yo hace rato que vengo diciendo que hay que ponerse firme con la empresa frente a sus reiterados incumplimientos. De hecho, habría que haberle comenzado a cobrar multas en febrero, lo que a mi juicio no tiene justificación", agregó.
Además, Puebla sostuvo que "he puesto en conocimiento de la Alcaldesa esta grave situación, con la confianza de que ella pueda investigarlo y se nos informe a los concejales, porque se pasó por alto algo tan delicado como la revisión de la capacidad económica de la empresa que se adjudicó el contrato, lo que de haberse hecho bien nos habría evitado tantos dolores de cabeza con esto de las cámaras".
Cabe recordar que el proceso de licitación, iniciado el 23 de julio de 2021, fue adjudicado el 14 de octubre a Ingesmart S.A., pero recién se firmó el contrato el 24 de diciembre, vale decir más de dos meses después. De esta manera, se esperaba que en la veintena de febrero fuera entregado el servicio de las 122 cámaras de televigilancia, sin embargo la empresa solicitó una prórroga, que daba un nuevo plazo, esta vez para el 22 de abril. Llegada esa fecha, tampoco se cumplió.
Hasta el lunes 25 de abril, el estado de avance de la instalación de estos aparatos de seguridad llegaba sólo al 93%, vale decir, de las 122 cámaras, hay instaladas 114. Esto debería derivar en multas contra la firma, cercanas a $1,5 millones por día, por lo que a este martes 26 de abril las sanciones económicas ya van en $6 millones. Todo esto, mientras la comunidad viñamarina clama por un buen sistema de televigilancia que les entregue una mayor sensación de seguridad.
PURANOTICIA
