Auditoría tuvo como finalidad constatar que los procesos de compra asociados a los servicios de retiro, traslado y disposición de la basura se hayan realizado conforme a la normativa vigente y que los pagos efectuados cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias
visitas
Con el objetivo de efectuar una auditoría a los gastos realizados por la Municipalidad de San Antonio por concepto de retiro, traslado y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y voluminosos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, la Contraloría Regional de Valparaíso llevó a cabo una investigación a la casa edilicia que administra la alcaldesa Constanza Lizana.
El estudio también se llevó a cabo teniendo en cuenta la relevancia de los recursos involucrados en dichos servicios, así como también a los riesgos detectados en la etapa de planificación, relativos a debilidades en los controles y modalidad de contratación vía trato directo, suscrito por parte del Municipio de la comuna.
De igual forma, la revisión tuvo como finalidad constatar que los procesos de compra asociados a estos servicios se hayan realizado conforme a la normativa vigente; que los pagos efectuados por tales conceptos cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias; y que se encuentren debidamente acreditados, calculados, documentados y registrados.
Bajo este contexto, el Informe Final Nº 283 del 2022, al cual accedió Puranoticia.cl, revela una serie de irregularidades e incumplimientos cometidos por el órgano comunal, como aumentos en los servicios contratados, falta de documentación, tratos directos, camiones no informados como parte de la flota municipal, incluso algunos perteneciendo a la Municipalidad de Cartagena. Estos y más son parte de los hechos observados por la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado.
Antes de pasar al detalle de las conclusiones de la auditoría de Contraloría, vale indicar que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la Municipalidad de San Antonio pagó $3.218 millones ($3.218.602.477) al proveedor Tasui S.A. por recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y voluminosos; mientras que a la empresa Veolia Residuos Urbanos Valparaíso SpA pagó $1.355 millones ($1.355.834.616) por disposición final de dichos residuos sólidos.
Es en el marco de la revisión de estos contratos, se detectaron aumentos de los servicios contratados. Al respecto, el Municipio explicó que estos podrían obedecer a la construcción de nuevas viviendas, lo que implique crear nuevos recorridos con frecuencia y horarios distintos a los licitados, aumento o disminución de la frecuencia de recolección en determinados sectores del área licitada, incorporación de nuevos sectores al servicio de barrido o lavado de aceras, nuevo mobiliario urbano, nuevos papeleros o puntos verdes y por nuevas frecuencias de operativos de limpieza.
Tal como se observa, el 30 de enero de 2020 el entonces alcalde Omar Vera (IND-PR) autorizó el aumento del contrato por un total mensual de $2,7 millones ($2.768.892), debido a la incorporación de nuevas viviendas el año 2019. No obstante a lo señalado por aquella administración, se advirtió que las 448 casas nuevas presentan certificados de recepción definitiva de obras del año 2017, lo que le impide a Contraloría establecer si formaban parte –o no– del contrato inicial suscrito.
En su respuesta, el Municipio sanantonino explica que los conjuntos habitacionales fueron completamente habitados el 2019, motivo por el que debieron implementar los nuevos recorridos y, por ende, ampliar el contrato. Sin embargo, la entidad edilicia no remitió documentación que permita acreditar lo indicado ni tampoco se refiere a la incorporación –o no– de dichos condominios en el contrato.
También se constató que la gestión de Omar Vera firmó dos decretos alcaldicios el año 2020 en los que aprobaba el aumento del contrato con Tasui S.A., estableciendo el pago retroactivo por $26 millones ($26.421.927) de los servicios prestados por dicho proveedor, situación no ajustada a las bases de licitación.
En base a esta situación, la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó al Municipio de San Antonio instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que pudieran asistirles a los funcionarios involucrados en las situaciones antes mencionadas.
En otra de las irregularidades detectadas en esta auditoría de Contraloría, se da cuenta de contrataciones directas efectuadas por el Municipio con el proveedor Tasui S.A., por la suma de $21 millones ($21.244.435), los que se fundaron en "casos de emergencia, urgencia o imprevisto" por parte de la entidad comunal.
En ello se advirtió que los servicios de retiro de residuos voluminosos dispuestos en diversos puntos de San Antonio –contratados vía trato directo por $21.244.435 como ya se dijo– fueron contemplados en el numeral 15 sobre "eliminación de microbasurales espontáneos" que aparecen en la oferta de Tasui S.A. en la licitación.
Otra fundamentación entregada respecto a la contratación vía trato directo mencionó a la emergencia sanitaria por el Covid-19. Sin embargo, según la auditoría, no fue posible constatar en qué medida impacta en la causal de los actos administrativos que se observan, motivo por el que la entidad que administra la alcaldesa Constanza Lizana deberá adoptar las medidas necesarias para ajustarse estrictamente a la normativa que rige la materia, evitando la reiteración de hechos como los detectados.
Por este motivo, se le ordenó al Municipio de esta ciudad porteña acreditar los antecedentes y razones técnicas fundadas que justifican tal proceder. Ahora bien, si no lograr aclarar lo descrito, la Contraloría de Valparaíso les advierte en su Informe Final que procederán a formular el reparo pertinente por los $21 millones.
El análisis al contrato de servicio de transferencia, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y voluminosos en el vertedero de Cartagena, cuyo examen a los pagos determinó 754,03 toneladas, por $27 millones ($27.549.518), corresponden al ingreso y descarga de camiones que no fueron informados como parte de la flota del Municipio de San Antonio.
De hecho, algunas placas patentes de estos camiones no tan sólo no fueron informadas como parte de la flota municipal sanantonina, sino que en algunos casos estas máquinas pertenecen a la Municipalidad de Cartagena y a otros particulares. Por ello, el desembolso de los $27 millones no se ajusta al artículo 2º, letra c), de la resolución N° 30, de 2015.
Cabe hacer presente que a pesar de que la casa edilicia de San Antonio informa que tales vehículos corresponden a contratos y/u operativos instruidos; la Contraloría les ordenó proporcionar la documentación que permita sustentar lo indicado, en un plazo de 30 días hábiles. De lo contrario, y al igual que en el punto anterior, se formulará el reparo por los $27 millones en cuestión.
También relacionado a los camiones, se observó falta de equipamiento e identificación, determinándose que seis de estos vehículos recolectores no contaban con sistema de alarma; dos no exhibían el logo municipal; además de no evidenciarse la mantención de reportes de GPS para informar la localización y el recorrido efectuado. Por ello, se les instruyó la aplicación de mejoras en las máquinas.
La auditoría de Contraloría también advirtió la ausencia de supervisión de los servicios concesionados; además de no evidenciar que la tecnología GPS fuera utilizada para apoyar las labores de monitoreo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad. A su vez, se advirtió que la designación de los inspectores técnicos del servicio no se encuentra aprobada mediante acto administrativo, por lo que también se presentaron observaciones.
También se determinó que los pagos por servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, limpieza de espacios públicos y transporte a disposición final, no acompañan la hoja de ruta de camiones y el voucher de ingreso de disposición final requerido en las bases técnicas, por lo que el órgano comunal deberá incluir dicha documentación en el proceso de validación y pago.
Finalmente, se comprobó falta de revisiones y/o monitoreo a los procesos concesionados por parte de la Dirección de Control, por lo que la administración Lizana deberá informar sobre el avance del Plan de Auditoría Municipal del periodo 2022 - 2023.
PURANOTICIA
