Tras inminente fracaso del plan de seguridad por atraso en traspaso de recursos para continuarlo, piden esclarecer detalles de funcionamiento y agilizar la entrega de recursos. Gobierno Regional responsabiliza a la Dipres por la demora en traspaso de dineros.
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Distintos actores a nivel regional hicieron un llamado a esclarecer cómo opera, cuándo y cuántos artefactos se utilizan en el programa de televigilancia móvil regional, que contempla hoy mismo la operación de 6 drones, aunque sólo hay 5 funcionando, iniciativa que data de 2019 y que este mes podría quedarse sin fondos si no se agilizan los trámites para entregar los dineros comprometidos por el Gobierno Regional en enero de este año.
El 30 de enero el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Prevención del Delito firmaron el “Convenio Marco de Colaboración Televigilancia Móvil en la Región de Valparaíso 2024-2026" para colaborar económicamente con el plan de televigilancia regional que data de 2019 para el funcionamiento de seis drones -aunque actualmente operan sólo 5- que recorren la región y son monitoreados en una sala de control ubicada en el zócalo del Gobierno Regional. Esto, luego de la aprobación del Consejo Regional, en diciembre del año pasado, de casi $1.700 millones para dar continuidad y mejorar dicho programa.
Transcurridos cinco meses del acuerdo que buscaba mejorar el programa, añadiendo dos drones más, una sala de crisis o sala espejo, y una coordinación con los municipios para las cámaras de televigilancia que tienen estos, el convenio quedó en nada más que un anuncio de prensa, porque a la fecha los dineros de dicho acuerdo no han sido traspasados al programa. Actualmente éste continúa funcionando pero con fondos de la última prórroga que hizo la Subsecretaría, convenio que finalizaba en marzo, se extendió hasta junio y cuyos fondos se terminan este mes, lo que significa que en este preciso momento no hay sueldo para mayo para los 11 funcionarios contratados en ese programa ni para los drones.
Según varias fuentes del edificio Esmeralda, hasta este jueves aún se esperaba la firma del gobernador Rodrigo Mundaca para el convenio de transferencia que, efectivamente, traspase los dineros al programa. Puranoticia.cl consultó a la autoridad regional pero no contestó hasta hoy, a través de un comunicado en el que responsabiliza a la Dirección de Presupuestos por la demora.
En el escrito, el Gobierno Regional se lavó las manos por retraso y señalan que el “marco de colaboración suscrito en enero de 2024 fue el primer paso para operativizar bajo la normativa presupuestaria 2024 el aporte del Gobierno Regional para la continuidad y mejora del programa de televigilancia móvil, no obstante lo cual, toda transferencia nueva de recursos requiere de la correspondiente imputación presupuestaria (DL. 1263), lo que en este caso requirió de la respectiva modificación presupuestaria que no sólo depende de la firma del Gobernador Regional y del acuerdo del Consejo Regional sino que además debe ser visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y tomada razón por Contraloría General de la República. Por su parte, la Dirección de Presupuestos se encuentra facultada para resolver la definitiva clasificación presupuestaria que debe darse a un ingreso o gasto determinado, que fue lo que precisamente ocurrió en este caso, lo que obligó al Gobierno Regional a nuevamente iniciar el trámite de elaboración de la respectiva resolución de modificación presupuestaria, reclasificando la imputación a nivel de subtítulos, previa aprobación del Consejo Regional, resolución que hoy se encuentra en la Dirección de Presupuestos para su visación y posterior toma de razón ante Contraloría General de la República”.
Añadieron que “sólo una vez concluida dicha tramitación el Gobierno Regional se encontrará habilitado para tramitar el convenio de transferencia respectivo y su resolución aprobatoria, la cual, en razón de los montos involucrados, esto es, $ 1.691.481.327 (mil seiscientos noventa y un millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos veintisiete pesos), debe ser sometida, de acuerdo a lo que establecen las resoluciones 7 de 2019 y 14 de 2022, al trámite de toma de razón ante dicho órgano de control regional, lo que finalmente habilitaría a transferir definitivamente los recursos a la subsecretaría de prevención del delito”.
Asimismo, indicaron que las reglas y limitaciones presupuestarias que regulan las transferencias de los Gobiernos Regionales y la identificación presupuestaria de los recursos a transferir “no son responsabilidad de este Servicio, regulación que para este año 2024 ha sufrido una intensificación evidente, restringiendo en demasía la agilidad presupuestaria” y que “pese a ello, este Gobierno Regional ha intentado dar celeridad a los procesos tanto internos como externos, en este último caso, realizando las coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Hacienda de tal manera de acelerar la modificación presupuestaria pronto a ser visada y tomada razón, para que aquello nos permita avanzar en el convenio de transferencia y efectivo traspaso de los recursos para este importante programa”.
Con todo, parlamentarios, cores y hasta un precandidato criticaron no sólo la demora de la entrega de los fondos para continuar y potenciar el programa, sino que también apuntaron a la opacidad del funcionamiento de dicha iniciativa y pidieron realizar fiscalizaciones.
El diputado Hotuiti Teao (Evópoli) criticó el manejo en esta materia y solicitó los detalles del funcionamiento del programa a la Subsecretaría de Prevención del Delito. “Es impresentable que la continuidad del programa de Televigilancia Móvil y el trabajo de los operadores de drones esté en peligro porque simplemente no se hizo la pega. El Consejo Regional aprobó los recursos a principio de año, precisamente para que la Subsecretaría de Prevención del Delito no siga parchando la falta de recursos para ello y parece una mala broma que éste se vea interrumpido porque el gobernador no haya dado la firma a tiempo, hecho que, aunque ocurra, ya no salvará la irresponsable situación puesto que aún queda un periodo -de al menos dos meses- para llamar a licitación pública”, dijo.
A juicio del legislador “esta falta es grave y por eso, en nuestro rol fiscalizador, exigimos respuestas. Esto es un golpe a la seguridad de la comunidad y una desidia con los operadores que quedarán cesantes cuando comience el mes que viene. Ya elevamos un oficio para conocer el detalle del programa y cómo ha estado operando. Todo esto también para fiscalizar porque solo 5 de los 6 drones están funcionando, entre otras cosas”.
Por su parte, el exdiputado y precandidato a gobernador, Luis Pardo (RN), llamó a aclarar bien cómo funciona el sistema. “Independientemente de las irregularidades que puedan apreciarse a primera vista a partir de la cantidad de drones que están operando, de las prórrogas del contrato y de la no existencia de una licitación para darle continuidad, me parece aquí fundamental evaluar el servicio que han prestado durante todo este tiempo los drones que han sido contratados por una cifra millonaria”, comentó.
“Creo que la inversión en tecnología es fundamental para mejorar la seguridad, pero también hay que hacerlo en forma eficiente y transparente. Sería necesario en este caso evaluar muy bien el desempeño de este contrato y el aporte que se ha manifestado o traducido en beneficio de la comunidad y de la región”, acotó.
La diputada Camila Flores (RN) dijo que “esto evidencia nuevamente la falta de compromiso de las autoridades del Gobierno con la región y también la desconexión con la realidad que se vive en la zona”.
La parlamentaria indicó que “los proyectos de seguridad, sobre todo aquellos que contemplan herramientas de televigilancia, deben realizarse en coordinación con Carabineros, ellos son los más capacitados para operar estos instrumentos, de lo contrario se transforman en políticas muertas y recursos mal gastados que no vienen a dar una solución real para mejorar la situación de violencia y criminalidad que tenemos hoy en la región de Valparaíso”.
El consejero regional y presidente de la comisión de Inversiones del Core, Percy Marín (RN), aseguró que él rechazó la entrega de los casi $1.700 millones en comisión y se abstuvo en el plenario de fines de diciembre del año pasado, porque cree que "sin perjuicio del aporte que ha realizado respecto de algunas indagaciones para la formulación de pruebas, es un programa que no cumple y no está a la altura de las necesidades de la región, recordemos que hace poco por decisión de la autoridad política de la región se destinó 3 drones para el resguardo del edificio Santorini, dejando sin servicio al resto de la región”.
A su parecer, “los drones y las nuevas tecnologías son importantísimas para el combate contra la delincuencia, pero estas herramientas hay que entregárselas a Carabineros, ellos tienen personal idóneo y debidamente capacitado con licencia para la operación de estas aeronaves pertenecientes a la sección Aeropolicial”.
Además, señaló respecto a la sala de crisis o espejo, que “también me opuse, dado que el gobierno regional en la actualidad carece legalmente de facultades para captar, grabar y administrar imágenes a propósito del derecho a la privacidad. Hoy tenemos recomendados técnicamente la reposición de 41 nuevos vehículos policiales y la construcción de la Tenencia de Petorca que están a la espera de la aprobación del Core y es aquí donde debiéramos hacer todos los esfuerzos”.
Para el diputado socialista Nelson Venegas, quien como timonel ha estado impulsando fuertemente la candidatura del exalcalde de Quilpué Mauricio Viñambres a la gobernación regional, “todo lo relativo a la regionalización no ha sido como se esperaba, y la autonomía de la que disponen los gobiernos regionales es bastante precaria al día de hoy y eso es bastante lamentable porque deberíamos avanzar a una descentralización mucho más efectiva”.
Eso, explica el parlamentario, también obliga “a que quienes gobiernan, en este caso, el gobernador, deban ajustarse a la realidad y ésa es que hoy el Estado siendo absolutamente centralizado no puede generar planes tan ambiciosos que no sean posibles de cumplir. Y en ese sentido debiese haber mayor diálogo con el gobierno nacional y más que programas que tengan que ver con drones, yo trataría de incorporar un mayor trabajo barrial, más trabajo de participación con la ciudadanía y más trabajo en conjunto con el gobierno”.
Entrando en la materia más a fondo, propone trabajar en dos perspectivas: el aumento de las dotaciones policiales y un mejor trabajo en lo relativo a la inteligencia, “sobre todo en la persecución de los delitos asociados a narcotráfico, que es el origen del resto de los delitos. En definitiva, si hay un aumento en la gravedad de las características delictuales el día de hoy, básicamente esto está asociado al narcotráfico y narcorredes, que hoy se han tomado gran parte de nuestro país y nuestra región. Siento que ahí debe haber un mayor diálogo del gobernador con las organizaciones del Estado central que tienen que ver con eso, y en lo relativo a los planes que pudiera desarrollar en conjunto con las municipalidades, fomentando la participación y colaboración barrial. Pero los planes no pueden ser más ambiciosos de lo que la realidad otorga, y lamentablemente seguimos siendo un país demasiado centralizado”.
PURANOTICIA
