Tres imputados deberán enfrentar nuevamente una audiencia de formalización, luego que el Juzgado de La Ligua accediera a la solicitud de la Fiscalía, en orden a los nuevos antecedentes que poseen respecto a otras 55 víctimas que han prestado declaración las últimas semanas.
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Durante la audiencia de formalización del arquitecto Mauricio Torres Benzi, imputado por el delito de estafa en contra de más de 400 personas que entregaron cerca de $180 millones para un proyecto habitacional en la comuna de Cabildo, el Juzgado de Garantía de La Ligua fijó fecha para reformalizar a la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, y a la ex concejala Juana Zamora, ambas presuntamente vinculadas a este hecho registrado entre octubre de 2015 y diciembre de 2019.
A modo de contextualizar, se presentó una querella contra estas tres personas, la cual indica que la ex concejala de Cabildo, Juana Zamora, contactó a la alcaldesa de Nogales (independiente, pero cercana a Chile Vamos), Margarita Osorio, debido a su experiencia en gestión habitacional. Ésta, a su vez, le pidió su colaboración al arquitecto Mauricio Torres, quien ofreció acelerar el proyecto habitacional, para lo cual solicitó diversas sumas de dinero a los comités de viviendas interesados en el proyecto.
Según se establece en la acción judicial, los tres imputados cobraron diversos montos de dinero por un servicio que nunca realizaron, además de no cumplir con los requisitos técnicos para hacerlo, ya que no existe una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) registrada en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para poder haber materializado la iniciativa que ofrecían a los vecinos.
Bajo este contexto, el pasado 30 de junio, el Juzgado de Garantía de La Ligua dejó sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, tanto física como virtualmente, a Margarita de las Mercedes Osorio Pizarro, máxima autoridad de la comuna de Nogales; y también a Juana Zamora, quien fuera edil cabildana.
No obstante, a casi dos meses de aquella audiencia de formalización, el Ministerio Público, a través de su Unidad Regional Anticorrupción (URAC), ha tomado declaración a más de medio centenar de víctimas adicionales a las incluidas en esa oportunidad, razón por la que solicitaron reformalizar a los tres imputados.
El fiscal Patricio Toro, de la URAC, señaló que "se pidió al Juzgado de Garantía de La Ligua fijar una audiencia de reformalización para todos los imputados, Mauricio Torres, más las otras imputadas Juana Zamora y Margarita Osorio, acción que se fijó para el 23 de septiembre, a las 9:00 horas, en el mismo Juzgado de Garantía".
En el marco de esta audiencia de reformalización del próximo mes, la Fiscalía pretende solicitar autorización para ampliar el plazo de investigación, considerando que ha transcurrido más de la mitad del plazo fijado el 30 de junio pasado y que se requieren desarrollar nuevas diligencias, en base a los antecedentes proporcionados por la defensa de Mauricio Torres y al de las nuevas víctimas que han sido contactadas en estos casi dos meses.
"En diligencias anteriores de esta unidad, se ha podido tomar declaración aproximadamente a 55 personas, que se suman a las anteriores. En total, 120 víctimas han prestado declaración y se espera que nuevas víctimas puedan seguir dando sus testimonios y aportando antecedentes", señaló el fiscal Toro.
Por ello es que planteó que se pretende reformalizar la investigación, "para incorporar los antecedentes que estas víctimas entreguen y de ahí la necesidad, por tanto, de ampliar el plazo de investigación, que es lo que se propondrá en audiencia del próximo 23 de septiembre".
El arquitecto Mauricio Torres Benzi, el tercer imputado en esta causa, quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, luego de ser formalizado en La Ligua por estafa reiterada.
A esta determinación se llegó luego que el juez Nelson Fernández destacara que los antecedentes presentados dan cuenta de la "concertación de tres imputados para engañar a diversas personas suscritas a comités de vivienda de El Melón (en Nogales) y Cabildo, a efectos de inducirlos a error para que le entregaran dineros, una gran cantidad de dinero, provocando esta disposición patrimonial de parte de estas modestas familias, ocasionando un perjuicio patrimonial".
Por su parte, el fiscal de la URAC, Patricio Toro, comentó que "a partir de esta formalización de cargos, la Fiscalía presentó los antecedentes de investigación respecto de este imputado, para fundar cautelares, a las cuales el tribunal accedió. En concreto: arresto domiciliario total, prohibición de acercamiento o contacto con las víctimas de esta causa y arraigo nacional".
PURANOTICIA
