El sujeto junto a otros dos imputados, participó en el delito de contrabando de mercancía no declarada, falsificada y sin autorizaciones sanitarias, avaluada en más de un millón de dólares estadounidenses.
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Este lunes fue formalizado un funcionario de Aduanas que, junto a otros dos imputados, participó en el delito de contrabando de mercancía no declarada, falsificada y sin autorizaciones sanitarias, avaluada en más de un millón de dólares estadounidenses.
La fiscal jefa del Tamarugal, Karem Gómez, expuso en la audiencia que el ciudadano boliviano A.F. y el chileno G.E.C.C. se coordinaron con el funcionario de Aduanas, también chileno, J.D.S.V., para concurrir el 29 de julio del presente año, a las 21:00 horas, a la Avanzada Aduanera de Quillagua en un tractocamión y un semirremolque, con destino a la región Metropolitana.
Ya en el lugar, el imputado G.E.C.C. se dirigió directamente a la ventanilla de control, donde se encontraba el funcionario J.D.S.V., a quien entregó un manifiesto de carga que indicaba el traslado de ropa y zapatillas. Sin embargo, se trataba de mercancía no declarada, parte de la cual correspondía a productos falsificados y otros que requerían autorización sanitaria, la cual no poseían.
El funcionario de Aduanas, incumpliendo sus deberes, autorizó la salida del vehículo desde la región de Tarapacá sin realizar la revisión documental ni física de la carga, sin efectuar la declaración de ingreso correspondiente y sin registrar la salida del vehículo. Posteriormente, otros funcionarios de Aduanas detectaron la irregularidad y ordenaron detener el camión, procediendo a su revisión física y al hallazgo de las especies.
En detalle, se trataba de 260 cajas con mercancía prohibida, entre ellas más de 10 mil pares de zapatillas falsificadas con logos de marcas como Nike, Jordan, Armani, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Gucci, entre otras; además de 55 mil pares de calcetines, 2 mil cinturones de mujer, 1.200 gorros y 450 chaquetas que reproducían diversas marcas registradas. También se decomisaron 6 mil unidades de vaporizadores con 5 % de nicotina, considerados mercancía prohibida al no contar con la autorización sanitaria correspondiente.
El valor aduanero de la mercancía incautada fue estimado en 999 millones de pesos chilenos (equivalentes a 1.074.492 dólares), mientras que los derechos e impuestos que el Estado dejó de percibir ascienden a 271 millones de pesos.
La Fiscalía formalizó a los imputados por el delito de contrabando, y al funcionario de Aduanas, además, por el delito de fraude al fisco, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva para todos los involucrados. La petición fue acogida por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que fijó un plazo de investigación de 100 días.
PURANOTICIA
