Tras revelarse esta situación, la Municipalidad de San Felipe presentó una querella por denuncia calumniosa contra el edil, quien reconoció ante Carabineros que su "desaparición" en Viña del Mar fue voluntaria y que estuvo motivada por la compra de sustancias ilícitas.
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Lo que inicialmente fue denunciado como un grave hecho de inseguridad ha dado un vuelco radical. El concejal de San Felipe, Ronald Olivares Cruz, admitió ante el OS-9 de Carabineros que el secuestro que denunció en febrero de 2025 nunca ocurrió. En una nueva declaración, la autoridad comunal reveló que su ausencia se debió a una recaída en el consumo de drogas durante un viaje oficial a Viña del Mar.
Los hechos se remontan a fines de enero de 2025, cuando Olivares se encontraba en la Ciudad Jardín participando en una capacitación de concejales. Aunque inicialmente sostuvo que fue abordado y retenido contra su voluntad, el edil rectificó su testimonio: “Puedo decir que no fui secuestrado. En primera instancia acompañé de forma voluntaria a los sujetos que me iban a ayudar a comprar falopa”, detalla el documento policial.
La confesión de Olivares no solo desmiente el delito de secuestro, sino que revela una irregularidad administrativa grave. El concejal admitió haber utilizado dinero fiscal para financiar la compra de estupefacientes en un asentamiento precario (ruco) del sector de Santa Julia, en la parte alta de Viña del Mar.
“Gasté $350.000 en dinero en efectivo, dinero que era parte del viático que me dieron para la capacitación”, confesó el edil, añadiendo que también realizó transferencias bancarias a los sujetos presentes en el lugar para continuar adquiriendo alcohol y drogas.
Tras conocerse estos antecedentes, la Municipalidad de San Felipe, liderada por la alcaldesa Carmen Castillo, decidió tomar acciones legales inmediatas, presentando una querella por denuncia calumniosa, argumentando que el edil habría tergiversado los hechos para justificar su ausencia ante su entorno familiar y laboral.
Olivares, quien reconoció ser un adicto rehabilitado que sufrió una recaída, explicó en su declaración que “recaí, no podría explicarlo, es un tema que solo entendemos nosotros”. Respecto a su permanencia en el lugar, señaló que, si bien llegó por voluntad propia, en un momento se sintió intimidado por la presencia de armas: “Después no pude salir del ruco donde estaba, ya que al ver a estos tipos con armas tipo pistola, me sentí intimidado”.
Por su parte, la alcaldesa Castillo fue enfática en señalar que, como funcionarios públicos, están obligados a denunciar irregularidades. En tanto, al ser consultado por la prensa sobre la acción judicial en su contra, el concejal Olivares se limitó a declarar: “No me ha llegado ninguna notificación a mi persona”.
El caso queda ahora en manos de la justicia penal, que deberá determinar las responsabilidades por la falsa denuncia y el presunto mal uso de caudales públicos asignados para fines institucionales.
PURANOTICIA
